Tegucigalpa – La tensión por la Ley Tributaria subió un peldaño más en un ambiente de intranquilidad en el país con choques de gremios, como el transporte con funcionarios gubernamentales, mientras no se vislumbra la figura o institución que pueda mediar y convoque a un diálogo nacional que saque al país de la incertidumbre y lo coloque en las aguas tranquilas que le permita navegar hacia el crecimiento económico y el desarrollo social.
– El PL dice que apoyará la Ley Tributaria si llegan a consenso mediante un gran diálogo.
A pesar de los llamados del titular del Cohep, Mateo Yibrin, a que desde el gobierno se convoque a un diálogo social, la respuesta de la presidenta Xiomara Castro fue leer un comunicado donde se ordena a las fuerzas de seguridad investigar e identificar a los empresarios y partidos que financiaron y promovieron la manifestación pacífica de miles de trabajadores el martes en Choluteca.
Diversos sectores de la sociedad hondureña coinciden que en las democracias se debe permitir la protesta pacífica y no esperar sólo manifestaciones de apoyo o aplausos.
Desde líderes de la iglesia –como el obispo emérito de San Pedro Sula Ángel Garachana– que asegura no deben prevalecer los intereses partidarios antes que los de la nación, hasta otras reflexiones como la del expresidente del Cohep, Luis Larach, que pone el dedo en la llaga al manifestar que si no se fortalece el sistema democrático, Honduras va hacia un caos.
Uno de los alcaldes más insignes del país, Quintín Soriano de Choluteca, volvió a cuestionar a la presidenta Xiomara Castro por la decisión de convocar al Consejo de Defensa y Seguridad para investigar las multitudinarias protestas desde esa zona sur del país en contra de las reformas tributarias.
“No sé qué está pensando la presidenta, y le quiero hacer una pregunta, ¿por qué tiene que tuitear eso (convocatoria), yo cuando voy a corporación extraordinaria, mandó una nota a los regidores, pero no le digo a los medios de comunicación que pongan esto y lo otro. Yo no lo hago”, dijo tras cuestionar si esta acción se hace por amedrentar o por otro fin.
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El ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, mantiene un tono alto de confrontación con empresarios hondureños y no dudó en culpar a ciertos de ellos de estar detrás de las masivas protestas de Choluteca.
Ochoa no ha dudado en amenazar a los empresarios que se oponen abiertamente a las reformas tributarias.
En una participación en un foro televisivo en el que también participaba Marlon Ochoa, el empresario Víctor Wilson increpó: “Cuantos empleos y cuánto dinero ha invertido” y agregó que según sus proyecciones de aprobarse la legislación “se perderán de 100 mil a 200 mil fuentes de ingreso (empleos)” en la zona sur.
“Usted (refiriéndose a Ochoa) jamás ha invertido un cinco en este país, no ha creado ningún trabajo en este país, nunca se ha despertado en la noche diciendo cómo diablos voy a pagar la planilla, como diablos voy a darle futuro a esta gente, jamás”, reiteró la acusación Wilson.
De su parte, Ochoa aseveró que la iniciativa privada dilata a su conveniencia la aprobación de la Ley Tributaria.
Horas más tarde Ochoa, haciendo referencia a las empresas de Wilson, dijo que muchas camaroneras cometieron abusos en los usos de los incentivos y que enviará la documentación al Ministerio Público y adelantó que será de los primeros casos que investigará la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) de concretarse la misma.
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“Nosotros no estamos criminalizando la protesta, la presidenta lo que ha determinado junto al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es iniciar una investigación para ver si la movilización fue legítima o los empleados fueron coaccionados”, expuso.
Horas después a su comparecencia en el foro televisivo, Ochoa aseveró que un esquema de corrupción público-privada está detrás de la férrea oposición a las reformas tributarias y mencionó que desde el SAR preparan un expediente contra empresas del sur del país que han sido beneficiadas irregularmente bajo la figura de las exoneraciones e incluso -dijo- podría ser uno de los primeros casos que investigue la Misión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Es la segunda amenaza que realiza Ochoa a los empresarios del sur, ya que el miércoles había planteado a la prensa que la Secretaría del Trabajo sancionará a las empresas que apoyarán la marcha pacífica de miles de trabajadores realizaron el martes en Choluteca.
Mientras el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, llamó a los empresarios filibusteros “exonerados” que su aporte es poner una pulpería y los instó a “que se vayan de verdad y nos hacemos cargo. Nunca han sido productivos”, de acuerdo a lo que escribió en su cuenta de Twitter.
Conadeh pide respeto a la manifestación pacífica
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), afirmó que las protestas pacíficas no deben ser consideradas una amenaza al orden público o a la seguridad pública interna.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, fue contundente al señalar que no deben existir respuestas desproporcionadas por parte del Estado respecto a la manifestación pacífica, sus participantes, o sus organizadores, sea cual sea el contexto en que se realice el ejercicio de dicho derecho constitucional.
Advirtió que, en caso de no respetar ese criterio internacional, sobre el ejercicio del derecho a la protesta, se estaría en peligro inminente de que se declare la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violación a esos derechos básicos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Algo nunca visto, ni en años más duros
El exdiputado hondureño y analista nacional, Olban Valladares dijo que el actual gobierno está cometiendo muchos errores con respecto a la llamada Ley Tributaria.
Agregó que aunque los errores sean atribuidos a la presidenta Xiomara Castro, “me da la impresión que las personas de segunda y tercera fila, de esos que no arriesgan absolutamente nada y que al momento que las cosas salen mal, ellos se esconden”.
