Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras juramentó a Nora Urbina como directora general del Sistema de Protección que velará por la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
La juramentación, que estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, muestra el nivel de compromiso del Gobierno de Honduras en implementar a cabalidad la ley, el reglamento, los protocolos y las acciones logradas a la fecha para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección, el impulso a la participación de los sectores protegidos y el prevenir e incidir positivamente en la disminución de los factores de riesgo a los que se ven expuestos estos sectores por el desempeño de su actividad, declaró la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva.
Urbina, con formación académica a nivel de Maestría y Doctorado en Derechos Humanos y reconocida por su sólida y amplia trayectoria como operadora de Justicia en los últimos 27 años.
La Ley de Protección a Defensores, vigente desde mayo de 2015, dio vida al Sistema Nacional de Protección para estos colectivos, cuya función es pilar de la democracia y el desarrollo del país.
Este Sistema y su avance ha sido conducido mediante el órgano asesor y deliberativo, el Consejo Nacional de Protección, integrado tanto por instituciones estatales, como representantes del Colegio de Abogados, Colegio de Periodistas, Asociación de Prensa Hondureña, Asociación de Jueces por la Democracia, C-Libre, Centro de Estudios de la Mujer CEM-H, Grupo Sociedad Civil y Asociación Arcoíris.
Dicho órgano es acompañado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Desde mayo de 2015 el Mecanismo de Protección ha recibido 60 solicitudes de protección, de los cuales el 58% han sido tramitados, el 13% aún están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad por tratarse de medidas dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el 28% no tramitadas por diversas razones, entre ellas no entrar el caso dentro de los presupuestos establecidos en la Ley.
Este esfuerzo se suma a la apertura a los mecanismos de monitoreo de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos, mediante las visitas al país de 7 Relatores Especiales entre 2014 y 2016, el impulso al cumplimiento a más de 450 acciones del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en este mismo período y la instalación de la Oficina Permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a solicitud del presidente Hernández, en febrero de 2014.
