Tegucigalpa (Proceso Digital) – La carretera que se construye entre Wampusirpi y Krausirpi, en La Mosquitia y que nace desde la zona olanchana Dulce Nombre de Culmí, donde la ganadería extensiva en la región es una especie de cáncer que acaba y consume cada vez más las áreas protegidas, debe ser investigada sentenció este lunes el subdirector del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Francisco Escalante.
Abrir la carretera permite la entrada a una gran cantidad de personas extrañas a los pueblos originarios, compuestos por indígenas y garífunas. Se trata de actores que hacen una ganadería que no se sabe si genera o no ganancias, agregó el funcionario, al rebatir el modelo agresivo con que se daña uno de los pulmones verdes de la humanidad, como lo es la Reserva del Río Plátano, declarada así por la UNESCO.
El subdirector de ICF, externó que su criterio obedece a una opinión técnica, a una alerta que debe llamar la atención del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República, instituciones que deben actuar en base a la ley, sostuvo.
Pandemia agravó los daños ambientales en La Mosquitia
Escalante, quien participó en un plato televisivo, en el foro Frente a Frente, dijo que desde 2015 a la fecha, los daños ambientales a la región de La Mosquita y en toda la reserva forestal han sido agudos y que se han profundizado aún más durante la pandemia. Expresó que en 2020 y lo que va de 2021 la gravedad es mayúscula.
Los Consejos Territoriales, de acuerdo con los reconocimientos del Estado, son los organismos de máxima autoridad en la zona, pero ellos deben actuar en defensa del bienestar de sus pueblos y de la defensa ambiental, y no están fuera de cumplir la ley, reafirmó el subdirector de ICF.
Los pueblos originarios mantienen una posición dividida entre los que se oponen a la carretera en defensa de la conservación de la zona, considerada reserva del planeta y dirigentes que apoyan la obra.
En ese sentido, Mirna Wood Flores y Gustavo Cárdenas, quienes participaron en el foro Frente a Frente y se autodefinieron representantes de las organizaciones Masta y Bakinasta, defendieron la construcción de los 28 kilómetros de carretera, ya que dijeron que la misma sirve para facilitar el comercio y la movilidad de las personas, especialmente, los casos de atención sanitaria.
Un video revelador
La defensa vehemente de los dirigentes los llevó a pedir pruebas a quienes dicen que la edificación de la vía está siendo financiada por narcotraficantes y la catalogan como una “narco carretera”.
Ni Wood ni Cárdenas lograron presentar pruebas del origen de los fondos que respaldan la obra y lo atribuyeron a dineros que vienen de la población.
Un video presentado en el programa televisivo mostró a Mirna Wood Flores, diciendo que, si un narcotraficante le ofrece dos millones de lempiras para financiar la carretera, ella toma esos recursos para construirla. Una versión que en el mismo video reafirmó.
Wood Flores aceptó la autenticidad del video al tiempo que dijo que no reciben fondos del crimen organizado.
Beneficios comunales no significa la ausencia del narco: ex fiscal Chinchilla
En tanto, el ex fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico y también del Ambiente, Mario Chinchilla, dijo que el hecho de que la carretera tenga el fin de buscar beneficios comunales no significa que el narcotráfico, tan activo en esa región, no se vaya a aprovechar de la obra de infraestructura, al tiempo que remarcó el daño ambiental que la carrera genera en la reserva verde, considera un pulmón de la humanidad.
Chinchilla urgió la presencia del Estado con una fuerza de tarea conjunta para atajar la problemática.
Informes de fuentes fiscales, indicaron a Proceso Digital que el Ministerio Público ya realiza acciones investigativas al respecto y que las mismas fueron emprendidas desde que el proyecto inició.
El exfiscal recordó que, en la zona de Olancho, la carretera pasa por territorios comprometidos ya que están ligados a narcotraficantes conocidos que operan en la zona. Especificó que la aldea El Carrizal, ubicada en esa región, es una muestra de las acciones del crimen organizado.
Luego volvió a preguntar ¿Quién diseñó la carretera?, ¿se construye bajo supervisión ambiental?
Inquirió a los defensores de la construcción de la vía que compartían el estudio con él durante el foro televisivo, interrogándoles: ¿Tienen los millones que se necesitan para construir la carretera los pueblos misquitos?, ¿tienen licencias ambientales?, ¿tienen los debidos permisos?
Wood Flores, lo rebatió y le dijo que los que hablan son funcionarios que desde sus cargos nunca hicieron nada por ayudar a la zona y reafirmó que se trata de fondos que salen del pueblo, nuevamente sin presentar pruebas del origen de los fondos.
“Autodeterminación no significa violación de las leyes nacionales”, dijo entonces el exfiscal Mario Chinchilla.
Krausirpi es el centro del pueblo Thawaka, ubicado a la orilla del río Patuca, al poblado se llega vía marítima.
Wanpusirpi es un municipio de Gracias a Dios, donde se conjugan misquitos, pech, tawahkas y algunos ladinos que viven en caseríos y aldeas a la orilla del Patuca.
Los consejos indígenas desautorizan la carretera
Al foro se comunicó vía telefónica el asesor legal de los pueblos Autóctonos de Honduras, Santiago Flores, quien apostilló que la carretera es ilegal y que los cinco consejos territoriales la desautorizan.
Asimismo, agregó que no existen explicaciones de donde sale el financiamiento de la obra.
Externó que la carretera se gestó a la sombra de la pandemia ocasionada por el COVID-19, lo que, a su juicio, profundiza las dudas y la situación de ilegalidad de la obra.
Reafirmó que los cinco consejos territoriales de Río Plátano desautorizan la construcción de la carretera.
Igualmente, el presidente de Masta, Ranulfo Julián Andares, – también vía telefónica, – dijo que la carretera se ha realizado sin hacer la consulta previa a las comunidades y que se trata de una decisión que les afecta profundamente.
“Estoy seguro de que, al hacer la consulta, el 95 por ciento de la población estará en contra de la construcción de la carretera”, afirmó el presidente de Masta.
El líder indígena, aseguró que Gustavo Cárdenas y Mirna Wood, quienes estaban en vivo en el foro televisivo, podían hablar a título personal y no en representación de las organizaciones comunales o en nombre de los pueblos ya que ellos no han reunido a los habitantes para hacer las consultas de rigor.
“Al abrir la carretera queda en manos libres para que acaben los pocos bosques que aún tenemos”, dijo Ranulfo Julián Andares, presidente de Masta.
La Mosquitia hondureña, así como la zona de Patuca, Culmí y los territorios olanchanos aledaños, son parte del corredor más caliente del tráfico de drogas en Honduras. Allí se han establecido en las últimas décadas, poderos carteles de trasportistas, lavadores y una variedad de criminales de la cadena que han generado profundos daños a una empobrecida y olvidada población autóctona y reserva forestal, arqueológica y antropológica en una de las áreas del mundo más significativas. (PD)
