Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La elección de un nuevo fiscal general y su adjunto mantiene en vilo al país, después de la elección de la Corte Suprema de Justicia, es el otro nombramiento de segundo grado de mayor importancia porque su escogencia indicará si el Estado de Derecho en Honduras tendrá contrapesos o seguirá su ritmo lineal, de poca independencia y amplia subordinación.
El proceso de la elección, sin consensos y mucho menos acuerdos, genera incertidumbre en sectores sociales que ven como el tema repercute en el declive o no del sistema democrático, pero, también en la acentuación de la injusticia, concentración de poder, pobreza o, se hace bien, y gira hacia la prosperidad del pueblo.
En febrero de este año, cuando se eligió la nueva Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos que concentran las tres principales fuerzas políticas en la figura de los partidos Libre, en el poder, Liberal y Nacional, en la oposición, suscribieron un acuerdo tripartito en donde se repartían las próximas elecciones de segundo grado, entre ellas la de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Es la primera vez en la historia democrática de Honduras de las últimas cuatro décadas, que los partidos políticos hacen público un pacto de tales dimensiones relacionado con la democracia, su institucionalidad y confianza en sus instituciones. Aludiendo el Principio de Proporcionalidad, las fuerzas que concentran el tripartidismo representado en el Congreso Nacional indican que acuerdan “elegir e integrar las instituciones que le corresponden al Congreso Nacional, aplicando el principio de proporcionalidad de acuerdo con el resultado electoral obtenido por cada Partido Político declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que integran el Congreso Nacional y respetando la participación en estos actos de las autoridades partidarias”.
También, acordaron impulsar las reformas a la Ley del Ministerio Público en el menor tiempo posible. Esas reformas, según trascendió extraoficialmente, estarían relacionadas con crear otra figura de fiscal general adjunto y dar rango constitucional a la Dirección de Fiscales para un reparto proporcional entre los tres partidos políticos. No obstante, ello no ocurrió y según el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, obedeció a que los acuerdos “se cayeron”.
Zelaya dijo en ese momento que, en efecto, habían llegado a esos acuerdos, pero los consensos se rompieron, ya no hay tiempo para las reformas y las pláticas para elegir al nuevo fiscal general y adjunto siguen en punto muerto, y que de no reanudarse las conversaciones no podía garantizar que se eligieran las nuevas autoridades del Ministerio Público el 1 de septiembre, como establece la ley y tal como ocurrió.
Ya entrada la elección del fiscal en su recta final, el mismo Carlos Zelaya quien además de ser secretario del CN es el cuñado de la presidenta Xiomara Castro y padre del ministro de Defensa, Manuel Zelaya, dejó entrever que, de no lograrse la mayoría calificada para elegir del fiscal general y su adjunto, quedaba la posibilidad de hacerlo por otras vías, lo que de inmediato disparó las alarmas de la oposición, así como de sectores independientes de sociedad civil.
Esa especie de sentencia de Zelaya ha ido impulsándose de parte del oficialismo representado por 50 votos en la Cámara Legislativa. Se incluye al titular del CN, Luis Redondo, cuando, en una manifestación al cierre de la última sesión donde se intentó en reiteradas ocasiones elegir a las cabezas del MP, sin éxito debido a que el bloque de fuerzas opositoras constituido por los partidos Liberal, PSH y Nacional, logró obtener con la nómina de Marcio Cabañas como titular y Jenny Almendares como adjunta 74 votos mientras que el partido Libre obtuvo 52 voluntades con la nómina compuesta por Johel Antonio Zelaya y Marcio Cabañas.
La sesión se mantiene en pausa mientras el Ejecutivo, ampliamente inmerso en la elección y sin ningún recato en torno a la independencia de poderes, sostiene desconocer a las autoridades actuales del MP, que según la Constitución hondureña deberán mantenerse en sus puestos hasta que los nuevos electos en el Legislativo sean juramentados y tomen posesión de sus cargos.
La apuesta de Libre de colocar en la cabeza del MP, circunstancialmente, al jefe de la unidad fiscal UFERCO, dirigida por el abogado Luis Santos, coinciden estudiosos de la normativa hondureña, no es procedente y más bien daña la imagen y compromete al fiscal Santos. El ex fiscal y actual vice alcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, ha sido claro en su análisis sobre el tema.
El fiscal Santos, se postuló a fiscal general y en el proceso la Junta Proponente le dejó al margen. Él dijo, entonces, tener información respecto a que el expresidente Manuel Zelaya estuvo inmerso en su descalificación. “Él no me quería como fiscal general porque yo no voy a ir a sentarme con ningún político para solicitarle apoyo, y creo que esa es una condición en Honduras, irle a pedir permiso o pedirles la bendición a los políticos para poder llegar a un cargo y como lo he dicho, Luis Javier Santos jamás va a vender su dignidad y jamás se va a ir a humillar…” expuso al sostener que una fuente cercana le proporcionó esa información.
