Tegucigalpa – El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya se presentó este jueves al Ministerio Público para presentar una serie de denuncias contra sus antecesores por “escandalosos actos de corrupción”.
– No aparecen más de 1 mil 500 vehículos de alta gama, así como centenares de cabezas de ganado que estaban bajo la administración de OABI, reveló Zelaya.
– Los hallazgos se generan luego de una auditoria en OABI. En el caso de Joya Grande se pretende sea una reserva natural.
Con un poco más de tres meses de haber asumido el cargo, el funcionario dijo que ha encontrado una serie de actos que involucran a empleados de la institución, abogados particulares y hasta proveedores.
El director de OABI llegó a las instalaciones de la Fiscalía hondureña en la capital del país y acompañó la denuncia con varias cajas de documentos que presuntamente respaldas las denuncias.
Entre las personas que habrías cometido los presuntos actos de corrupción figuran exdirectores, empleados, profesionales del derecho, personas ajenas de la institución e incluso proveedores.
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“Venimos de forma valiente a interponer las denuncias por la comisión de delitos de corrupción”, dijo el abogado Zelaya, quien detalló que entre los documentos presentados hay depósitos, cuentas de particulares, bienes que están a favor de la OABI y que no tienen usufructo, así como varias modalidades de operación para desfalcar las cuentas de la oficina.
Pidió al Ministerio Público que realice las investigaciones que corresponde y que se llegue hasta el fondo para castigar a los responsables de estos actos criminales en contra de la administración pública.
Reveló que hay más de 1 mil 500 vehículos de lujo que no aparecen por ningún lado y que desde hace algún tiempo están detrás de ellos pero sin éxito alguno.
Igualmente, hay decenas de cabezas de ganado que no aparecen e incluso en fincas que son administradas por la OABI más bien disminuyeron los semovientes que recibieron desde un inicio.
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En el caso específico del zoológico de Joya Grande, que administra la OABI tras ser incautado al grupo criminal Los Cachiros desde 2013, refirió que los personeros del Instituto de Conservación Forestal (ICF) constataron que los que administraban este lugar ponían a reproducir los animales para luego sacar beneficios personales.
“Queremos que se persiga a los que traspasaron bienes que estaban bajo administración de OABI”, clamó el funcionario.
Finalmente, constató que encontró dos embargos por 80 millones de lempiras y que además previamente encontraron que se pagaron 50 millones que fueron mal invertidos en situaciones de las cuales no hay respaldos documentales. JS
