Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La presidenta Xiomara Castro concluye este junio, el primer semestre de su tercer año de gobierno, atrapado entre denuncias de presunta corrupción, intervención de instituciones, renegociaciones de adendas de contratos de energía, fuertes apagones, renuncias inusitadas, creciente nepotismo, e informes que advierten sobre el fracaso del estado de excepción, además de una progresiva conflictividad social, que la tienen hoy día con una baja calificación del desempeño en su gestión estatal.
La presidenta Xiomara Castro, tiene una valoración del desempeño de su gobierno de 4.23 en una escala de 0 a 10, según el sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC/SJ), que realiza anualmente la Compañía de Jesús. Para la mayoría de los hondureños consultados (45.9 %), el país está peor en el gobierno de la presidenta Castro.
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De acuerdo con el sondeo, la calificación al desempeño de Xiomara Castro “confirma la tendencia a la baja en la valoración de desempeño que pasó de lograr una nota de 6 en la misma escala en el estudio realizado en 2022, a los dos meses después de asumir el cargo, a obtener una evaluación de 4.46 en 2023, al finalizar su primer año de gestión”, señala el sondeo de opinión del ERIC/SJ. Hoy, en 2024, bajó a 4.23.
La encuesta analiza una serie de factores y variables por la cuales el gobierno que preside la mandataria hondureña se encuentra dando muchos traspiés, siendo el tema de la falta de empleo, la economía, la inseguridad y la violencia uno de los talones de Aquiles que azotan su gestión, pero también asoman otros relacionados con promesas incumplidas ofrecidas por el partido que le llevó al poder como es Libertad y Refundación (Libre), en alianza política con otros sectores, entre ellos el líder del Partido Salvador Honduras (PSH), Salvador Nasralla, cuya alianza se rompió casi arrancando el gobierno y se terminó de sellar hace un poco más de un mes con la renuncia de Nasralla como designado presidencial.
Una de las promesas incumplidas que sigue martillando a la administración de Castro y Libre es la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), que no llega y que parece haberse quedado solo en el discurso sin voluntad política real. La población (55.6 %) cree que la CICIH no se instalará en el país, de acuerdo con la encuesta de los jesuitas, mientras estima que la corrupción en Honduras no ha cambiado, sigue igual (51.6 %), mientras otro porcentaje considerable (31.2 %) estima que esta ha aumentado en la actual administración.
Si esos datos golpean la actual gestión, otra lectura preocupante es la relacionada con la conflictividad social en el país, que registró en 2023, un total de 482 conflictos, de acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Este número de conflictos disminuye en relación con el 2022 que fue un total de 651 según la organización.
Las áreas de conflictividad señaladas por la ASJ coinciden con el sondeo de opinión del ERIC/SJ ligada a insatisfacciones en el área de derechos humanos, salud, educación, protestas sociales, problemas en los territorios, violaciones al Estado de Derecho, entre otros.
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Libre y sus enredaderas
Pero, la ASJ en su informe llama la atención sobre la conflictividad generada por la misma institucionalidad, en especial por el partido en el poder Libre y sus colectivos, es decir, el oficialismo se ha convertido en el principal detonante de la conflictividad. El informe detalla con datos y hechos esos focos de conflicto.
Libre, el partido en el poder, se perfila como un generador de crisis a tal punto que ha creado una enredadera de denuncias y acusaciones que están arrastrando la gestión de la presidenta Castro, en el cierre del primer semestre de su tercer año de gobierno, y a escasos tres meses de que oficialmente arranque la campaña electoral para los comicios primarios e internos de marzo de 2024.
Previo a la publicación de los informes del ERIC/SJ y la ASJ, tres hechos protagonizados por burócratas de Libre sacudieron la administración. El primero fue la denuncia de nepotismo de la actual ministra de Salud, Carla Paredes, al emplear a su hermana y su cuñado en puestos claves de la Secretaría de Salud (SESAL), relacionado con el manejo del fondos de los hospitales públicos que piensa construir la administración Castro.
Uno de esos parientes -su cuñado- fue contratado con fondos BID que llevó a esa institución a anunciar que cancelaba ese contrato porque desconocía lo del parentesco y porque no se ajustaba los parámetros de transparencia que maneja ese organismo de financiamiento. No obstante, la titular de la SESAL salió a defender el nepotismo, mantiene a sus parientes, y la presidenta Castro le ha acuerpado al aparecer en comparecencias públicas con ella inaugurando maquetas y obras de construcción sanitaria. La ministra Paredes se ha vuelto uno de los brazos políticos más representativos de Libre y del Ejecutivo hasta ahora.
El segundo hecho estuvo relacionado con el tema de la energía, los apagones o racionamientos, y la renegociación mediante adendas de una serie de contratos energéticos, entre ellos el de Brassavola, bajo presuntas prácticas de opacidad y por el cual, ha trascendido, al difundirse el contrato, el gobierno pagará al año solo por costos fijos más de 2,076 millones de lempiras. Se asegura que es el contrato más oneroso que se estaría aprobando en el país si el Congreso Nacional ratifica esa negociación. Las adendas han llegado al Legislativo y desde ahí se ha informado que serán analizadas una por una, descartan negociaciones bajo la mesa.
