Tegucigalpa – Era la mañana del 15 de julio de 1991, cuando a eso de las 7:30 de la mañana en la quebrada “El Sapo”, a inmediaciones de la zona 4 de la colonia Cerro Grande, en la capital hondureña, el cuerpo de la joven normalista Riccy Mabel Martínez Sevilla, era encontrado, dos días después de su desaparición.
– Este año se cumplen 30 años del crimen contra la joven normalista Riccy Mabel Martínez Sevilla, un suceso trágico que golpeó la conciencia de los hondureños y que hoy se reavivó en la memoria colectiva al conocerse de la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez (26), encontrada muerta en una celda policial.
– Son crímenes que involucran a militares y policías, en distintos retazos de la historia del país.
Con ese crimen se abría uno de los casos más emblemáticos de la investigación criminal en Honduras, mismo que involucró directamente a militares, incluido un coronel.
Riccy Mabel en la retina
La muerte violenta de la normalista, generó que la indignación colectiva y la sed de justicia se hicieran sentir en un país donde el poder militar era patente, tras una década del retorno a la entonces incipiente democracia.
La estudiante del tercer año de magisterio de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, fue a visitar a su novio Rubén Hurtado Padilla, quien había sido reclutado para cumplir con el entonces obligatorio y temido servicio militar en el Primer Batallón de Comunicaciones, ubicado en Las Tapias, periferia de la capital.
Ese mismo sábado se reportó la desaparición de la joven normalista, quien luego fue encontrada violada y brutalmente asesinada. Los análisis forenses, – practicados por expertos estadounidenses, – concluyeron que en el hecho habrían participado al menos cuatro hombres. Fue la primera vez que la justicia local utilizó la prueba de ADN en sus diligencias.
El cuerpo de Riccy Mabel fue hallado desnudo, torturado, mutilado y en avanzado estado de putrefacción.
El hallazgo del cadáver fue espeluznante. Presentaba signos de extrema crueldad y fue colocado en una hondonada de aproximadamente cinco metros de profundidad y de difícil acceso, sobre una piedra, semi sumergido, boca abajo, en el cauce de la quebrada.
Las crónicas de aquella época relatan que el cuerpo fue mutilado, tenía fracturas en diferentes partes, especialmente en el cráneo y los huesos de las manos y dientes quebrados, la violación masiva le dejó daños inimaginables y grotescos, pero que los periodistas decidieron describir con detalles brutales y dolorosos.
Los cronistas que cubrieron paso a paso el proceso de investigación y el juicio dieron cuenta de cómo un vendedor de helados fue clave para desentrañar el hecho. Esteban García fue de los últimos en ver con vida a la joven aspirante a maestra. El vendedor de conos testificó haber visto cuando Riccy Mabel fue recogida por un vehículo, de cuyas características pudo dar descripción plena y así detalló ante la justicia como se la llevaron desde la salida del Primer Batallón de Comunicaciones.
Las investigaciones apuntaron como responsables del hecho al coronel Ángel Castillo Maradiaga y al sargento Santos Eusebio Ilovares Fúnez, a quienes se les condenó.
Pasos para desmilitarizar
En 1994 el entonces presidente hondureño Carlos Roberto Reina (1994-1998), derogó el servicio militar obligatorio. El gobernante también fue disminuyendo otras prerrogativas militares, cuya cúpula, por ejemplo, le mandó nombres de oficiales activos proponiéndolos para dirigir entidades públicas “estratégicas” y que, hasta entonces, su control le era asignado al poder castrense. El presidente desconoció esos pedidos.
Fue una era donde el poder militar empezó a ser tocado. Entre sus cuentas pendientes también estaban las 184 desapariciones forzadas y las 200 ejecuciones extrajudiciales, ocurridas durante la guerra fría y la puesta en vigencia de la denominada doctrina de seguridad nacional.
Tiempo después, en 1997, siempre en el mandato de Reina, las Fuerzas Armadas entregaron oficialmente el bastón de mando de la Policía al poder civil. Fue un acto histórico en el proceso de desmilitarización hondureña.
El caso que sacudió a la Policía: asesinato de dos universitarios
Los casos imborrables en la memoria colectiva también traen hechos brutales que desentrañar una de las eras más negras de la Policía hondureña tras conocerse los detalles del doble crimen cometido el 22 de octubre de 2011 contra los jóvenes Carlos Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, éste último hijo de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
Desentrañar este hecho representó un punto de quiebre que dejó al descubierto como el crimen, en diversas formas, había penetrado la institución policial; de ese hecho y del clamor de la gente, partió la urgencia de una depuración institucional que aún tiene deudas evidentes.
