Tegucigalpa – A poco tiempo de cumplirse dos años del crimen contra dos jóvenes universitarios, hecho cometido por agentes del orden, este jueves la justicia hondureña condenó a cuatro ex policías, aunque la individualización de la pena tendrá que esperar hasta el 11 de septiembre del presente año.
– Ahora, según las madres de los estudiantes, sigue dar con el paradero de dos ex policías prófugos y deducir responsabilidades a los que ejercían en la línea de mando cuando se ejecutó el doble crimen.
El reloj marcaba un poco más de las 3:00 de una agitada tarde en Tegucigalpa, capital de Honduras, en ese momento en la Sala 2 del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia se congregaban decenas de personas, quienes estaban pendientes de cada una de las explicaciones de la terna de jueces que conoció este caso que estremeció a la sociedad en general.
De esa forma llegó el momento esperado. Los agentes José Pozo, Santos Padilla, Gabriel Marcía y Wilson Córdova fueron declarados “culpables de asesinato con alevosía” en contra de los estudiantes Rafael Alejandro Vargas, hijo de la rectora interina de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), Julieta Castellanos, y de su amigo Carlos Pineda”, dijo la juez Ruth Paz.
Pozo y Padilla fueron señalados como los autores intelectuales del crimen de los universitarios, mientras Córdova y Marcía como autores por omisión, según el fallo.
A todos ellos se les acusó de tres delitos: dos por asesinato y uno por abuso de autoridad.
Lágrimas y sentimientos encontrados provocó el fallo en las madres de los malogrados jóvenes: Julieta Castellanos y Aurora Pineda, quienes apenas pudieron declarar ante los medios de prensa sus valoraciones sobre el juicio.Representantes de diversos sectores de la hondureñidad llegaron hasta el Tribunal de Sentencia y tras conocer el veredicto hubo abrazos y gestos de alegría entremezclados con el dolor que aún provoca la pérdida irreparable de dos jóvenes talentosos.
En las afueras de los tribunales, pobladores de El Paraíso, oriente de Honduras, gritaban a una sola voz que dos de los cuatros implicados eran inocentes. Familiares de Gabriel Marcía y Wilson Córdova, repudiaron la condena por considerar que se culpó a dos personas que no tenían nada que ver con el doble crimen.
Voces desde los juzgados
Tras finalizar el fallo, Julieta Castellanos declaró que “se ha hecho lo que se tenía que hacer. Hemos pedido justicia, hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo para poder recaudar pruebas”.
“Vamos a continuar, hay una cúpula policial que los dejó ir, que también tiene responsabilidad, una cúpula que permitía que esa patrulla ejecutará jóvenes”, aseveró Castellanos.
En tanto, Aurora Pineda, madre de Carlos Pineda, dijo que el fallo es un paso del largo camino que como dolientes les ha tocado transitar. “Nos hacen falta dos y vamos también por la línea de mando”, expresó.
Pineda enfatizó que el fallo contra los cuatro ex policías está demostrado, “las pruebas han sido contundentes y no hay duda en ello”.
En tanto, dos de los jóvenes condenados hablaron ante los medios de prensa y repudiaron la sentencia condenatoria.
Agregó que “están juzgando a alguien inocente, peor es el delito que están cometiendo ellos porque nosotros no asesinamos a estos jóvenes”.
Por su parte, Wilson Córdova también alegó inocencia. “Nosotros íbamos los dos solos cuando ocurrió el hecho, ahí está un Dios que no nos deja mentir”, señaló Córdova.
Agregó que a quien se tiene que juzgar es a las dos personas que dejaron ir a los verdaderos culpables.
Según el imputado, ellos fueron usados y sostuvo que una mano misteriosa puso pruebas en su contra, “ellos tienen que saber quiénes son los culpables y por estas personas estamos pagando nosotros”, detalló.
El crimen contra los universitarios, ocurrido el 22 de octubre de 2011, fue obra directa de patrulleros asignados a la posta policial de La Granja en Comayagüela, ciudad gemela con Tegucigalpa, la capital hondureña.
El hecho, además de cruento y cargado de frialdad, mostró el peor rostro de la Policía.
Tras el fallo de este jueves aún siguen prófugos de la justicia Carlos Galeas y Wilfredo Figueroa.
La defensa pide hasta 66 años de prisión para los cuatro ex policías declarados culpables, 30 años por cada uno de los dos delitos de asesinato y 6 años por abuso de autoridad.
