Tegucigalpa – En el presupuesto de la Secretaría de Seguridad no se registra una línea precisa para la investigación de la muerte de mujeres, y el tema sigue invisibilizado. Mientras el presupuesto militar está rebosando, son algunas conclusiones que se definen en el estudio que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), denominado “Acceso a la justicia de las mujeres y presupuesto público en Honduras”.
El Cespad realizó el estudio en el marco de las demandas de las mujeres organizadas, de una partida presupuestaria que fortalezca una línea de investigación de los crímenes que se cometen en contra de las mujeres.
De acuerdo con el documento que elaboró esa organización, a pesar del incremento del presupuesto en el sector de Seguridad y Justicia, la violencia contra las mujeres no disminuye en Honduras y se cuestiona que la Secretaría de Seguridad sigue sin un rumbo definido en cuanto a la investigación de los feminicidios se refiere.
Es un hecho evidenciado con datos de diversas fuentes, que la violencia contra las mujeres en un grave problema en la agenda nacional, pero, ¿cuál es el grado de prioridad en el presupuesto nacional de las mujeres hondureñas víctimas de violencia?, cuestionaron las mujeres organizadas.
Mujeres piden apoyo a diputadas para
crear tres juzgados contra la violencia
Las organizaciones de mujeres estiman que en el país persiste un nivel de impunidad de un 93.5 por ciento, en los casos de feminicidios que se registran a diario, y que las islas de presupuesto etiquetado de mujer-género en el sector justicia, cuentan con un peso marginal para coadyuvar a esa problemática social.
Suyapa Martínez, del CEM-H, planteó una propuesta -devenida del estudio del Cespad- ante la Comisión de Género para que se revise el Presupuesto General de la República que está en proceso de discusión en el Congreso Nacional, a efecto de que se modifique y se tome en consideración la necesidad de fortalecer las áreas de investigación de crímenes en contra de las mujeres en Honduras.
Martínez, en representación de las mujeres organizadas, propuso la creación de juzgados especializados en feminicidios ya que hasta el momento sólo ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa cuentan con juzgados contra la violencia doméstica. Sin embargo, agregó, que debería hacerse un análisis de las zonas del país en donde se concentra el mayor grado de violencia hacia las mujeres, a efecto de crear la infraestructura necesaria para disminuir ese flagelo social.
Expuso, además, la necesidad de que el 10 por ciento del presupuesto de investigación delictiva se oriente a investigarse asesinatos de mujeres, mientras que el uno por ciento de la tasa de seguridad para campañas contra la violencia hacia las mujeres y niñas.
Asimismo, que el dos por ciento del presupuesto de la Secretaría de Educación debe orientarse para hacer incidencia para que se establezca una cultura de paz en el país, y el 30 por ciento de los bonos que entrega el gobierno, destinados para las mujeres.
La investigación fue presentada por el CEM-H ante diversos grupos de mujeres con el objetivo de generar la incidencia necesaria para que en el Congreso Nacional se apruebe un presupuesto nacional con enfoque de género.
Luego de la presentación del estudio, a cargo de Gustavo Irías, director ejecutivo del Cespad, Martínez abrió un debate con la Comisión de Género, misma que fue representada por las diputadas Yadira Bendaña, Scherly Arriaga, Fátima Mena, Gloria Bonilla y Rosa Tercero. Asimismo, María Concepción Acosta de la Gerencia Legislativa.
Para las diputadas presentes, el tema presupuesto es muy sensitivo y desconocen cómo debe verse reflejado un presupuesto con perspectiva de género.
Bendaña, del Partido Liberal, hizo referencia a que en la Secretaría de Seguridad se señala que las mujeres asesinadas estaban vinculadas al narcotráfico.
Sobre ese particular, Irías, del Cespad, expresó que, “ningún Estado que se llame de derecho, puede poner como excusa que las mujeres por estar involucradas en el crimen organizado no deban tener acceso a la justicia”.
Martínez, por su parte, al referirse a ese tema dijo que la mayoría de los expedientes en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) no tienen informe de autopsia, siquiera, mucho me nos un proceso de investigación y de deducción de responsabilidades a los asesinos de mujeres.
La presentación que hicieron las mujeres organizadas, a través de la investigación hecha por el Cespad, es parte de un estudio para el programa Justicia de Género de Oxfam Internacional, que trabaja con organizaciones de mujeres y mujeres jóvenes organizadas en plataformas nacionales, locales (Tribuna de mujeres contra los Feminicidios), ONGs con acciones de incidencia nacional y con trabajo de redes locales (CEM-H); ongs regionales trabajando con mujeres en redes locales (Asonog y Fundación Simiente).
En representación de las mujeres organizadas de CEM-H, estuvieron presente también Tania García y Claudio Escobar de Oxfam; una representante de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica y Gladys Lanza del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla.
