Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña comenzó a sacudir casos de corrupción pública al citar a ex funcionarios de la administración gubernamental del ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009), involucrados en el denominado “Carretillazo” que obtuvo fondos para el proyecto de consulta de la “La Cuarta Urna”.
– Comisión Multipartidaria del Poder Legislativa llega el lunes al Ministerio Público para conocer los avances en las investigaciones de más de una docena de casos de corrupción, así como de dos asesinatos de alto impacto.
– Esta será una prueba de fuego para la gestión del Ministerio Público, advirtió el parlamentario Mario Pérez.
El director de Relaciones Públicas de la Fiscalía, Yuri Mora, le confió a Proceso Digital que varios ex funcionarios de la administración Zelaya fueron citados para que testifiquen sobre el destino de fondos relacionados al proyecto de “La Cuarta Urna”.“La Cuarta Urna” era una consulta popular que promovía el ex presidente Zelaya para perpetuarse en el poder, pese a que existía una prohibición legal por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El funcionario del Ministerio Público detalló que este viernes comenzó “el desfile de ex funcionarios” de la gestión de Zelaya y que este mismo proceso judicial continuará la próxima semana hasta lograr la comparecencia del total de los supuestos implicados en la malversación de estos recursos estatales.Las citatorias del MP concuerdan con la visita de la Comisión Multipartidaria del Congrso Nacional que se instala el próximo lunes en esa institución para conocer detalles de más de una decena de casos de corrupción pública de alto impacto y que en muchos de estos “duerme el sueño de los justos”.
El propio ex mandatario Manuel Zelaya escribió en su cuenta de Twitter: “Fiscalía ordena reactiven persecución a Zelaya por la 4 Urna Llegaron citatorias (para él) martes (a las) 9 am…”.
A criterio del ex gobernante, la citatoria de la Fiscalía obedece a una estrategia para ocultar el desvío millonario de fondos en el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Luego posteó: “Quieren ocultar la identificación de los verdaderos integrantes del crimen organizado estatal que fundó empresas para saquear el IHSS”.
En las últimas horas el propio fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, expresó que durante su gestión se han decomisado bienes no sólo a organizaciones del narcotráfico, sino a ex funcionarios públicos.Contrario a lo que ha trascendido a través de algunos medios de comunicación sobre que el MP estaría otorgando la figura de testigos protegidos a involucrados en el desfalco financiero del IHSS, Chinchilla manifestó que “en el caso del Seguro Social no se le ha dado el criterio de oportunidad a nadie como se ha especulado”.
Enfatizó que los que arremeten contra la Fiscalía, en muchos de los casos, se debe a que han sido afectados por diligencias judiciales entabladas desde ese organismo acusador del Estado.
| Comisión Legislativa se instala el lunes La Comisión Especial Multipartidaria del Congreso Nacional, nombrada para conocer los avances de las investigaciones en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otros casos de corrupción, se reunirá el próximo lunes con el Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla. La Comisión Legislativa tiene en su agenda conocer otros casos de corrupción como el “Carretillazo”, los fondos de La Cuarta Urna, el caso del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el tráfico gris en Hondutel; la malversación de fondos en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Trans 450. Además, se busca conocer sobre hechos sucedidos en las secretarías de Agricultura y Ganadería; Salud Pública, y a petición de miembros de la comisión, se pedirá información sobre el extravió del avión que desapareció del aeropuerto de Toncontín de la capital y una avioneta en San Pedro Sula. Asimismo, se indagará sobre el curso de las investigaciones de los asesinatos del asesor en materia de seguridad, Alfredo Landaverde y del periodista Alfredo Villatoro. La Comisión, integrada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso hondureño, tiene un plazo de 20 días para entregar un informe final. Luego de analizar cuáles son esos casos de alto impacto social que el pueblo y el Congreso Nacional quiere conocer a fondo, se hará acopio de toda la información que brinde el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los documentos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y toda información que haga llegar cualquier ciudadano.
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