Tegucigalpa – A medida que Honduras se acerca a un nuevo proceso electoral, crecen las preocupaciones por el papel cada vez más agresivo de los denominados colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre). Lejos de ser simples estructuras de base, los colectivos han mutado en grupos de presión y choque que, según analistas y fuentes políticas, representan hoy una seria amenaza para la democracia y la institucionalidad del país.
– Rixi llamó a los colectivos a preparar sus desplazamientos hacia la capital para protestar ante el CNE el próximo 1 de agosto.
– Distintos sectores manifiestan su preocupación ante el creciente clima de polarización política e incertidumbre que pone en riesgo las elecciones.
Los recientes acontecimientos de participación de estos colectivos violentos no son aislados el último se dio en el Congreso Nacional, donde se puso en riesgo la integridad de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los mismos diputados y de todo el personal, además de las agresiones físicas y verbales que se dieron en los alrededores del Hemiciclo.
Anteriormente se había dado la toma de las instalaciones del CNE, por parte de colectivos para impedir el proceso de licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha encendido todas las alarmas. No se trató de una manifestación cívica ni una protesta pacífica, sino de un acto de intimidación directo que interrumpió un procedimiento clave para garantizar la transparencia del próximo proceso electoral.
De dónde vienen y a dónde van los colectivos
Según varios analistas, consultados por Proceso Digital, el origen de esta situación puede rastrearse al momento en que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder. Con su llegada, muchos de los cuadros de la “Resistencia” fueron incorporados al aparato estatal, dejando un vacío en los mandos intermedios del partido Libre. Ese espacio fue rápidamente ocupado por los colectivos, quienes ahora actúan como una suerte de “estructura paralela” de control y presión política.
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Estos grupos, originalmente organizados por barrios y colonias como formas de movilización partidaria, no fueron concebidos como espacios de formación política, sino como brazos de lucha electoral. Hoy, sin embargo, han escalado su influencia hasta convertirse en actores que condicionan nombramientos, amenazan a funcionarios y presionan violentamente para colocar o remover autoridades en instituciones claves como se ha visto en los últimos tres años y medio en la secretarías de Salud, Educación, BANHPROVI, el Infop, el IHSS y hasta en Hondutel. Pero en los últimos días su misión al parecer es obstaculizar el proceso electoral.
Lo más alarmante es que los colectivos no discriminan a la hora de intimidar: trabajadores, mujeres, sindicalistas e incluso los mismos simpatizantes de LIBRE han sido blanco de agresiones en más de una ocasión. Sus acciones violentas han servido para desalojar huelguistas o doblegar protestas internas, actuando como una fuerza paraestatal a conveniencia de ciertos líderes partidarios. En este contexto, destaca la participación de la conocida “motorizada” de LIBRE, uno de los grupos más temidos por su capacidad de movilización y coerción.
¿Quién los dirige?
Expertos coinciden en que detrás del accionar de los colectivos se encuentra la figura de Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del partido y esposo de la presidenta Castro. “No hay duda de que responden a él”, afirman voces dentro del mismo partido, señalando que los colectivos funcionan como una extensión de su estrategia de control político y territorial.
La socióloga Julieta Castellanos responsabilizó directamente a la presidenta Xiomara Castro y al coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, por los actos de violencia protagonizados por colectivos del partido oficialista en las instalaciones del Congreso Nacional.
“Desde luego, lo que pasa con los colectivos tiene responsables, y uno de ellos es Manuel Zelaya. Él es el coordinador del partido y cualquier violencia que se dé es porque los colectivos tienen instrucciones para hacerlo”, expresó.
La analista fue enfática al señalar que la presidenta Castro también debe rendir cuentas. “Xiomara Castro es la presidenta de Honduras, y esos colectivos son de su partido. Además, lo que se dice —y habría que confirmarlo— es que muchos de ellos están pagados, que tienen una estructura organizada y forman parte de la planilla del gobierno”, afirmó.
Castellanos advirtió que, al tratarse de grupos que responden a la dirigencia de Libre y que presuntamente reciben fondos estatales, cualquier acto de violencia tiene consecuencias políticas y legales. “Si hay violencia, hay responsables. Y esos responsables son Xiomara Castro y Manuel Zelaya, porque son los dueños del partido de Libre”, sentenció.
La politóloga María Luisa García, expresó su preocupación ante el creciente clima de polarización política e incertidumbre que se vive en Honduras, agudizado por la reciente intromisión de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) en el proceso electoral.
García en entrevista con Proceso Digital, advirtió que el CNE, como órgano garante de la transparencia democrática, “no le pertenece a ningún partido político”, a pesar de que sus comisionados sean nombrados por cuotas partidarias.
La analista lamentó que las prácticas clientelistas y el control partidario sobre el CNE persistan bajo un gobierno que prometió ser diferente. “Este gobierno llegó al poder prometiendo respeto a los derechos humanos, a las instituciones y a la democracia.
