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Control ciudadano, la auditoría invisible a la que Xiomara deberá responder

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Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La presidenta Xiomara Castro llegó al poder arropada con el 1.8 millones de votos que logró en las urnas. En el campo internacional, la presencia de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en su toma de posesión, conjugó los dos factores que le permiten cumplir sus 100 días de gobierno con legitimidad, pero no sin sobresaltos que provienen sobre todo de sus propias filas de Libre y grupos afiliados, que reclaman en primer lugar puestos de trabajo.

Xiomara Castro, con respaldo total impulsó a velocidad de crucero su agenda electoral en 100 días

Estos 100 días, su popularidad y aceptación general, la ha aprovechado la gobernante para imponer su agenda legislativa a una velocidad de crucero, en especial en el cumplimiento de promesas electorales como que los consumidores de menos de 150 kilovatios de energía no paguen el servicio, la derogación del empleo por hora y de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).

Igualmente, el Congreso Nacional nombró antes del tiempo previsto en la ley, según dijo el diputado Rasel Tomé, para que la presidenta tuviera a un abogado de su confianza, a un nuevo procurador general de la República, cuestionado por no ser notario y poco después la Cámara, acuerpada por la mandataria, aprobó una ley de amnistía amplia e incondicional a la que sus opositores califican como “pacto de impunidad”.

Otra importante puntada en la que el Ejecutivo también hizo lo propio es en la derogación de la llamada Ley de Secretos, que permitirá transparencia en el conocimiento del accionar de las entidades públicas.

Asimismo, el pleno legislativo aprobó, a su petición reformas al Presupuesto General de la República, el que amplió en 52 mil millones de lempiras, pese a que la ministra de finanzas había declarado unos días antes el estado calamitoso de las arcas públicas.

La gobernante parece no quitar el pie del acelerador en cuanto a cumplir sus ofertas de campaña y con la misma rapidez, envió al Congreso Nacional el proyecto de una nueva Ley de Energía, que le permitirá al gobierno asumir el control de las plantas generadoras privadas si no aceptan revisar los contratos de compra de electricidad bajando para ello el precio de venta del kilovatio.

Según los funcionarios gubernamentales, con la nueva Ley de Energía lograrán reducir los precios de la tarifa eléctrica, así como solucionar la grave crisis financiera de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica, convertida en la bestia negra de las finanzas públicas.

A medias comenzaron las clases presenciales el pasado 18 de abril.

A clases

En otro orden, un elemento para destacar durante los primeros 100 días de gobierno de Castro es el retorno presencial a clases de los alumnos de los tres niveles.

Aunque al inicio la asistencia fue limitada, ya en los primeros días de mayo se ve mayor la asistencia de los estudiantes a los centros escolares, especialmente público y al llegar a junio se espera que la mayoría de los matriculados estén en sus aulas.

Honduras es el último país que se incorpora a clases presenciales suspendidas tras la irrupción de la pandemia del COVID-19 el 2020 y según los expertos dos años fuera de las aulas ha provocado un enorme retroceso en los alumnos y en la educación en general siendo estimada en 10 años.

La mandataria Castro puede exhibir en sus primeros 100 días logros que le permiten mantener su alta popularidad y estar conectada con las bases de Libre y los gremios docentes, sindicales y pobladores, que sirven de apoyo al gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).

La Amnistía Política libró de cargos por corrupción pública a varios exfuncionarios del Poder Ciudadano.

Un punto donde fue cuestionado el gobierno de Castro fue la aprobación de una legislación que permitió amnistiar a controvertidas figuras del partido y del gobierno de su esposo Manuel Zelaya (2006-2009).

Esta amnistía, por ejemplo, permitió la salida de prisión del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri.

La amnistía fue promovida para que fuesen liberados los activistas de Guapinol, pero al final los mismos fueron excarcelados por un fallo de la Sala Constitucional, sin que la amnistía les favoreciera.

En este caso los diputados de su socio Partido Salvador de Honduras (PSH) prometieron que presentarían una revisión a dicho decreto, aunque representantes de su bancada fueron dictaminadores de la ley, pero han pasado meses sin que el mismo se conozca en el Legislativo, aunque la presidencia la asumió un miembro de dicha agrupación, Luis Redondo.

Casi todos los días se han producido protestas por reclamos al nuevo gobierno.

Protestas

Aunque la mandataria se quejó que a sus antecesores masculinos les daban una tregua de 100 días y a ella, primera mujer presidenta de Honduras, ni 100 horas, lo evidente es que las protestas y el clima de intranquilidad han salido justamente de las bases de su agrupación Libre.

