Tegucigalpa – Un juez natural en audiencia de declaración de imputado dictó este miércoles la medida de detención judicial al diputado Nelson Márquez por un presunto caso de corrupción.
Asimismo, se le dictó detención judicial a Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez.
Nelson Márquez, Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas y Eva Vásquez son acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de fraude.
Mientras que el juez Raymond Esaú Gradiz es señalado por el delito de prevaricato judicial.
No obstante, a Rafael Eduardo Chávez se le dictó la medida de arresto domiciliario por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, comunicó que las cinco personas cumplirán la detención judicial en la Penitenciaría Nacional de Támara, en la periferia de la capital hondureña.
Márquez es uno de los líderes del Partido Nacional en el departamento de Intibucá y actual subjefe de la bancada del Partido Nacional, principal fuerza de oposición de Libertad y Refundación (Libre).
Este caso contra Márquez y otros imputados sucede en un ambiente crispado y de incertidumbre de cara al proceso de elecciones generales del 30 de noviembre.
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, los imputados supuestamente drenaron tres mil 084 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal surge en el contexto de los hechos a que en el año 2000 tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en Honduras, subcontrató presuntamente de forma irregular a NAINSA, según el MP.
Mientras que en 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante canceló la ayuda por inconsistencias en el contrato, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de acuerdo a la acusación fiscal.
DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado.
En enero de 2020, como parte de esa misma estrategia, Márquez en su cargo de secretario de Sedecoas, remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor» de acuerdo al MP.
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales en curso.
Posteriormente en el año 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras. De acuerdo con las investigaciones, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave, el imputado Héctor Alvarado Mejía, representante en su momento del Estado (PGR) no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue puesta en duda de acuerdo al mismo informe del MP. AG