Mientras en el actual estamento, el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, ha dejado su cargo al concluir su mandato, el adjunto, Daniel Sabrían se mantiene en sus funciones, en apego a la ley, pero ha denunciado amenazas, incluso contra su vida y ha pedido al pleno del Parlamento, dilucidar si debe o no continuar en el cargo.
En tanto la presidenta Castro, más allá de la multitudinaria marcha que convocó en el día uno de la elección del fiscal general y su adjunto, y en la que bregó con un mensaje político, sigue activando su postura en redes sociales y desconociendo la independencia de los poderes del Estado.
Al par, y como anunciando la reedición de lo que fue la controversial elección de la junta directiva del Congreso Nacional, Luis Redondo y Rafael Sarmiento, anuncian que “en cualquier momento” convocarán al pleno para elegir a los fiscales sin dar fecha ni data que brinde certeza en las agendas de los congresistas. Así las cosas, todos los diputados han decidido mantenerse en Tegucigalpa y permanecer atentos al llamado para reanudar la sesión.
En tanto, las pláticas entre las fuerzas políticas siguen cocinándose a juego tan lento que probablemente no logren ablandar las posturas. La anarquía sigue siendo una potencial amenaza democrática para Honduras, puede avizorarse del día a día y de las escenas palpables de la realidad nacional.
El país está inmerso en una constante y creciente crisis migratoria, un desempleo ascendente con la pérdida de miles de empleos, una inseguridad que solo pasa a segundo plano en la agenda de los medios, embelesados en la crónica parlamentaria, y una acentuada corrupción que débilmente se denuncia sin causar efecto legal alguno.
Nómina, salvedad y contexto
Todas las fuerzas políticas han dicho que respetarán la nómina de cinco postulantes enviada por la ya disuelta Junta Proponente, que no se elegiría fuera de ella, con la salvedad, que existe en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo interpuesto por varios postulantes que estiman se les violentó su derecho al sacarlos de la lista de postulantes y se está a la espera de la resolución de la sala para definir el rumbo de la elección.
Las cábalas se han intensificado en torno al fallo que emita la Sala Constitucional.
La elección del fiscal general y fiscal general adjunto reviste de importancia para la institucionalidad y democracia del país, por ser una institución creada para defender los intereses de la sociedad y velar por el respeto a sus derechos.
Creado en 1998, la ley orgánica del Ministerio Público señala que éste es un organismo profesional especializado, “libre de toda injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los Poderes y Entidades del Estado, que tendrá a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y demás funciones y atribuciones que le confiera la Ley (…)”.
Algunos de sus objetivos son: representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes; combatir el crimen organizado, la corrupción y el delito en cualquiera de sus formas, entre otros propósitos.
La Fiscalía General de la República o Ministerio Público desde su creación señala que ha sido concebida como una institución de contrapeso al poder, la voz de la sociedad en la defensa de sus intereses, pero no la voz de grupos políticos o de interés que vaya en contra de los principios que manda la Constitución. Desde su creación, esa ha sido la aspiración que se ha tenido del Ministerio Público, pero no siempre se ha logrado.
El MP que anhela la ciudadanía
En sus inicios fue un ente que surgió con muchas expectativas, la lucha contra la corrupción fue una de sus banderas, aunque no se tuvieron los éxitos deseados por la impunidad en la justicia. Luego vinieron las crisis a lo interno de esa institución, la renuncia de fiscales, destituciones de otros hasta la intervención de la institución. El trasfondo de todas esas crisis fueron intereses políticos y la politización. El reparto de los partidos políticos, en aquel entonces marcado por el bipartidismo político, hizo que la Fiscalía General creciera “hasta donde podía” y disminuyera “hasta donde se quería”.
Con el surgimiento de un tercer partido político como Libre, que de paso ganó los pasados comicios en una alianza política, la disputa por el control y el poder de la institucionalidad del país pone al Ministerio Público en la mira de otro reparto político, esta vez, para quien tiene el control del país: Libertad y Refundación.
Así lo vociferan sus autoridades partidarias, gubernamentales y diputados en el parlamento, sembrando así la duda si se está frente a una elección del fiscal general y adjunto para ser parte de la línea de “control” desde el poder o de “contrapeso” al poder.
Esta nueva elección vuelve a plantear el desafío del tipo de Ministerio Público que se requiere, del fiscal que se espera, y de una institucionalidad que salga de la atomización política para ser un contrapeso al poder y no un organismo más “controlado” por el poder. El país, de acuerdo con los entendidos, se juega con la elección del fiscal general y adjunto, el rumbo democrático del país donde la democracia no se siga transgrediendo. (PD)