Valladares hizo suyas las palabras de Miguel Andonie que rezan: “no se fijen en el loco, búsquense al loquero”. Continuó afirmando que “me gustaría saber quién es el ideólogo, quienes están detrás en realidad, los nombres y apellidos, de los que se inventaron esa nueva modalidad de la ley que ha tenido tantos y tantos sinsabores y quien es el más loco todavía que le propone a la señora presidenta que convoque al Consejo de Seguridad como si este fuera un atentado contra la nación”.
Calificó como “desatinado e inoportuno” estar atizando el fogón porque entre más caliente se pongan las cosas, más le perjudica al gobierno porque en base a las encuestas ya anda dando tumbos.
Aceptó que en el país existe una mora histórica tanto en lo judicial y legislativo por alrededor de un siglo.
Sugirió que las reformas tributarias deben ser empujadas por el pueblo hondureño, que es el que las tiene que aguantar, soportar o respaldar.
Recordó que el país está retornando a los mismos métodos usados en el periodo 2006-2009 cuando el gobernante de turno decía “esta es mi ley y qué”.
El expresidenciable por el Partido Pinu-SD, acentuó que “jamás, ni en los regímenes más duros que hemos tenido se había dado que el Poder Ejecutivo amenazara al pueblo de no salir a las calles, eso es inconcebible”.
Citó que al partido en el poder -Libre- nunca se le prohibió salir a las manifestaciones, al tiempo que recordó que el actual gobierno es el resultado de la revuelta de las antorchas, que fue una protesta pública, espontánea, propia del pueblo.
Diálogo para resolver las diferencias
Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, tachó la decisión de convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para abordar una marcha pacífica contra una determinada ley como incorrecto.
“No es correcto, no es congruente, tenemos un derecho de protesta, de cualquier índole, uno puede protestar de forma pacífica, ese derecho nadie lo puede cuestionar, es un derecho que nos garantiza la Constitución, que debe ser respetado sobre todo por el gobierno de la República”, dijo.
Facussé mencionó que la persona que asesora a la presidenta Castro lo está haciendo mal. “Si existe una preocupación genuina de un sector, deben ser escuchados, se debe llamar a una conversación para disipar las dudas, pero no debe ser en base a una amenaza que vamos a resolver las diferencias, debe ser en base al diálogo, ese es el instrumento que todos debemos reconocer para solventar las diferencias”, describió.
Insistió que la Ley Tributaria -tal como está redactada- le restará competitividad al país en el caso que sea aprobada.
Ejemplificó que en el caso de la renta mundial, si existe una empresa hondureña que vende en Guatemala, ellos pagarán impuestos en ese país, pero también en Honduras. Lo que sucederá es que la empresa cambiará su domicilio a Guatemala, y eso se conoce como fuga de capitales.
El representante de los empresarios de Cortés, dijo que el proyecto de Ley Tributaria se ha llevado con mucha prisa, con el afán de presentarlo a China porque vendrán a invertir al país.
“Mi llamado es buscar los espacios de diálogo, si hay que sentarse en una habitación el sector público y privado, para revisar artículo por artículo, hay que hacerlo hasta lograr puntos de consenso. De nuestra parte siempre vamos a tener apertura para un diálogo nacional”, expresó.
Liberales hablan de intimidación
El Partido Liberal rechazó la “acción intimidatoria contra el ejercicio legítimo del derecho a la protesta” en relación al comunicado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) leído por la presidenta Castro en relación a la protesta pacífica de miles de trabajadores en Choluteca.
“El Partido Liberal desaprueba en voz alta, cualquier amenaza del poder público que intente restringir los derechos de los ciudadanos de ejercitar la más grande de las libertades, como lo es la libertad de pensamiento y expresión”.
En el comunicado, el Partido Liberal “condena que el Gobierno de la República, que lidera el CNDS, prefiera verse déspota, antes que liderar, un diálogo alrededor de la propuesta de reforma tributaria”.
Previamente el presidente de los liberales, Yani Rosenthal, había dicho que la “Constitución autoriza a los partidos a oponerse a las acciones déspotas de los gobiernos”.
Se criminaliza la protesta
De su lado, el pronunciamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para comenzar a investigar a los autores de una marcha en Choluteca en contra de la Ley Tributaria va encaminada hacia una criminalización.
Así lo señaló el defensor de los derechos humanos, Wilfredo Méndez, quien dijo que el pronunciamiento del CNDS sobre una manifestación pacífica en la zona sur es “desproporcional”.
“La criminalización no ha empezado porque no se ha requerido a ninguno de los jóvenes que estuvieron en la protesta, pero todo va encaminado hacia la criminalización”, reiteró Méndez.
Continuó que desde el momento que aparece la presidenta Xiomara Castro leyendo un comunicado de esta naturaleza “es dando instrucciones para que se mueva el sistema de justicia y se empiece a criminalizar”.
Méndez lamentó que haya una intención de criminalizar a quienes financiaron, promueven y participaron en esta manifestación.
Cuestionó la asesoría que recibió la mandataria hondureña respecto a este tema en particular a nivel de derechos humanos.
Si yo voy a manifestar tengo todo el derecho porque la Constitución me lo garantiza, así como los convenios internacionales, aunque no significa que vaya a causar graves daños, aseveró.
Refirió que las facultades del CNDS son la defensa, seguridad nacional e inteligencia, no andar discutiendo de protestas sociales.
El mensaje que se manda con esta resolución es malo en cuanto a la idea que la protesta social se está reprimiendo, los derechos y garantías de la movilidad social está teniendo una reacción desproporcionada, alertó.
Afirmó que en Honduras ha habido financiamiento de manifestaciones de todos lados, desde Estados Unidos hasta Venezuela. PD
