Tegucigalpa – El ámbito en que se desenvuelven las mujeres, no las excluye que sean víctimas de acoso, maltrato, violación e incluso de una muerte violenta en Honduras, donde cada tres horas se consuma una transgresión a sus derechos y cada día se les arrebata una vida de forma trágica.
Desde la hondureña más estudiada hasta la que tiene menos preparación, desde la más longeva hasta la más joven, desde la ciudadana con linaje hasta la más humilde, todas ellas están expuestas al entramado de violencia que las denigra, las lacera, las vulnera, las minimiza e incluso las mata.
El último retazo mediático es la presunta violación de dos jóvenes estudiantes en la Escuela Agrícola Zamorano, donde uno de sus alumnos habría consumado el abuso en el interior de ese prestigioso recinto educativo.
Dos jóvenes universitarias abusadas
El hecho trascendió tras protestas a lo interno del centro de enseñanza superior, ubicado a 30 kilómetros al oriente de la capital hondureña. Decenas de alumnos viralizaron videos exigiendo se esclarecieran los hechos en los que dos de sus compañeras fueron objeto de supuesto abuso sexual.
Inmediatamente se dispararon las alarmas y los cuerpos de seguridad del Estado comenzaron la investigación para esclarecer los hechos de este nuevo abuso contra las mujeres.
Fiscales de turno del Centro Integrado de la capital, en las últimas horas lograron que un juez competente dictara la medida de detención judicial en contra del estudiante universitario Byron Exequiel Zamora Ordóñez, de 18 años y de nacionalidad ecuatoriana, a quien se le supone responsable del delito de violación agravada en perjuicio de dos compañeras, también de nacionalidad ecuatoriana, las víctimas y supuesto agresor cursan estudios de nivel superior en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano.
Las actuaciones de los fiscales responden a la denuncia que formalmente se presentó ante las autoridades competentes, en ese sentido, en atención al principio de legalidad y objetividad, fiscales coordinaron el trabajo correspondiente con la Dirección Policial de investigaciones (DPI) produciéndose la detención del sospechoso y la Investigación que arroja indicios de responsabilidad penal, razón por la cual, la Fiscalía presentó requerimiento fiscal por el delito de violación agravada contemplado en el artículo 249, numeral 3 en relación al artículo 251 del nuevo Código Penal en perjuicio de dos testigos protegidas.
Por lo anterior y continuando con el proceso penal, el juez dictó la medida de detención judicial estableciendo además el viernes 25 de marzo la audiencia inicial respectiva en donde en atención a los indicios racionales de la comisión del delito, la Fiscalía de Protección a la Niñez (FEP-Niñez) solicitará el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por la gravedad de los hechos supuestamente cometidos.
Teresita
El caso de Teresita, una niña de 12 años que fue abusada y luego asesinada en el occidente de Honduras, es otro retazo de crímenes sonados y emblemáticos que han marcado las escalofriantes escenas criminales de los últimos años.
El hecho ocurrió en enero de 2019, en la aldea Buena Vista, Santa Catarina, en el departamento de Intibucá.
La menor previamente le había informado a su madre que era objeto de intentos de abuso, pero el silencio jugó en su contra.
“Me dijo que alguien quiso abusar de ella, por si le pasaba algo”, reveló en aquella oportunidad, entre lágrimas, ahogada por el llanto, María Teresa Gómez, madre de la malograda niña Teresita, como le llamaban para diferenciarla del nombre de su madre, quien fuera ultrajada y luego asesinada con arma blanca en una calle de tierra solitaria de esa zona occidental del país.
El cuerpo de la menor quedó al lado de la calle de aquella fría mañana. Su madre, absorta, no daba crédito a lo ocurrido a su niña.
Con el corazón roto y los ojos hinchados por tanto llorar, la desconsolada madre exclamó: “Solo pido que las autoridades den con los responsables que le quitaron la vida a mi niña”.
Contó que Teresita le dijo que alguien la quiso agarrar a la fuerza: “‘Si algo sucede ya se lo digo…’, vaya le dije yo”.
Keyla muerta en posta
La muerte en el interior de una posta policial de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, es otro de los casos de abuso contra las mujeres.
