Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La segunda visita de la misión técnica de la ONU que se encuentra en el país para valorar la instalación o no de la CICIH, llega bajo un acentuado escenario de polarización y conflictividad social que pasa por la elección del Fiscal General y el Adjunto; el llamado de la presidenta Castro a salir a la calles para presionar por que se elijan esas nuevas autoridades, la derogación a medias de pactos de impunidad que impedían el combate a la corrupción, y la presión política porque se eliminen otros acuerdos relacionados con una amnistía política que ha beneficiado a imputados en hechos de corrupción.
La misión técnica de la ONU, según el canciller, Enrique Reina, en esta segunda fase se entrevistará con personeros relacionados con el sistema de rentas y aduanas, magistrados y jueces del poder judicial, el sector de la academia y otras instancias de sociedad civil que estimen pertinentes para sus análisis y radiografía del país de cara a la firma de un convenio que permita instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH), siempre y cuando ésta sea independiente, autónoma y con potestades para investigar y procesar judicialmente, según los entendidos.
Edmundo Orellana, exministro de Transparencia del gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, dijo que la instalación de la CICIH no sería este año, que lo más probable es que se haga en el 2024, pero mientras ese proceso llega, los responsables de la misión técnica se encuentran, en esta segunda vuelta, un país políticamente movido y polarizado, al cual se suman otros factores de conflictividad que incidirán en la elaboración de sus escenarios de riesgo para la conformación o no de la CICIH.
El primer escenario que hallan a su retorno es la elección del fiscal general y fiscal adjunto, pues el 1 de septiembre, por ley constitucional, debe haber en el país un nuevo rector al frente del Ministerio Público. La escogencia de esas autoridades son claves en los pasos a seguir en el combate a la corrupción y a la impunidad. La aspiración ciudadana es que sean autoridades que fortalezcan el Ministerio Público y hagan de la institución un contrapeso al balance del poder.
La elección del FG y el llamado de Castro
Una Junta Proponente escogió una nómina de cinco aspirantes que fueron enviados al Congreso Nacional para su elección, no obstante, las fuerzas políticas ahí representadas no terminan de ponerse de acuerdo y han entrado en una especie de estira y encoge que ha sembrado incertidumbre sobre si la elección se hará en la fecha prevista. Los intereses por el control político-partidario de la institución han aflorado de tal manera, que, rompiendo la independencia de poderes, la presidenta Xiomara Castro ha convocado a la militancia del partido en el poder, Libre, a nivel nacional, a movilizarse en las calles el 29 de agosto para “presionar” porque haya una elección de las nuevas autoridades en el Ministerio Público. La presidenta llama a las calles porque considera que su gobierno se encuentra “bajo ataque”, al no aprobarse leyes que desea al margen de los procedimientos establecidos.
Esa inusual convocatoria ha llevado a la oposición política representada en el Parlamento a pedir a la gobernante que mantenga el respeto a la independencia de poderes, que convoque a las fuerzas políticas a entablar un diálogo y consensos políticos, pero no a tratar de imponer por el uso de la fuerza y la intimidación una elección a la conveniencia del partido en el poder.
En el interín de ese llamado, las fuerzas de oposición política se han convocado para conformar una especie de coalición en defensa de la democracia, mientras el partido en el poder ve en esa iniciativa de la oposición, el fantasma de fuerzas conservadoras que buscan “desestabilizar” el gobierno de Castro. La pugna de fuerzas políticas se encuentra en pleno calentamiento. La nueva agrupación conocida como Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), sin fines electorales ya da sus primeros pasos y en él, además de partidos políticos también está abierta la convocatoria a las organizaciones de sociedad civil.
Previo a la llegada de la nueva visita de la misión técnica, el Congreso Nacional derogó dos pactos de impunidad que impedían el combate frontal a la corrupción. El primero estaba relacionado con reformas a la ley de lavado de activos que complicaban la labor del Ministerio Público y bajo la cual—mientras estuvo vigente—se beneficiaron numerosas personas acusadas por ese delito, entre ellas políticos y personas ligadas en actos de presunta criminalidad organizada como el narcotráfico.
