Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de aprobar los techos bajo los cuales se moverá el financiamiento de las campañas políticas a nivel electivo presidencial, de diputados y gobiernos locales, con máximos de más de 500 millones en el rango presidencial y mínimos de 1.3 millones para diputados y un poco más de 800 mil lempiras para municipalidades; todo ello sin que las reformas de la ley de política limpia hayan sido consideradas para un trabajo más efectivo en la fiscalización de los fondos que ingresan a las campañas.
El financiamiento de las campañas políticas y su control cobra mayor fuerza en este proceso electoral luego de que relatos de capos de la droga en cortes de Estados Unidos, en particular en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, revelaran cómo el dinero sucio del narcotráfico penetró la política a través del financiamiento de campañas.
Los testimonios de los capos fueron explícitos en cuanto a las formas de financiamiento, a cambio de protección de las autoridades en el trasiego de la droga y seguridad personal. Exalcaldes, exdiputados, exburócratas, hijos y hermanos de expresidentes y hasta un expresidente, Juan Orlando Hernández, fueron condenados por narcotráfico. Y también policías, expolicías y un jefe de la Policía Nacional fueron parte de ese entramado del narcotráfico y su penetración en la política.
Recientemente, un narco video en donde se ve al cuñado de la presidenta Xiomara Castro negociando en el 2013 con capos hondureños dinero para la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre), es una de las pruebas más claras y contundentes de los tentáculos de los carteles de la droga en la política hondureña.
Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, hermano del expresidente de la República y asesor presidencial, Manuel Zelaya, fue el protagonista de ese narco video en donde aseguraba que la mitad de los fondos que le dieran para la campaña serían para “el comandante” de Libertad y Refundación, un epíteto con el cual los activistas de Libre identifican al expresidente Manuel Zelaya. Su hermano, Carlos Zelaya, fue hasta hace poco secretario del Congreso Nacional a cuyo cargo renunció tras el narco escándalo del video, y también renunció a su puesto de elección popular como diputado por Libre por el nororiental departamento de Olancho.
Esas formas ilícitas de obtener recursos para las campañas políticas han puesto el acento en la necesidad de reformar la Ley de Política Limpia para poder detectar mejor la procedencia del dinero ilícito que ingresa a las campañas políticas, ya sea a través de la corrupción o por la vía del crimen organizado.
En septiembre de este año, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), visitó a los nuevos integrantes de la Unidad de Política Limpia para pedir que dejaran sin efecto un acuerdo emitido por esa dependencia en el 2018 que clasificaba como información reservada el financiamiento privado a los partidos políticos hondureños.
La “reserva” de la Política Limpia
Se trata del Acuerdo número 001-2018 de Clasificación de Información Reservada, emitido por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), aprobado el 16 de enero de 2018. El acuerdo clasifica como información reservada los datos individuales de personas naturales y jurídicas que realizan aportaciones privadas a campañas políticas, basándose, erróneamente, en el artículo 3, numeral 7, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El acuerdo -señaló Cespad- ha dejado sin efecto disposiciones fundamentales de la Ley Electoral y de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización que estipulaban la publicidad de los financiamientos y donaciones a las campañas electorales. Se le conoce como la Ley de Política Limpia.
También, deja sin aplicación parte del contenido de los artículos 35 y 36 de la Ley de Política Limpia, que garantiza el derecho de toda persona a acceder a la información de los partidos políticos en materia electoral, incluyendo los montos de financiamiento, estados financieros, registros de aportaciones, contratos y convenios, así como la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.
No obstante, la Unidad de Política Limpia sigue sin derogar esa reserva, mientras en el Congreso Nacional las reformas a la Ley de La Política Limpia no están dentro de las prioridades legislativas de cara a los comicios internos y generales del 2025. En marzo de 2025, los hondureños irán a comicios primarios e internos para escoger a sus candidatos en los tres niveles electivos, y en noviembre a elecciones generales para elegir un nuevo presidente, diputados, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.
Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), publicaron la Certificación 029-2024 en la cual anuncian los nuevos techos o montos autorizados para el financiamiento de las campañas políticas de cara a las primarias de marzo de 2025 y de las generales de noviembre de ese mismo año.
Los techos de las campañas siguen siendo altos, discrecionales y sin mayor control. El CNE acordó que el costo por voto ahora será de 43.25 lempiras y en función al costo del voto y la carga electoral, se acordaron los techos autorizados para ser usados en el financiamiento de la campaña electoral.
De esta suerte, en el nivel electivo presidencial el monto autorizado como límite de gastos para la campaña electoral es de 505 millones 277 mil 986 lempiras, una cifra extremadamente alta que no deja mayor blindaje para evitar que penetre el dinero sucio a las campañas políticas. La Unidad de Política Limpia poco o nada podrá hacer para poder detectar a tiempo la procedencia de todos los recursos que ingresen a las campañas.
Montos autorizados, reformas engavetadas
Los montos autorizados como límites para el gasto de campaña electoral a nivel de las alcaldías varían también según su carga electoral. Para el caso, el candidato a alcalde del Distrito Central que conforman las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela es de más de 71.3 millones de lempiras, San Pedro Sula, más de 44.7 millones; La Ceiba más de 10.3 millones, Comayagua arriba de 8.5 millones, Choluteca 9.8 millones, entre otras alcaldías.
Los montos mínimos para el gasto de campaña a nivel de alcaldes son de 314 mil lempiras, 647 mil lempiras otras, 1.1 millones. La municipalidad de Tocoa, para el caso, en el ojo del huracán por el narco video, tiene un techo límite de campaña de más de 5 millones de lempiras. En Olancho, el techo para alcalde de Juticalpa es de un poco más de 7 millones de lempiras, mientras que para Catacamas es de un poco más de 6 millones de lempiras.
A nivel electivo de diputados, los límites para el gasto en campaña electoral son un poco más de 4 millones para 11 departamentos, entre ellos Colón, Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso.
De los restantes 7 de los 18 departamentos, 6 tienen montos arriba de los 3 millones de lempiras para el nivel electivo de diputados, en tanto solo el departamento de Valle tiene montos inferiores, un poco más de 2 millones de lempiras.
Son las nuevas reglas con que se va a las campañas políticas y sus límites de financiamiento aprobado por el CNE, techos que siguen siendo altos, en especial en el nivel electivo presidencial y en algunas municipalidades. La Unidad de Política Limpia tiene aparte de la reserva de información para proteger a los partidos políticos, otros dos obstáculos: el Congreso no le ha aprobado mayor presupuesto, tampoco socializado ni dictaminado las reformas para fortalecer su trabajo de fiscalización de la procedencia de los fondos en las campañas políticas.
El financiamiento de las campañas sigue siendo discrecional y aunque los testimonios en la cortes estadounidenses y los narco videos difundidos revelan cómo penetran los narcotraficantes las campañas políticas para agenciarse protección, control y poder, las cúpulas de los partidos políticos y los congresistas en el Poder Legislativo, siguen dando largas a reformas que les permitan cerrar o bloquear el paso a quienes desde hace algún tiempo han hecho de Honduras una especie de hacienda particular: los barones de la droga. PD
