Tegucigalpa – La directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, advirtió que el Gobierno debe aclarar si está aplicando correctamente lo establecido en las disposiciones generales del Presupuesto respecto al pago de prestaciones a funcionarios de servicio excluido, particularmente ministros y viceministros.
Rivera recordó que el Presupuesto General de 2021, se incluyó una disposición que permitía el pago de prestaciones a funcionarios de servicio excluido, disposición que originalmente sólo debía aplicarse a quienes pertenecen a la carrera administrativa. Sin embargo, explicó que en aquel momento hubo un fuerte rechazo social porque “la mayoría de los ministros y viceministros no hacen carrera administrativa, sino que llegan directamente a los cargos políticos”.
“Se presentaron muchas críticas de la población por el pago de prestaciones a ministros, porque estos puestos no corresponden a la carrera administrativa”, señaló Rivera.
Ante ello, la directora de Gobernanza Económica instó a revisar si la administración actual está respetando ese criterio y limitando el pago únicamente a quienes sí cumplen con los requisitos de carrera administrativa, lo cual excluiría a la mayoría de los altos cargos políticos.
Rivera también destacó que las disposiciones generales del Presupuesto son leyes transitorias, válidas únicamente para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que el Decreto 107-2021 no debería aplicarse automáticamente en la actualidad. No obstante, recordó que cada Gobierno define sus propias disposiciones anuales, lo que hace necesario examinar cuidadosamente las vigentes para 2025.
La representante de ASJ subrayó que el tema adquiere mayor relevancia al comparar montos presupuestarios: en el Presupuesto actual, dijo, se asignan 2,986 millones de lempiras para pagos de prestaciones de funcionarios y empleados públicos, cifra que supera lo destinado para la compra de medicinas.
Rivera advirtió que estas decisiones deben ser analizadas con rigor, ya que “los recursos públicos deben priorizar servicios esenciales” como salud, y reiteró la importancia de asegurar que las prestaciones se otorguen únicamente a quienes cumplen con la ley y no a funcionarios que no pertenecen a la carrera administrativa. LB
