Tegucigalpa – El reporte del Departamento de Estado de la Unión Americana, sobre las prácticas de derechos humanos en Honduras durante el 2022 destacó que se utilizó retroactivamente una ley de amnistía aprobada el 2022 para que 24 exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya (2006-2009) limpiaran casos de corrupción.
– Se destaca la ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). “Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción”.
El informe destacó que el país registró unas elecciones libres; la prevalencia de como torturas y casos de tratos crueles por parte de agentes del Estado; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios; corrupción gubernamental grave y un sistema de justicia débil.
El gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas, concluye el reporte.
Proceso electoral y transparencia
Los observadores internacionales generalmente reconocieron las elecciones, donde los hondureños eligieron a Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre), “como libres, justas y transparentes”, aunque hubo denuncias de irregularidades durante el proceso.
En el tema de corrupción, el informe señala que las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad.
Entre los numerosos informes de corrupción gubernamental, se destaca la ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). “Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción”.
Asimismo hace mención a la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos. La sociedad civil había criticado la ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizarán la clasificación de documentos para ocultar la corrupción.
También menciona las condenas contra la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por fraude y malversación de fondos públicos y contra Marco Bográn, exfuncionario encargado de realizar contratos de alivio de la pandemia de COVID-19 con empresas privadas; y la acusación contra Gabriel Rubí, y a otros dos exfuncionarios de gobierno por la compra de un hospital móvil.
Seguridad ciudadana
El Departamento de Estado de EEUU señala que hubo varios informes de que el gobierno de Honduras cometió homicidios arbitrarios o ilegales, algunos realizados durante operaciones policiales.
“EL Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó dos homicidios arbitrarios o ilegales a manos de las fuerzas de seguridad hasta agosto”, detalla el informe tras enlistar la muerte de Wilson Ariel Pérez Hernández a manos de la unidad antipandillas y “el asesinato de Keyla Martínez en febrero de 2021 en La Esperanza, Intibucá”.
Asimismo, señala el avance de la violencia perpetrada por los grupos criminales al seguir cometiendo asesinatos, extorsiones, secuestros, trata de personas e intimidación de policías, fiscales, periodistas, mujeres, defensores de derechos humanos y otros.
“Los principales centros urbanos y las rutas del narcotráfico experimentaron las tasas más altas de violencia”, puntualiza.
El informe menciona el asesinato del Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y a otras tres personas en un ataque selectivo en Tegucigalpa, cometido el 14 de julio por presuntos miembros de la pandilla MS-13 que vestían uniformes de unidades antipandillas. También señala el hecho de que las autoridades siguen buscando a los individuos que ordenaron el homicidio.
También hace referencia a la muerte de líderes de los derechos indígenas, como Pablo Hernández que siguen en la impunidad, así como el procesamiento de más involucrados en el asesinato en 2016 de Berta Cáceres. En el caso de la líder ambientalista, se menciona la condena a Roberto David Castillo Mejía a más de 22 años de prisión por su papel como uno de los presuntos coautores de su asesinato.
Abuso policial
Las denuncias de presuntos abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en las calles y en los centros de detención, prevalecen en Honduras.
Conadeh reportó 31 casos de presunta tortura o tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad hasta agosto, mientras que el Ministerio Público recibió 10 informes de este tipo hasta julio.
El cuasi-gubernamental Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) recibió 28 denuncias de uso de tortura o tratos crueles e inhumanos hasta septiembre.
Entre estos, el reporte enlista la presuntamente detención y tortura a los defensores garífunas, Luis Alberto Gutiérrez y a Leonard Brown.
“La corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad”, cita el documento, donde además refiere que hubo investigación de los abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares.
Cárceles
El Departamento de Estados de EEUU señala en este informe “la incapacidad del gobierno para controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones”, donde las condiciones carcelarias eran duras y, en ocasiones, amenazaban la vida debido a la violencia generalizada relacionada con las pandillas.
El hacinamiento, el acceso insuficiente a alimentos, agua y suministros médicos, la violencia y presuntos abusos por parte de funcionarios penitenciarios, siguen latentes, así como los largos períodos de detención preventiva. Casi el 46 % de las personas encarceladas estaban en prisión preventiva.
Conaprev reportó 17 muertes violentas en cárceles hasta septiembre, incluso en las de máxima seguridad.
Por otra parte, menciona las mejoras realizadas tras la transferencia del control del Instituto Nacional Penitenciario a la Policía Nacional, como parte de una iniciativa del gobierno para desmilitarizar las cárceles.
Detención arbitraria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que las autoridades no hicieron cumplir la prohibición del arresto y la detención arbitrarios.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó 33 casos de arresto arbitrario hasta agosto. El Ministerio Público registró 11 casos de supuesta detención ilegal o arresto arbitrario hasta septiembre.
