Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el mediodía de este miércoles en el Congreso Nacional (CN) una iniciativa de ley ciudadana respaldada con 12 mil 456 firmas y huellas para que no entre en vigencia el Decreto Legislativo 130-2017 contentivo al nuevo Código Penal.
En un comunicado el CNA, califica la normativa penal como “el Código Penal de la impunidad, porque es un instrumento que blinda a los corruptos y limita las libertades de los individuos, entre otras implicaciones”.
«Seguimos en este esfuerzo ciudadano para que este instrumento que protege la corrupción no se aplique, y este respaldo masivo que tiene la iniciativa, demuestra que hay un repudio colectivo contra esa legislación», dijeron representantes del CNA.
Esta herramienta jurídica debió entrar en vigencia el 10 de noviembre del presente año tras vencerse el periodo de vacatio legis, pero el Congreso aprobó una extensión por igual periodo, por lo que dicha norma tendría que comenzar a aplicarse el 10 de mayo de 2020.
«El Código Penal de la impunidad es un instrumento que los corruptos y la criminalidad organizada necesitan, porque está hecho a la medida de ellos no podemos permitir que entre en vigencia», remarcó la funcionaria CNA.
La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana establece que una iniciativa de ley puede ser presentada con las firmas de al menos tres mil personas y el Congreso está en la obligación de discutiría para su aprobación o no. De acuerdo a la normativa vigente, el Congreso Nacional tiene 30 días para resolver esta petición respaldada por la ciudadanía.
El personal del CNA realizó la recolección de todas las rubricas y huellas en una semana, en el Distrito Central, y bajo los parámetros exigidos por el Registro Nacional de las Personas.
El nuevo Código Penal de la impunidad reduce las penas para delitos contra la administración pública, crimen organizado y otros de violencia común, de acuerdo a lo denunciado por el CNA.
Para el caso, el Código Penal vigente establece una pena de 3 a 6 años por el delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos, pero en la nueva herramienta, la sanción privativa de libertad desaparece.