La joven fue asesinada en febrero de 2021, bajo la custodia del Estado y su crimen no solo fue tipificado como un femicidio agravado, sino como un hecho que calza con los postulados del Protocolo de Minnesota, en vista que su asesinato sobrevino cuando estaba bajo la custodia del Estado. Uno de los implicados en este crimen es el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, y de acuerdo con el Ministerio Público, existe prueba contundente sobre su participación en el crimen de la joven enfermera.
El crimen de Keyla Martínez pone de fondo también el tema de la depuración policial y su inconcluso proceso de reforma, en tanto surgen denuncias sobre otros tipos de violaciones humanitarias suscitadas en la posta policial de La Esperanza, en Intibucá. Keyla Martínez podría dar pie a otras investigaciones en esa zona y en esa posta que podrían complicar la credibilidad policial, de capa caída.
Los fiscales e investigadores además determinan que existió manipulación en la escena del crimen por parte del mismo policía acusado.
Como se recordará, el MP a través del dictamen de la Dirección General de Medicina Forense reveló en su momento que la causa de muerte de la estudiante de enfermería fue por asfixia mecánica.
Angie, ¿dónde está?
Otro de los casos con los que arrancó este 2022 fue con el suceso de la joven universitaria Angie Peña, quien desapareció tras un viaje en una moto jet ski en la paradisiaca isla de Roatán, Islas de la Bahía. La familia de la joven en todo momento ha alegado que el caso es uno más de trata de personas, que Angie estaría viva, pero casi tres meses después no se ha dado con el paradero de ella.
Muchas incongruencias rondaron la desaparición de Peña. Mientras la familia aseguró se trató de un secuestro e incluso trata de personas, las autoridades policiales en todo momento afirmaron que la principal hipótesis fue un accidente.
Sin embargo, el cuerpo de la joven nunca apareció, pese a que la presunta moto en la que se transportaba fue hallada en Belice. Otros accesorios también fueron encontrados, pero nunca hubo un peritaje oficial -al menos público- que retratara que eran los que portaba la malograda universitaria.
El padre de la infortunada joven, Walter Peña, siempre sostuvo que su hija no estaba muerta y que fue secuestrada víctima de trata de grupos criminales que operan silenciosamente en la paradisiaca isla hondureña.
El paradero de Angie Peña sigue siendo un enigma, mientras su familia sigue clamando porque se llegue al fondo de las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió aquel fatídico 1 de enero.
Alejandra, abusada en centro turístico
Otro de los capítulos oscuros que retratan el abuso cotidiano que sufren las niñas, fue el ocurrido el 20 de abril de 2019 en un complejo hotelero en el municipio de Jutiapa en época de Semana Santa.
La víctima fue la hija de la jueza Flor de María Sosa, quien denunció que la niña fue abusada sexualmente en un complejo turístico en La Ceiba durante el asueto veraniego.
Los exámenes realizados por Medicina Forense confirmaron que la menor fue violada por tres hombres, contra quien el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal.
De acuerdo a las acciones de la Fiscalía y que se retratan en el requerimiento, la menor de 16 años fue llevada a una villa en un centro turístico de La Ceiba, donde los dos adultos y el menor de edad empezaron a consumir marihuana y le dieron a la niña licor, que de acuerdo a los análisis de laboratorio, contenía también droga (metanfetamina). La víctima intentó huir de sus agresores, con quienes forcejeó, sin embargo le fue imposible.
Después del trabajo investigativo de los agentes fiscales, junto a investigadores de la ATIC y Medicina Forense, se procedió a las acusaciones que de acuerdo al Código Penal vigente en su artículo 140 corresponde al delito de violación especial, ya que el o los sujetos para cometer la violación, intencionalmente disminuyeron o anularon la voluntad de la víctima utilizando sustancias sicotrópicas o estupefacientes.
Por este caso, la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a un segundo involucrado por la violación de la menor. El imputado responde al nombre de Luis José Ulloa, culpable del delito de violación simple en perjuicio de una menor de edad.
En esta misma causa, se condenó a siete años y seis meses de reclusión a un menor por participar en la violación de la menor Alejandra. PD