La politóloga no dudó en advertir que los colectivos de Libre representan un peligro para la estabilidad del país. “Han confundido el ser revolucionario de pensamiento libre con ser agresivos, posesivos y malcriados.
García también advirtió sobre las consecuencias emocionales y sociales de esta incertidumbre. “Más aún cuando vemos a las Fuerzas Armadas plegadas a un partido político y muchas instituciones públicas funcionando como si fueran propiedad privada”.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la cabeza. “El pueblo hondureño debe despertar, debe exigir respeto y participar activamente. La democracia debe ser participativa, incluyente y basada en el respeto al individuo. No podemos seguir permitiendo que se gobierne como si Honduras fuera el patio trasero de un grupo político”, concluyó.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, advirtió que la participación de los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) en el actual proceso electoral ha dejado de ser un tema de simple discordia y se ha convertido en un obstáculo directo para el cumplimiento del cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“El proceso ya se está viendo afectado. No se trata solo de incertidumbre o tensión política: hay retrasos concretos en la ejecución de un plan de trabajo muy ajustado, donde cada día, cada hora cuenta”, señaló Elvir.
Según Elvir, los intentos de sabotaje al proceso electoral deben ser investigados. “Estamos hablando de posibles delitos. No es solo una desorganización o una protesta más. Es obstrucción al proceso electoral, y eso ya entra en el ámbito penal. El Ministerio Público debería estar actuando”.
Sabotaje al proceso electoral
El analista sociopolítico y director de NODO Honduras, Héctor Corrales, calificó a los colectivos de Libre como un “brazo informal” del Gobierno, diseñado para ejercer violencia e intimidación sin que las autoridades asuman responsabilidad formal.
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Corrales advirtió que estos grupos han incrementado su capacidad de paralizar instituciones públicas mediante el uso sistemático del miedo. “No solo han servido para exigir empleos o presionar por la destitución de funcionarios que no les agradan, sino que también han estado presentes en momentos críticos para la democracia hondureña”, señaló, aludiendo al episodio del nombramiento de la Comisión Permanente que impuso a Johel Zelaya como Fiscal General, y más recientemente a su irrupción en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que interrumpió un proceso clave del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Para Corrales, los hechos recientes marcan un punto de inflexión en la estrategia de LIBRE: “Hoy el partido de Gobierno abrió un nuevo capítulo. Su sabotaje al proceso electoral ha dejado de ser narrativo; ahora implica acciones directas que afectan de forma real el desarrollo del proceso democrático”, dijo.
El director de NODO sostuvo que la existencia de estos colectivos revela una táctica peligrosa: la posibilidad de que el oficialismo “active grupos violentos para imponerse cuando las instituciones formales no cooperan, todo ante la vista y paciencia de las fuerzas del orden, que no intervienen”.
Paralelismos con grupos de choque venezolanos
Corrales también trazó semejanzas con otros regímenes autoritarios en América Latina. Desde Venezuela a Bolivia y Nicaragua, los objetivos han sido los mismos: controlar las calles, reprimir o desplazar a la oposición y paralizar las instituciones. En Honduras, para noviembre, el objetivo parece igual: chocar contra todo lo que no conviene a LIBRE, sin importar si esto significa interrumpir una votación pacífica.
El analista concluyó con una advertencia inquietante: “Lo único que queda por ver es si estos colectivos están armados como los ‘colectivos chavistas’ en Venezuela o como las ‘turbas’ de Nicaragua en 2008”.
Los paralelismos con los colectivos chavistas en Venezuela y las “turbas” sandinistas en Nicaragua no se han hecho esperar. Tal como documenta un estudio de la Universidad del Zulia titulado “Los colectivos: brazo ejecutor del gobierno bolivariano en Venezuela”, en aquel país estos grupos pasaron de ser redes de base a convertirse en estructuras de represión autorizadas informalmente por el Estado.
Si Honduras sigue el mismo camino, la violencia política no será una excepción, sino parte del nuevo orden. En un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan serios desafíos, la legitimidad del proceso electoral corre el riesgo de ser destruida desde dentro, no por la oposición, sino por un oficialismo que persigue sus propios intereses.
La posibilidad de que estos grupos de choque se conviertan en un obstáculo insalvable para las elecciones ya no es una hipótesis remota. La toma del CNE es vista por muchos como una prueba piloto de lo que podría repetirse —o agravarse— en noviembre. Incluso hay temores fundados de que estos colectivos puedan ser armados y equipados para imponer, mediante la fuerza, el resultado político que convenga a la cúpula de LIBRE.
Los colectivos no pueden convertirse en la herramienta predilecta de un partido que prometió respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. De lo contrario, el país no estará ante un proceso electoral competitivo, sino ante una puesta en escena controlada por la intimidación, el miedo y la fuerza. LB