Los militantes del partido han urgido al gobierno empleos. Piden les den plazas laborales de inmediato y claman abiertamente que deben ser despedidos los nacionalistas que durante 12 años estuvieron al frente del gobierno.

El gobierno es de Libre y tenemos derecho a gobernar solos, se escucha de parte de los activistas en las protestas que se dan a nivel nacional, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, Yojoa y otros sitios, donde los activistas cortan el tráfico de las carreteras o se toman las instalaciones, especialmente del área de la salud.

Los famosos colectivos de Libre y sus motorizados hacen presencia en todas las instituciones para reclamar su cuota de mercado laboral en el gobierno.

El control de las direcciones departamentales y municipales en Salud y Educación son motivos de enfrentamientos al interior de Libre, por lo que los seguidores del dirigente o diputado perdedor se toman las instalaciones, calles o carreteras para hacer notar su molestia y presionar al gobierno.

Los tranques de carreteras ha sido constante este 2022.

En ocasiones diferentes el puerto de Henecán en San Lorenzo, Valle ha sido tomado por un grupo de dirigentes de Libre que se oponen al designado supervisor de este, cuestionando al elegido por uno de los diputados más influyentes de ese departamento.

Las importaciones y exportaciones por dicho puerto estuvieron paralizadas por varios días.

Esta situación se repitió en el otro extremo del país, en Puerto Castilla, Colón, donde los militantes de Libre rechazaban a un funcionario que procedía de La Ceiba.

Igual ocurrió con el control de la administración de la estratégica central hidroeléctrica de “El Cajón”, donde un grupo local de Libre proponía que el responsable fuera de la comunidad de Yojoa y no uno que venía de San Pedro Sula.

Y los anteriores cuadros y movimientos se han repetido a lo largo del país y del entramado gubernamental, donde cada dependencia se considera que debe ser asignada a un dirigente de Libre.

Oposición inexistente

Estos 100 días de gobierno de Xiomara Castro se han caracterizado por la inexistencia de oposición política y civil, tal vez por el hecho de la tradición que al gobierno entrante se le conceden los primeros 100 días para que gobierne sin críticas.

La primera fuerza de oposición política y legislativa es el partido Nacional, pero tras su derrota en noviembre pasado la agrupación parece descabezada, sin dirección y su única figura visible es el jefe de su bancada en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Su candidato presidencial derrotado Nasry Asfura no es visible desde diciembre pasado y no ha capitalizado a su favor, ni para su partido los 1.3 millones de votos logrados en las pasadas elecciones.

El nacionalismo se ha visto golpeado por la solicitud y posterior extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández.

El presidente del comité central del nacionalismo, David Chávez, también pasa la mayor parte del tiempo en la oscuridad política y no se le ve coordinando con la bancada legislativa o los alcaldes municipales, donde el nacionalismo es la primera fuerza política.

El nacionalismo se ha visto golpeado por la solicitud y posterior extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien en los próximos días deberá hacerle frente a una acusación de tráfico de drogas en una corte norteamericana.

Sus más de 60 días que pasó desde la solicitud el 14 de febrero hasta su salida del país, ha consumido a los nacionalistas que deben defenderse de las acusaciones de parte del gobierno y los militantes de Libre.

Mientras el partido Liberal ha pasado a ser casi de hecho un socio silencioso del gobierno y de Libre, ya que virtualmente ha integrado su bancada a la coalición de Libre-PSH.

Con el sector obrero el gobierno aún mantiene una luna de miel.

Después de los 100 días

Ahora Castro deberá enfrentar después de los 100 días de gobierno el monitoreo de los hondureños, que más que la oposición política, comenzarán a exigir que lo que se ofreció en campaña sea cumplido.

Y no solo respecto a la oferta electoral, sino a mecanismos de administración como el rechazo a las compras directas por las que tanto se criticó a Hernández y al Partido Nacional, así como a que los funcionarios tengan altos salarios, el uso de camionetas de lujo y otros.

La llegada de una misión anticorrupción “con dientes” es otra de las promesas esperadas.

La ciudadanía hondureña está más pendiente ahora, con la evolución de la prensa digital y las redes sociales cada vez más influyentes. La gente tiene en la vía digital, el canal para expresar su malestar.

El control ciudadano se convertirá en la oposición a la que Castro deberá hacer frente y como es difícil visualizar una figura y con ello centrar las respuestas o ataques, la gobernante y su equipo deberán afinar una estrategia que les permita seguir con el control. (PD)

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