“La ineficiencia judicial, la corrupción y la insuficiencia de recursos demoraron los procedimientos en el sistema de justicia penal, y la detención preventiva prolongada fue un problema grave”, señala el reporte de respeto a los derechos humanos.
Además, refiere que “la ley establece un poder judicial independiente, pero el sistema de justicia no contaba con suficiente personal ni equipo, a menudo era ineficaz y estaba sujeto a intimidación, corrupción, politización y patrocinio”.
“Los bajos salarios y la falta de controles internos hicieron que los funcionarios judiciales fueran susceptibles de soborno. Poderosos intereses especiales, incluidos grupos delictivos, ejercieron influencia en los resultados de algunos procesos judiciales”, cita el informe del gobierno estadounidense.
El reporte recuerda que la ley hondureña establece el derecho a un juicio justo y público; sin embargo, señala que “el poder judicial no siempre hizo cumplir estos derechos”.
Libertad de expresión
Para la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, aunque muchos medios de prensa estaban alineados políticamente, la prensa y las normas democráticas prevalecientes se combinaron para promover la libertad de expresión.
También indica que el gobierno asignó un presupuesto de 20 millones de lempiras ($796.000) para operar un mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores del sector judicial.
Aunque en el registro se brindó protección a 11 periodistas y 16 comunicadores de redes sociales, el informe señala que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su preocupación por la implementación deficiente de la ley.
Las muertes de comunicadores siguen en Honduras. El informe registra el asesinato al periodista de Metro TV Ricardo Ávila en Marcovia, Choluteca.
“Los periodistas y otros miembros de la sociedad civil informaron que se autocensuraban por temor a las críticas, el acoso y las represalias por parte del gobierno y sus partidarios. Otros denunciaron actos directos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios del gobierno o simpatizantes por criticar públicamente al gobierno”, cita el reporte.
La autocensura también fue usada como mecanismo de defensa ante grupos criminales, organizaciones de narcotraficantes o funcionarios gubernamentales corruptos. Pero, también, según el documento los medios también se autocensuraron para evitar perder lucrativos contratos publicitarios con el gobierno.
El informe hace mención al decreto ejecutivo del 16 de septiembre, para la creación de una Dirección General de Información y Prensa dependiente del Ministerio de Planificación Estratégica. “El gobierno señaló que el decreto era para organizar mejor sus propios esfuerzos de relaciones públicas y no tenía la intención de monitorear o controlar el contenido”, indica el informe.
Migración insegura
Aunque el gobierno no restringió las libertades de reunión y asociación pacíficas, el reporte sí dice que “había áreas donde las autoridades no podían garantizar la libertad de movimiento debido a la actividad delictiva y la falta de una presencia significativa del gobierno”.
En general, el gobierno no impidió la libertad de movimiento interno, viajes al exterior, emigración y repatriación, sin embargo, “los migrantes en tránsito, las poblaciones desplazadas por la fuerza y los solicitantes de asilo con casos pendientes eran vulnerables al abuso y la explotación sexual por parte de organizaciones criminales”.
En Honduras, “las mujeres, los niños y las personas LGBTQI+ eran especialmente vulnerables al abuso”, cita el reporte, que agrega que “los migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables en tránsito continuaron enfrentando graves riesgos de seguridad en las zonas fronterizas.
La inseguridad ha obligado a miles de hondureños a dejar sus hogares. El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estimó que había aproximadamente 247,000 personas desplazadas internamente debido a la violencia en el país a partir de 2021.
“La actividad de las pandillas, incluidos los ataques y la explotación de los no miembros, fue el principal contribuyente al desplazamiento interno relacionado con la violencia”, refiere.
Por otra parte, se estima que 937,000 personas fueron desplazadas por la fuerza por los desastres naturales de 2020.
Referente a la violencia contra las mujeres, el reporte señala en primer lugar que la ley no tipifica como delito la violencia doméstica y que, en todo caso, esta no se aplicó de manera efectiva.
Las mujeres experimentaron demoras en el acceso a la justicia debido a que la policía no procesó las denuncias de manera oportuna o los funcionarios del sistema judicial postergaron la programación de las audiencias.
Criminalización por orientación sexual
En Honduras no existen leyes que penalicen la conducta entre personas del mismo sexo, sin embargo, las ONG informaron que la policía u otros agentes del gobierno incitaron, perpetraron, aprobaron o toleraron la violencia contra las personas LGBTQI+.
La impunidad por tales crímenes es alta. El Ministerio Público reportó 17 muertes violentas de personas LGBTQI+ hasta septiembre.
Las ONG reportaron 33 muertes violentas hasta octubre y 17 crímenes de odio contra personas LGBTQI+ hasta agosto.
En tanto, las personas con VIH y SIDA continuaron siendo objeto de discriminación y sufrieron de manera desproporcionada la violencia de género. PD
