Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Cuando en el 2006, Honduras celebraba contar con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que lo público fuera público, nadie imaginó que 18 años después, el derecho de acceso a la información fuera cada más restringido y hasta prohibitivo, justo cuando aún saboreaba la derogación de una lesiva Ley de Secretos bajo cuyo amparo se cometieron enormes actos de corrupción.
La asunción al poder del gobierno de la presidenta Xiomara Castro trajo consigo el cumplimiento de una promesa de campaña relacionada con la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos. Al amparo de esta legislación, aprobada en 2014, los gobiernos nacionalistas que presidió en dos períodos el expresidente Juan Orlando Hernández clasificaron como reservada información de interés público relacionada con contrataciones, compras, la tasa de seguridad, fideicomisos, entre otra información que debió ser conocida por la sociedad.
Los alcances de esta ley apenas empiezan a salir y cuando el gobierno de la presidenta Castro logró su derogación en el Parlamento, la acción fue celebrada y destacada a nivel nacional e internacional. Las esperanzas por reivindicar el derecho de acceso a la información pública recobraban fuerza en el país, como lo hacía también el deseo de instalar una misión de lucha contra la corrupción.
Pero ambas cosas, el acceso a la información pública y la llegada de la CICIH se empiezan a alejar del escenario nacional y de la lucha contra la corrupción.
La primera señal de alerta relacionada con el acceso a la información fue un decreto ejecutivo de casa de gobierno reservando, a fines de 2022, recién estrenando su gobierno, información relacionada con las contrataciones que realiza la Casa Presidencial, entre ellas licitaciones y contrataciones que se realicen desde el Despacho Presidencial. Asuntos relacionados con la alimentación, encuestas, monitoreos, comunicaciones, transporte y otros, fueron declarados como reservados y confidenciales. La medida la tomó en febrero de 2022, pero salió publicada en el diario oficial La Gaceta en noviembre de 2022.
Las reservas solicitadas por el gobierno
De acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública, el 2022 comenzó con las primeras cinco instituciones del gobierno de la refundación solicitando clasificación de información reservada o secreta, entre ellas el Sistema de Administración de Rentas (SAR), la cual fue otorgada en su totalidad. Las otras dependencias que ese año pidieron secretividad fueron el Instituto Nacional Penitenciario (otorgada parcialmente), el Sistema Nacional de Emergencia 911 (denegada), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, últimas que se mantuvieron en trámite y otra caducó en el tiempo.
Para el 2023, el número de instituciones que solicitó reserva de información subió de 5 a 11, la mayoría de esas solicitudes se encuentra en trámite, y entre ellas repite nuevamente el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Le siguen la Dirección de Gestión por Resultados, (2 solicitudes), la Secretaría en el Despacho de Energía, el Comité de Prevención contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes (Conaprev), el Consejo Nacional Anticorrupción (denegada), la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Defensa, y el Poder Judicial.
En el 2024, las solicitudes de información para ser clasificadas como reservadas son la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño del Transporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha pedido reserva, además, sobre la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, así como de la construcción del ferrocarril interoceánico. En lo que va del gobierno de la presidenta Castro, al menos 20 instituciones han solicitado reserva de información, según los registros del IAIP, que, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre la primera información secreta declarada por la Casa Presidencial en febrero de 2022 y publicada en noviembre de ese mismo año.
Los medios de prensa, que son entre los que más solicitan información pública, han denunciado que la mayoría de las dependencias públicas presentan restricciones al acceso a la información pública, bajo reservas que en su mayoría no llegan al IAIP como ente responsable de otorgarlas total o parcialmente o denegarlas como establece la ley de transparencia.
Reserva sobre la CICIH, el golpe final
La restricción del acceso a la información cobró protagonismo en las últimas semanas al trascender la decisión de la Cancillería de reservar información que estima amenaza la democracia y la gobernabilidad como son las negociaciones relacionadas con la eventual instalación en el país de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) que se mantiene con las Naciones Unidas.
Uno de los argumentos de la Cancillería es que las Naciones Unidas pidió la reserva, pero la representante de ese organismo en el país, Alice Shackelford, salió al paso al indicar que ellos no tienen problema en informar sobre las negociaciones y ofrecer información que estimen es de interés público y no pone en riesgo los acuerdos en tanto sean concretados. Una de esa información, por ejemplo, es el diagnóstico que entregaron los expertos sobre sus visitas al país, las recomendaciones y prioridades para poder avanzar hacia la instalación de la CICIH. El gobierno se ha negado a que esa información pública se difunda.
El acceso a la información pública no solo es negado a los periodistas y medios de comunicación en su mayoría, también a sectores de sociedad civil que dan seguimiento a temas claves para el país como Salud, Educación, Energía, Seguridad, Justicia y temas anticorrupción, entre otros.
A las acciones del Poder Ejecutivo y sus dependencias solicitando información secreta, se ha sumado la Corte Suprema de Justicia y también el Congreso Nacional, último que ha sido denunciado por los trabajos de auditoría hechos por el Consejo Nacional Anticorrupción, en vista que el legislativo se niega a rendir cuentas sobre el rumbo del dinero que otorga por subsidios o bonos a los diputados afines al oficialismo. Tampoco rinde cuentas sobre el uso de ayudas filantrópicas que otorga, y las respuestas desde la Secretaría del Congreso Nacional, es que esa información no está disponible.
Esas negativas y las denuncias de amenazas en contra de la libertad de expresión y de actores de sociedad civil que monitorean y denuncian la opacidad del actual gobierno, son parte de los informes de violaciones a los derechos humanos consignados en reportes internacionales como el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Relatora de la ONU para la Libertad de Opinión, Irene Khan y el más reciente informe de derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La reducción del espacio cívico, en donde se encuentra la libertad de expresión y el derecho y acceso a la información pública, avanza de forma preocupante en el país, destacan en sus informes estas instancias internacionales en sus reportes de derechos humanos, libertades públicas, seguridad e integridad, entre otros aspectos.
El acceso a la información pública es parte del derecho a la información y pieza clave en el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión porque permite que un ciudadano pueda exigir de sus autoridades información de interés público sin tener que acreditar para que la ocupa, pues es parte del principio de transparencia y rendición de cuentas que deben hacer los gobiernos. En Honduras, no hay Ley de Secretos, pero sí confidencialidad de información y reserva que sigue siendo lo mismo y emulando los vicios pasados: opacidad e impunidad. (PD)
