Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El gobierno inició varias “batallas” en forma simultánea para hacer frente a males que golpean a la población en general, con la finalidad de llevar estabilidad y seguridad a los hogares y empresas para lo cual emprendió una lucha contra la extorsión y la subida de precios, dos de las mayores hemorragias que desangran a Honduras. Enfrentar el hoyo financiero de la estatal energética, atacando el robo de energía, es otra “guerra” que mediáticamente ya iniciaron en ciudades del país, en operaciones dirigidas por la plana de la ENEE.
Justamente a las puertas de diciembre, el mes con las mayores demandas de consumo de los ciudadanos y cuando los criminales intensifican sus actividades por el pago del aguinaldo, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro activó una “guerra” contra la extorsión activa, cuando lanzó el Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos.
La medida venía siendo reclamada por la población en general, pero especialmente por el sector transporte y los pequeños y medianos empresarios que se sienten agobiados por tener que pagar a las cada vez más numerosas bandas criminales que exigen el pago, de lo contrario atentan contra la integridad física de las personas del rubro, unidades o los negocios.
La iniciativa presidencial ha sido recibida con alivio por la mayor parte de los afectados y con reservas por sectores que considera que no hay medidas nuevas, además de enviar a los policías y militares a las calles y puntos fronterizos para atacar a las bandas organizadas y a las maras que son los principales responsables.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), hasta los dirigentes de los partidos de oposición política, como el liberal Yani Rosenthal, venían señalando que la extorsión golpeaba a todos los sectores y que se le había ido de las manos al gobierno.
Los transportistas y los locatarios de mercados realizaron protestas para llamar la atención del gobierno en cuanto a que no soportaban tanto pago de extorsión a diversos grupos criminales y las amenazas a muerte que estos proferían e incluso ejecutaban contra sus víctimas.
Es tal el nivel a que se ha llegado en este campo de la llamada economía criminal que un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) estimó que los hondureños y las empresas pagan unos 18 mil millones de lempiras al año al mundo del crimen, lo que equivale al 3% del producto interior bruto (PIB).
El referido estudio señala que más de 200 mil hogares hondureños han sido golpeados por el mal y se han visto obligados a pagar a los delincuentes para proteger sus vidas.
Apoyos y dudas
La iniciativa presidencial ha recogido apoyos y dudas de los diversos sectores políticos, económicos y sociales.
Algunos señalan que toda lucha contra la extorsión debe contar con una continuada depuración de las fuerzas policiales, a cargo de su combate, ya que indican que muchos agentes participan de la misma.
Desde el sector de la micro y pequeña empresa, Victorino Carranza, expresó la poca confianza en el plan, alegando la falta de continuidad en la depuración policial y militar como uno de los factores.
También señaló que se debe apoyar a su sector, ya que es el generador de empleo, otro de los puntos que a su juicio debe contener toda política contra la extorsión.
Mientras, el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, dijo este domingo que acompañarán la iniciativa gubernamental contra el crimen, pero señaló que realizarán propuestas a la misma.
Una de ellas, indicó, consiste en decretar un desarme general y una veda en la venta de armas de parte de las instancias gubernamentales.
Señaló Maldonado que el plan no se debe concentrar únicamente en sacar a la calle a los policías y militares, ya que ello solo es una parte.
También solicitó que se tenga control en la venta de los llamados chips telefónicos y pidió a las compañías celulares que inicien una campaña para verificar los clientes que tienen.
Indomable subida de precios
Otro mal que golpea todos los días a los hogares del país es el incremento de precios de la canasta básica en los mercados de la nación.
Y aquí parece que la lucha gubernamental está cuesta arriba, ya que la tarea a cargo de controlar la escalada de precios está a cargo de una raquítica fuerza civil, la unidad de la Dirección del Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
A diferencia de los organismos de seguridad que cuentan con más de dos docenas de miles de integrantes, la agencia civil a cargo de controlar el valor de los alimentos no llega ni a 100 funcionarios a nivel nacional.
Este domingo tanto en Tegucigalpa como en La Ceiba se anunciaron alzas en los precios de los frijoles y la carne de cerdo, mientras previamente se había comunicado de incrementos en varios alimentos.
El propietario de un puesto de venta en el mercado San Miguel de Tegucigalpa, Tomás Cruz, dijo que solo la carne de cerdo ha tenido un aumento de seis lempiras en canal los últimos 15 días, por lo que se vieron obligados a incrementar el valor al consumidor de 60 a 65 lempiras la libra, un alza de cinco lempiras, absorbiendo los comerciantes el lempira restante.
Cruz dijo que ya fueron advertidos por los comercializadores mayores que antes del 24 de diciembre se registrará otra alza de precio a la carne de cerdo.
La carne de cerdo es uno de los platillos más utilizados en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, tanto para la preparación de los tamales, como el tradicional plato de cerdo en la cena de estas dos festividades.
Cruz se quejó que los funcionarios de la SDE sólo llegan a los mercados a preguntar el valor de venta de los alimentos, pero nunca preguntan a cuánto compran los mismos. Afirmó que, si no les incrementarán a los detallistas, no habría alza a los consumidores finales.
Mientras la medida de frijoles (cinco libras) se reporta ya a 125 lempiras, lo que representa un incremento de cinco lempiras en relación a la última semana y el 100% en relación a la mitad del año.
Y en las ferias de Tegucigalpa se mantiene la venta racionada de huevos, a un cartón por comprador, ya que existe una oferta limitada de acuerdo a los vendedores, algo que es inusual en esta temporada donde su consumo se dispara.
Energía
Aunque no la presenta como una “guerra” que enfrenta el gobierno de Castro comenzó el viernes una campaña para reducir las pérdidas de la estatal ENEE, el principal hoyo financiero y fiscal del Estado.
La medida, como en las fallidas iniciativas del pasado, busca reducir en 18 puntos las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Para ello el gobierno lanzó operativos para evitar el robo de energía, pero se desconoce un plan integral para reducir las pérdidas en la distribución, entre otros factores considerados vitales para sacar a la energética del descalabro en que se ha encontrado en las últimas décadas.
