Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Estigmatización, acoso judicial y digital, amenazas psicológicas, exilio, ataques físicos y vigilancia estatal, son tácticas de intimidación contra la prensa que se repiten en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, con el Estado como el principal agresor contra la prensa.
– Además de los ataques de los funcionarios, están los narcotraficantes y las maras que silencian.
– En El Salvador, el propio presidente Nayib Bukele estigmatiza a la prensa.
Así lo destacaron organizaciones de libertad de expresión de la región, al pedir a los Estados de los países del Triángulo Norte, mecanismos de atención oportuna para defender la libertad de prensa en América Latina, donde 39 periodistas fueron asesinados en 2022, haciendo que esta región sea en la actualidad la más letal y peligrosa para la prensa.
Las estadísticas indican que el 70 % de los ataques a la prensa son perpetrados por personas servidoras públicas, reveló Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Liberta de Prensa (Flip) en el marco de una conferencia de prensa para exponer la escalada de violencia contra los periodistas en Centroamérica.
La situación es tan alarmante que, al evento, que contó con representantes de organizaciones de Brasil, El Salvador, Colombia y Honduras, no pudo llegar la representación nicaragüense, ante las dificultades para salir de su país.
Una verdadera democracia
Con el Estado como el mayor agresor contra la prensa, los periodistas de la región viven un estado de indefensión.
“En una democracia debe haber diferentes ideas, deben circular diferentes informaciones y los funcionarios sencillamente, estar atentos a pedir el derecho a rectificación, no criminalizar el ejercicio del periodismo con los delitos contra el honor, con querellarnos, con llevarnos a ante los tribunales de justicia, sino sencillamente aclarar situaciones si las consideran”, afirmó la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodeuh), Dina Meza.
La defensora de derechos humanos recordó que los periodistas están en la obligación de informar a la población. “Al poder público no le gusta que informemos, le gusta tener oculta toda esta información y de ahí, que debemos fortalecer el periodismo de investigación para que salga a la luz todos los asuntos que son de interés ciudadano, no de interés de medios, de políticos o de grupos de poder”, puntualizó.
La periodista también mencionó que además del ataque ejercido por funcionarios, en el país hay temas silenciados, como narcotráfico, violaciones de derechos humanos, militarización, maras y pandillas.
La situación en El Salvador también es preocupante. “En el 2018 pasamos de 65 vulneraciones a la libertad de prensa donde el principal actor eran las pandillas y en 2022 cerramos con más de 240 casos en donde el principal agresor es el Estado salvadoreño, empezando por una narrativa estigmatizante desde el gobierno central con el propio presidente (Nayil Bukele)”, detalló la presidenta de la Asociación de Prensa de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo.
En Guatemala la libertad de expresión no solo no presenta buena salud, la Asociación de Prensa de Guatemala, ha denunciado en varias ocasiones que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, además de ser intolerante a la crítica, ha comenzado una serie de ataques y censuras contra los periodistas, siendo los medios comunitarios vulnerados en sus derechos constantemente.
(Leer) Honduras fue escenario de 50 hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en 2022
Mecanismo de protección
En Honduras, uno de los 4 países que cuentan con mecanismo de protección, este no es una opción para salvaguardar la vida del gremio. “Después de un gobierno a cargo de un presidente vinculado al narcotráfico, esperábamos una transición con preponderancia hacia la protección de los derechos humanos, donde la libertad de expresión fuera un eje fundamental, pero esa pluralidad se ve empañada por más violencia hacia los periodistas”, lamentó Bock.
La representante de Reporteros sin Fronteras (RSF), Bia Barbosa, dijo que desde hace un mes y medio están a la espera de que el Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que fue creado por ley en 2015, pueda darle una cita para hacer una cooperación técnica en materia de recomendaciones.
(Leer): Prensa hondureña en situación “muy grave”, según Clasificación Mundial Libertad de Prensa 2022
Barbosa dijo que, al hacer el diagnóstico de los organismos de protección de Brasil, México, Colombia y Honduras, hace un par de años, “hubo buen diálogo” con las autoridades anteriores y observó que ya había muchas limitaciones como falta de presupuesto y personas, pero al cambiar funcionarios, “se rompió el diálogo”.
Entre las recomendaciones realizadas por RSF apunta hacia la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Protección y el Comité Técnico (el órgano que delibera sobre los casos) debe plantearse a la mayor brevedad.
También señalaban la necesidad de un debate que involucre a la sociedad civil sobre la reforma de la Ley de Protección que instituyó el mecanismo.
Sin voluntad política
“Estamos en un estado de indefensión porque inclusive el Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia prácticamente está desarticulado”, dijo Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), quien abandonó el mecanismo en julio de 2022, ante esta inoperancia.
(Leer) Honduras no tiene Mecanismo de Protección, habrá denuncia ante la CIDH: Carlos Ortiz
El periodista detalló que en la actualidad “no hay capacidad instalada, no hay recursos financieros, el personal que llegó no ha sido capacitado, y lo más grave, no hay voluntad política. Si hoy, algún periodista recibe amenazas, yo le digo, no acuda al mecanismo de protección porque prácticamente no existe”.
En ese sentido, el periodista considera que situación del periodismo en Honduras es grave, “aunque no hayamos tenido asesinados en los últimos meses, pero las agresiones psicológicas y físicas están a la orden del día, y los más grave es que sea desde los mismos funcionarios públicos que están agrediendo a la prensa”, lamentó. Ortiz dijo que mientras no se normalice la situación en el mecanismo de protección y mientras no exista una voluntad real de la presidenta Xiomara Castro, será difícil.
Una sola voz
Tomando en consideración los retos que enfrenta el ejercicio del periodismo en la región, los representantes de las organizaciones de libertad de expresión coincidieron en que los periodistas deben hacerse una sola voz, para poder hacerse escuchar.
Dina Meza mencionó que lo primero que deben hacer los periodistas es fortalecerse en seguridad y mencionó las acciones que realiza Asopodehu encaminadas a ese fin.
“Hemos ayudado a sacar del país a alrededor de 14 periodistas desde el golpe de Estado. Ellos están asilados en otros países. También hemos acompañado internamente a periodistas desplazados que han tenido que salir de sus comunidades y también hay redes de periodistas a quienes estamos apoyando para que ejerzan su derecho a la libertad de expresión”, detalló.
Las redes y gremiales juegan un papel importante para la promoción de estos mecanismos de prevención y atención de casos contra el periodismo, afirmó Meza, al reiterar que el Estado debe implementar mecanismos de protección que sean realmente efectivos y funcionales. VC
