Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El problema de tierras y de minería en el Bajo Aguán, las demandas de empleo, el repunte de la inseguridad, el tráfico de drogas, entre otros reclamos, hacen que la conflictividad en Honduras se concentre en el primer bimestre de este año, en tres departamentos claves, en medio de una transición política del país que no solo responde a un cambio de gobierno, sino a reclamos más profundos relacionados con la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Un total de 94 conflictos de diversa índole se instalaron en los primeros meses del año, destacando entre ellos la crisis política interna que tuvo Libertad y Refundación, Libre, el partido en el poder, antes de asumir el control del país el 27 de enero de 2022. La llegada de la nueva gobernante hondureña, Xiomara Castro, estuvo marcada por la crisis de Libre y las dos directivas del Congreso Nacional, que por más de dos semanas copó los espacios de mediáticos y de opinión pública.
Ese hecho disparó los niveles de polarización en el país y relegó otro conflicto político pendiente: la repetición de elecciones a nivel de gobiernos locales en Wampusirpi en Gracias a Dios y en Duyure, en Choluteca. Este tema sigue pendiente y deberá dilucidarse cuando se nombre el miembro que hace falta en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La crisis política interna de Libre que se extrapoló al Congreso Nacional y quiso abarcar otros poderes del Estado, logró conjurar parcialmente con un arreglo político interno en el cual se termina reconociendo una de las dos directivas paralelas instaladas, como es la que preside Luís Redondo, que poco a poco va asentando su ejercicio de poder y teniendo hasta algún reconocimiento internacional, a pesar de los vacíos legales que anteceden su mandato y que siguen siendo una potencial espada de Damocles sobre la directiva.
Otro conflicto político que ha disparado también los niveles de polarización se relaciona con la aprobación y entrada en vigor de la amnistía política amplia e incondicional para presos políticos y de conciencia. El debate al respecto se ha acalorado y aunque el Partido Salvador de Honduras (PSH) anunció la introducción de una reforma al decreto para dejar claro que no abarca delitos de corrupción, la iniciativa aún no ha ingresado al Parlamento y por lo que se palpa en el pulso político al parecer eso ya no ocurrirá.
Estos conflictos políticos relacionados con el Estado de Derecho son parte de otros reclamos que ha enfrentado el país y el nuevo gobierno, según el más reciente informe de conflictividad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que hace énfasis en el tema de la inseguridad y el repunte de las masacres a causa de la violencia, como hechos que también vulneran el Estado de Derecho y la institucionalidad. Los conflictos ligados al Estado de Derecho son 26, del total de los 94 registrados, sostiene el informe de la ASJ.
Desglose de la conflictividad
De lado económico, el informe de la conflictividad registra 40 conflictos, ligados a protestas sanitarias por empleo y cumplimiento de contratos; 19 conflictos políticos centrados en su mayoría en la crisis del Congreso Nacional; cinco conflictos institucionales vinculados a la falta de presupuesto, y cuatro conflictos relacionados con el Estado de Derecho.
Los conflictos, sostiene el informe, se concentran por la repartición del Estado entre “los vencedores electorales y en las expectativas laborales en el sector público”, mientras el año pasado, la conflictividad estuvo ligada al ciclo electoral y a un gobierno saliente desgastado, con poca capacidad de respuesta en la entrega de servicios.
No obstante, son tres los departamentos que reportan el mayor número de los conflictos de los 94 en total en los dos primeros meses de 2022. Estos departamentos son Francisco Morazán, Cortés y Colón. Y es Francisco Morazán el que encabeza la lista de los conflictos.
De los 94 conflictos suscitados, 50 se dieron en Francisco Morazán, en especial en Tegucigalpa, la capital, donde se concentra el poder político y se han registrado las mayores manifestaciones de protesta social, pero también un repunte en la ola de violencia e inseguridad con el tema de las masacres, los homicidios y las muertes violentas de mujeres.
El departamento de Cortés es el segundo que registra un total de 12 conflictos, tanto de tipo económico como de Estado de Derecho, se vincula aquí el caso de la municipalidad de San Pedro Sula, y el tercer departamento con conflictos es el de Colón, con 8 casos, en su mayoría ligados al Estado de Derecho.
El problema de las invasiones de tierra en el Bajo Aguán, el caso de los ambientalistas de Guapinol, que finalmente obtuvieron su libertad ocho, tras varios años de encarcelamiento injustificado, más los conflictos locales de tierra, el trasiego de la droga y los cultivos incautados, los desalojos, son hechos que hacen de esa región una zona en conflicto permanente.
Pero los conflictos no sucedieron solo en estos tres departamentos del país, en el resto todos contabilizan desde uno hasta cuatro conflictos, y es la dinámica de las masacres, el otro hecho que destaca en el informe de conflictividad de la ASJ, al indicar que son los departamentos de Francisco Morazán y Colón las zonas donde se concentran el 50% de las masacres sucedidas en los meses de enero y febrero.
La presencia del narcotráfico
Colón, asegura el informe, es una zona en la cual el narcotráfico tiene bastante influencia, sumado a las disputas de tierra en el Bajo Aguán, mientras en Francisco Morazán, las peleas por territorios entre maras o pandillas, el trapicheo de la droga y la extorsión son factores que inciden en los niveles de conflictividad.
Al patrón de conflictividad de los primeros dos meses, el análisis del informe prevé que se sumará otro elemento como es el de la desmilitarización de la seguridad pública, donde se prevé un repunte de la violencia criminal, debido a los vacíos territoriales dejados por los militares. Este tipo de conflictividad pondrá a prueba al nuevo gobierno y a las nuevas políticas de seguridad que se piensan ejecutar, advierte el informe.
El nuevo gobierno que asumió hace más de 60 días, hereda una serie de conflictos que irán ascendiendo en la escala en la medida que las respuestas no sean las adecuadas o aticen el conflicto y su polarización. El tema económico y el de la seguridad seguirán ascendiendo de acuerdo con la dinámica del conflicto, pero algunos de los factores que causan estas detonantes, están ligadas a factores estructurales relacionadas con el Estado de Derecho, las reformas inconclusas y las demandas de un país en transición política y también de institucionalidad, sostienen los expertos. (PD)