Derogación parcial de pactos, presión por amnistía
El otro pacto que se derogó—parcialmente—fue el del fondo departamental bajo el cual se drenaron millonarios recursos de las arcas públicas para ir a parar a bolsillos y cuentas particulares, impidiendo la persecución penal efectiva del Ministerio Público. Los congresistas derogaron la ley especial que regulaba la figura del llamado fondo departamental, pero la figura sigue intacta porque es constitucional, y bajo la misma, pero con otro nombre, el actual Congreso Nacional sigue dando recursos a los diputados bajo la figura de subsidios o subvenciones, y según la Constitución debe haber una ley especial para entregar el dinero, la cual no existe actualmente.
La derogación de esos decretos, uno total, el otro parcial, ofrecían un ambiente menos hostil para la instalación de la CICIH, pero el principal partido de oposición en el parlamento, el Nacional, ha pedido que se derogue también otro pacto de impunidad ligado a una amnistía política bajo la cual más de una treintena de personas políticas ligadas al actual gobierno han obtenido el beneficio de la amnistía, aunque sus imputaciones han sido por hechos de corrupción.
El partido y el gobierno en el poder han cerrado filas en que derogar ese decreto es innegociable, y el pulso de las fuerzas se mantiene en el Congreso Nacional, que, en el caso de la elección del nuevo fiscal general y adjunto, la constitución establece que debe ser por mayoría calificada, es decir 86 votos, mismos que no tiene en este momento el partido Libertad y Refundación, en el poder.
De ahí que trascienda que una de las condiciones que estaría poniendo las Naciones Unidas para instalar la CICIH, es que ésta se convierta en una especie de acusador privado para poder llevar casos investigados a los tribunales de justicia, independientemente del Ministerio Público, partiendo del resultado que deje esa elección, donde el Ministerio Público puede impulsar los procesos de corrupción o bloquearlos, si la politización se vuelve extrema como parece ser la tendencia.
El canciller Reina ha negado que la ONU esté condicionando o que la misión técnica esté demandando reformas o derogaciones, aunque lo ha expresado en sus documentos: conocer el estado de reformas o derogaciones de leyes que impiden la lucha anticorrupción.
Los otros conflictos
La llegada de la misión técnica se produce también cuando ha retornado al país, tras un breve exilio forzado, la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien, a su regreso, en comparecencia pública dijo que volvía para ver a los corruptos en la cárcel y que el espacio público de las calles es del pueblo y que será terca en luchar porque en Honduras prevalezca la decencia y se recupere el Estado de Derecho.
Castellanos se hizo acompañar de varios líderes de sociedad civil y de cooperación, entre ellos la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, pero ambas fueron objeto de duros cuestionamientos por parte del gobierno, y en el caso de la representante de la ONU, su solidaridad con Castellanos le valieron fuertes y airados reclamos de la pareja presidencial y la cancillería.
Reclamos que se producen cuando los últimos sondeos de opinión pública reportan una caída en la imagen presidencial (36% de aprobación), cuestionamientos por baja ejecución presupuestaria y desencanto ciudadano por las promesas incumplidas, entre ellas la lucha anticorrupción.
A ese escenario de polarización política se suman otros escenarios de conflictividad política y social, que registran solo en el primer semestre de este año, un promedio diario de 40 conflictos, en su mayoría relacionados con la violencia y las violaciones al Estado de Derecho y su institucionalidad. Así lo informó en su último reporte la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
De los 242 conflictos registrados en el primer semestre de este año, 159 se relacionan con el Estado de Derecho y 49 de carácter institucional. Asimismo, 21 conflictos han sido políticos, 12 económicos y 1 de tipo electoral.
Los conflictos institucionales están relacionados con la falta de medicamentos en el sector salud, escuelas dañadas en educación, racionamientos de energía, ineficiencia de las juntas interventoras, la gente ha desplomado sus expectativas frente al nuevo gobierno. Honduras, señala el informe, en 16 años ha tenido 35 comisiones interventoras sin que se conozcan mayores resultados.
En los políticos y económicos destaca la falta de voluntad política real para la llegada de la CICIH, el tema de la reforma tributaria, la irregular adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), mientras que los conflictos relacionados con el Estado de Derecho destacan violaciones a los derechos humanos, asesinatos de defensores humanitarios, la violencia y masacres a causa de la inseguridad y bajo un estado de excepción parcial.
Son los escenarios que encuentra en esta nueva visita la misión técnica de la ONU, que previo a su partida, es posible que conozca cómo quedará confeccionada la nueva costura del fiscal general y adjunto; mientras ya tiene una percepción de la nueva corte de justicia electa, sus desafíos y primeros resultados. Son las atmósferas que preceden la lucha contra la corrupción. (PD)