El tercer hecho que sacudió al gobierno ha sido la inesperada renuncia del director del Seguro Social, médico de cabecera de la mandataria hondureña y coordinador del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), Carlos Aguilar, quien dejó el cargo—según dijo–por falta de apoyo político para continuar su gestión. Aguilar denunció que desde Casa de Gobierno le ordenaron suspender la ejecución de un millonario proyecto para construir dos centros policlínicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa y San Pedro Sula para manejar mejor la demanda y atención a los derechos habientes.
La construcción de esos centros policlínicos se haría con un fondo de reserva blindado de 3,600 millones de lempiras que había dejado la comisión interventora del IHSS como parte de las acciones recuperadas del saqueo en la institución que hoy tiene preso a su exdirector, Mario Zelaya. El uso de ese recurso solo sería posible mediante una reforma aprobada en el Congreso Nacional, que Aguilar logró destrabar al obtener el respaldo de gran parte de los legisladores.
No obstante, el decreto no se publicó en La Gaceta con la premura que fue aprobado, y solo se hizo un día después de que Carlos Aguilar denunciara que desde Casa de Gobierno le prohibieron seguir con el proyecto de construcción hospitalaria y le dijeron que mejor se dedicara a comprar y distribuir jeringas y pastillas que esa era su función. Esta denuncia abrió un agrio debate entre Aguilar y funcionarios del gobierno y Casa Presidencial en su afán por mitigar el golpe de la denuncia que afectaba directamente a la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro. Aguilar dijo que también dejaba la coordinación del CNDS y extrañó, que, como médico de cabecera de la gobernante, no emitiera la hoja médica de incapacidad de Xiomara Castro por una afección bronquial, sino que lo hiciera la Guardia de Honor Presidencial.
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Jorge Cálix, el aliado incómodo
No habían pasado 24 horas de ese revuelo político que sacudió al gobierno, a la imagen de la presidenta Castro y a Libre, cuando la propia mandataria anunciaba en un posteo por la red social X, que había decidido intervenir el Instituto de la Propiedad (IP) por presunta corrupción de un mal manejo de mil millones de lempiras. Castro intervenía así otra institución de su gobierno, solo que en esta ocasión tocaba a uno de los integrantes de Libre con el cual habían pactado cuotas de poder, tras el impasse por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional a inicios de 2022. Ese aliado es el diputado Jorge Cálix, actual precandidato presidencial por Libertad y Refundación.
Jorge Cálix, otrora uno de los operadores políticos de Libre y de la familia presidencial, atribuyó la intervención en el IP a un golpe político en su contra, lamentó que se atacara a sus activistas y denunció que desde el oficialismo querían impedir su inscripción en Libre, que sabía le estaban preparando un requerimiento fiscal y se fue a las afueras del Ministerio Público a retar a las autoridades fiscales.
Pero Cálix no se quedó ahí: dijo que una pariente ligada a una alta figura en Casa de Gobierno era parte de las planillas fantasmas que en el IHSS encontró y denunció el exdirector Carlos Aguilar, y en su estrategia de respuesta fue más allá, al revelar que el asesor presidencial y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, padecía de un cáncer del cual esperaba se recuperara.
Las revelaciones de Cálix descolocaron al gobierno y a Libre. Las acusaciones y contracusaciones no se hicieron esperar en las redes sociales y medios de prensa, ministros acusando a Cálix de corrupción, de pactos con el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández en los últimos 12 años, así como con la criminalidad organizada.
Y en medio de ese fragor político en el cual Libertad y Refundación parece haber entrado a un pugilato interno virulento, el gobierno intentaba levantarse de esa enredadera que había generado y que estaba extendiendo su partido político, anunciando otras acciones: denuncia en el Ministerio Público de la OABI por extravío de más de 1,500 vehículos, y acusaciones de la Secretaría de Finanzas hacia el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Foro Nacional de Convergencia por ser partícipes en el presunto manejo irregular de casi 30 mil millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, al amparo de la secretividad, un hecho que aún se mantiene, ya que la tasa de seguridad sigue funcionando y sigue siendo secreta.
Esa maraña de denuncias y acusaciones mantuvo alborotado al gobierno y a Libre, sin reponerse del golpe estratégico de Cálix sobre las planillas en el IHSS y la salud del expresidente Zelaya, que se vio obligado a salir en las redes sociales a desmentir su enfermedad parafraseando canciones de música protesta y ofrecer declaraciones radiales atacando a Cálix, regañando a la prensa, defendiendo la figura del nepotismo, incómodo por las críticas al gobierno y asegurando a los medios que “donde nosotros ponemos los pies, ustedes no ponen la cara”.
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Este junio, al cierre de su primer semestre del tercer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, acicateado por su propio partido que evidencia no solo un desgaste, sino que una enredadera política que arrastra la gestión del gobierno de izquierda que por primera vez llega al poder. Arranca también formalmente en pocos meses la campaña político electoral, donde Libre deberá sortear si baja la intensidad de sus ataques y fricciones internas o llega a unos comicios divididos que le pueden pasar una alta factura en las generales si la virulencia política sigue escalando entre sus miembros. (PD)