El crimen contra los jóvenes que habían participado, la noche antes de su muerte, en una cena en la colonia Miraflores y que cuando el estudiante de sociología, Alejandro Vargas iba a dejar a su amigo pasante de ciencias jurídicas y sociales, Carlos Pineda, a su casa en la residencial Los Ángeles, fueron interceptados por elementos policiales a bordo de la patrulla 92, quienes al verles objetos de valor, los golpearon y horas después fueron encontrados asesinados en el sector de la periferia de la capital hondureña.
La Policía hondureña que sufrió todo tipo de profilaxis hasta iniciar en 2016, un proceso de depuración que apartó a los altos jerarcas y luego continuó con las siguientes escalas.
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Por este caso, dos años después, fueron condenados culpables cuatro expolicías: José Rubén Pozo, Santos Padilla, Gabriel Marcía y Wilson Córdova, todos por asesinato y abuso de autoridad.
Entonces quedó en relieve como en las postas de Belén y de La Granja, en el Distrito Central, el crimen hacia su fiesta. Numerosas denuncias surgieron desde la sociedad que parecía perder el miedo.
Desde entonces miles de policías han sido depurados, otros enfrentaron juicios en los tribunales hondureños y varios fueron requeridos por la justicia de Estados Unidos por ligues con el narcotráfico. Los procesos de depuración siguen inconclusos y las acciones de agentes y oficiales reñidas con la ley se continúan reportando.
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El crimen contra Ebed Yanes
Otro hecho que involucró a agentes del Estado, esta vez militares, fue el caso de Ebed Yanes, ocurrido el 27 de mayo de 2012. El joven de 15 años salió a una cita amorosa y emprendió el retorno a su vivienda a la 1:00 de la madrugada, pero no lo concretó porque perdió la vida a manos de soldados que lo persiguieron por no obedecer a un retén en la colonia Villa Vieja de la capital hondureña.
De acuerdo con documentos de los cuerpos judiciales, a Ebed lo mataron en un callejón, le dispararon con un rifle R-15, una bala impactó en su cuello y dos le perforaron la espalda.
Los autores del crimen – efectivos militares – recogieron los casquillos y se retiraron del lugar a bordo de una camioneta Ford 4X4 doble cabina. A la mañana siguiente volvieron a la escena para asegurarse que no habían dejado cabos sueltos. Vecinos lograron encontrar algunas evidencias y las entregaron al padre del malogrado joven, Wilfredo Yanez, quien se encargó de entablar una dura batalla hasta lograr que los asesinos fueran condenados en los tribunales.
En enero de 2015 la justicia declaró culpable a uno de los tres militares acusados por la muerte del joven Ebed Yasiel. La condena fue de 16 años de prisión.
Eleazar Abimael Rodríguez, quien se desempeñaba como cabo del Ejército de las Fuerzas Armadas, fue declarado culpable del delito de homicidio y absuelto por el delito de abuso de autoridad.
Aunque logró saber de la acción de la justicia en el caso de su hijo, Wilfredo Yanez murió el 2 de septiembre de 2016. Personas allegadas a la familia relataron que el caso lo desgastó.
Keyla, la tragedia de una joven intibucana que reabre las heridas
La muerte de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería, bajo custodia policial en la Esperanza el pasado 6 de febrero, ha vuelto a reabrir las heridas que han dejado los crímenes cometidos por elementos de la defensa y la seguridad del Estado.
La joven fue detenida junto con un médico que le acompañaba, supuestamente por violentar un toque de queda en el marco de la pandemia por coronavirus.
La joven fue reportada muerta a la mañana siguiente. En un reporte oficial, la Policía dijo que Keyla se había suicidado.
Las protestas populares, la indignación de la gente y el reclamo de justicia, afloraron y han reavivado las exigencias de la familia que ha reafirmado no descansará hasta que la muerte de la joven pasante de enfermería quede clara.
En el caso Keyla avanzan las investigaciones del Ministerio Público, que tras dar a conocer el reporte forense informó que la muerte de la joven fue ocasionada por asfixia mecánica, enmarcando lo ocurrido en un homicidio.
Por este nuevo suceso están presuntamente involucrados casi una veintena de agentes policiales.
Todo ocurre en un momento en el que, en Honduras, una mujer pierde la vida en condiciones violentas cada 16 horas, de acuerdo con datos oficiales del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
La muerte de Keyla ha generado consternación y repudio en la sociedad hondureña, que sigue de cerca cada uno de los acontecimientos.
El caso ha vuelto a exponer a la institución policial que aún mantiene abierto un proceso de depuración que ha apartado a más de seis mil agentes del cuerpo de seguridad, pero de cuyas entrañas siguen surgiendo hechos que desdicen el sello de idoneidad. (JS)
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