Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) enfatizó este jueves que el tratado de extradición con Estados Unidos es importante en la lucha contra la impunidad, el crimen transnacional, la impunidad y fortalecer el Estado.
El Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del CNA publicó un documento llamado «De la narco-dictadura a la narco-impunidad», que expone el impacto de la actividad criminal en el país y cómo influye en la toma de decisiones políticas.
En este documento señala que la figura de la extradición ha ayudado con la desarticulación de redes criminales, extradición de líderes de carteles y funcionarios corruptos, consolidación de relaciones bilaterales internacionales, fortalecimiento de la seguridad regional e internacional, combate de la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos.
Este organismo utilizó uno de sus anteriores informes para retratar porque Honduras fue considerada como un narcoestado: campañas políticas financiadas por narcotraficantes, participación de funcionarios públicos en actividades de narcotráfico, configuración de acciones delictivas en la administración pública por la confabulación entre funcionarios públicos y narcotraficantes.
También expone la protección de funcionarios corruptos y narcotraficantes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, asesinato de actores clave en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y el soborno por parte de narcotraficantes a funcionarios públicos.
Destacó que el tratado de extradición ha generado resultados como el envío de 47 connacionales hacia EEUU por delitos vinculados al narcotráfico, incluyendo a figuras de alto perfil como un expresidente, congresistas, directores de instituciones públicas y alcaldes municipales.
El CNA resaltó la condena de 45 años de prisión del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.
Indicó que el tratado ha permitido coadyuvar los trabajos investigativos y la judicialización de casos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado, en contraste al debilitamiento y deficiencia del sistema judicial hondureño (Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia).
Agregó que el sistema judicial hondureño no ha sido capaz de iniciar líneas de investigación, ni presentar requerimientos fiscales para judicializar caso.
Por otro lado, subrayó que las consecuencias de la finalización del tratado de extradición son: envío de un mensaje político y social negativo, deterioro de las relaciones internacionales, efecto dominó regional y desconfianza de inversionistas.
“La denuncia del tratado de extradición denota intenciones de proteger a potenciales individuos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, generando desconfianza en la ciudadanía hondureña”, cita el comunicado del CNA.
Advirtió que la comunidad internacional podría reconsiderar su apoyo financiero y técnico para el fomento de programas de desarrollo económico, social, y cultura por el incremento de la violencia, la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Insistió que la figura disuade la integración de organizaciones criminales, fortalece la cooperación judicial internacional y promueve la justicia.
Denunciar este tratado tendría graves consecuencias para la seguridad, la justicia y la estabilidad del país, concluyó. AG
