San José – Una acusación por presuntos delitos en el financiamiento de la campaña electoral del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha atizado el conflicto que el mandatario tiene con el fiscal general, Carlo Díaz, y que le ha llevado hasta a encabezar una marcha para exigir su renuncia.
«Vinimos a cambiar las reglas del juego, a devolverle a usted (a la gente) una de las tres patas del Estado, se los aseguro con el corazón en la mano y sin temor a las amenazas de Carlo Díaz y las absurdas denuncias que me hace», declaró Chaves este miércoles en su conferencia de prensa semanal.
El pasado lunes la Fiscalía General de la República presentó ante la Corte Suprema de Justicia, una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra el presidente, Chaves; el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller, Arnoldo André; y los diputados Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera, y Waldo Agüero.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, «se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente», explicó la Fiscalía.
«Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político», agrega la acusación.
El Código Electoral de Costa Rica establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Esta es la segunda acusación que la Fiscalía General presenta en la que está involucrado el presidente Chaves y en la que solicita el levantamiento del fuero para investigarle.
La otra acusación fue presentada el pasado 7 de abril por concusión (un delito contra los deberes de la función pública), en relación a contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En ambos casos la Corte Suprema de Justicia deberá analizar las acusaciones y decidir, en un plazo no determinado, si traslada el asunto al Congreso para que discuta el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
Durante su Gobierno, el presidente Chaves ha mantenido una tensa relación con el Congreso, con el Tribunal Supremo de Elecciones y con el Poder Judicial, a los que suele acusar en sus conferencias de prensa semanales de no hacer su trabajo y de estar politizados para beneficio de la oposición.
Con el fiscal general la relación ha sido más tensa e incluso, en marzo pasado, Chaves encabezó una marcha junto a cientos de sus seguidores para exigir la renuncia del funcionario judicial, a quien ha calificado como «matón de barrio» y «títere».
Tras la primera acusación presentada en su contra, Chaves aseguró que se debió a que «es la primera vez que un mandatario en ejercicio desafía a la casta corrupta y ambiciosa».
En marzo pasado, el fiscal general calificó como un «preocupante ataque a la división de poderes» la marcha en su contra encabezada por Chaves y afirmó que es «una señal más del debilitamiento que él pretende de la división de poderes y de la institucionalidad».
Díaz dijo en ese momento que dos investigaciones que lleva adelante la fiscalía «son el motivo de esta manifestación». JS
