Tegucigalpa – A cinco semanas de las elecciones el proceso electoral en Honduras enfrenta una sombra inquietante: acusaciones de espionaje político, interceptaciones ilegales y riesgos de sabotaje que podrían comprometer la integridad democrática.
– Ante el actual panorama político la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) advirtió sobre graves amenazas a la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Honduras.
Diversas denuncias y acciones de actores clave, como el partido gobernante Libre y las Fuerzas Armadas, han encendido alarmas sobre posibles manipulaciones y violaciones al Estado de derecho, recordando épocas oscuras de la historia hondureña.
Una de las revelaciones más impactantes surgió el miércoles cuando Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el partido Libre, anunció que posee una memoria USB con audios que exponen un supuesto plan para generar una crisis poselectoral.
Según Ochoa, estas grabaciones involucran a una consejera del CNE y a un jefe de bancada de un partido tradicional, revelando un esquema para desestabilizar los resultados electorales.
El consejero declaró públicamente: “En mi mano tengo una USB con pruebas fehacientes y audios entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional que revelan un plan para generar una crisis poselectoral”. Posteriormente se apersonó al Ministerio Público donde entregó la evidencia y se abrió una línea de investigación.
¿Bajo qué autoridad consiguió las pruebas?
La diputada y candidata a designada presidencial por el partido Nacional, María Antonieta Mejía, advirtió que no es un acto de transparencia, sino que es una persecución política, y que el consejero Ochoa debe responder y bajo qué autoridad consiguió esos audios.
“Si se trata de grabaciones privadas, estaríamos ante un uso ilegal de información y grave violación de los derechos fundamentales”, dijo Mejía.
Indicó que el país no necesita de consejeros que ejercen de fiscales ni de voceros partidarios o activistas políticos.
La congresista exclamó que si Marlon Ochoa tiene pruebas contundentes, que las remita al ente correspondiente, y no exponiéndolas ante los medios de comunicación para intimidar al CNE.
Advirtió que, si no hay árbitros confiables por el desempeño de los consejeros, el proceso electoral no será creíble para los hondureños.
Controversia
Esta denuncia no ha estado exenta de controversia. Eduardo Martell, dirigente del Partido Liberal, cuestionó la legalidad de las escuchas, advirtiendo que, si no existió una orden judicial para obtenerlas, se trataría de espionaje político y una violación grave a la privacidad.
Martell enfatizó: “Más allá de lo que diga el audio y de los que intervengan en dicha conversación, lo grave y altamente delicado es saber cómo se obtuvieron esas grabaciones. ¿Existía alguna orden judicial para esas escuchas? Hay mucho que aclarar, porque esto compromete al Estado de derecho”.
“Como exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, autor de dos leyes importantes -la Ley del Delito Infraganti y la Ley de Escucha de Llamadas, hago un llamado público al Ministerio Público para que actúe de oficio ante los hechos que se han anunciado”, escribió en su cuenta de X el exdiputado Rodolfo Zelaya.
Tras la denuncia del consejero Ochoa, sectores políticos han exigido una investigación inmediata por parte del Ministerio Público, mientras que otros alertan sobre el peligro de establecer precedentes que socaven la democracia hondureña en pleno proceso electoral.
De su lado, el candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, enfatizó que si bien existe una Ley de Escuchas, la misma se debe emplear en los criminales y con la respectiva orden judicial.
De su lado, el candidato presidencial por el Partido Democracia Cristiana (DC), Mario Rivera, acotó que la historia muestra que presidentes como Richard Nixon en Estados Unidos cayeron por espionaje político. “Es muy delicado grabar a opositores políticos”, expresó.
MP queda revelado
De su parte, el abogado penalista Fernando González, dijo a Proceso Digital que el Ministerio Público queda revelado al prestar atención a este tipo de denuncias y no hacer caso a una larga lista de denuncias que esperan un actuar del ente acusador del Estado.
“Va a quedar evidenciado que si el Ministerio Público actúa de inmediato dejaría atrás todas aquellas denuncias que han hecho fila o cola para que sea prestada su atención como persecutor del delito que el Ministerio Público”, señaló el penalista.
Ver: Corrupción sigue rampante en Honduras: EEUU
Queda evidenciado inclusive la prontitud que tiene el Ministerio Público para las personas que son afines a este gobierno en este caso el licenciado Ochoa, dijo el letrado.
Un acto negativo no hace legitimidad o jurisprudencia, reflexionó al tiempo que dijo que todo hondureño tiene el derecho de denunciar, pero las pruebas deben ser sustentadas.
“Si la prueba es prohibida y es sustraída sin las garantías de un juzgado no va a tener validez en la persecución del delito”, razonó.
Resumió que en este caso se debe identificar como nace la prueba. “Si el árbol está envenenado la fruta también está envenenada”, parafraseó.
La petición de Libre y los riesgos de sabotaje electoral
Otro foco de preocupación es la petición presentada por el coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya, al CNE, que busca acceso a sistemas electorales clave. Esta solicitud incluye la transmisión directa de actas desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV) al servidor central del CNE, acceso al Centro de Operaciones de Red (NOC), registros de transmisión de compañías celulares, detalles de software de transmisión, diseños de bases de datos lógicas y físicas, y software de encriptación/desencriptación para auditorías.
Ver: Partido Libre pide al CNE que el TREP garantice transmisión simultánea de actas
Augusto Aguilar, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, calificó la petición como innecesaria, ya que la transmisión simultánea ya está regulada por ley, y enfatizó que el escrutinio en las JRV es público y accesible a la ciudadanía.
Los riesgos específicos incluyen fugas de datos, ataques externos, suplantación de identidad y la creación de puertas traseras en los sistemas, rompiendo el principio de equidad electoral al favorecer al partido gobernante.
Una democracia en riesgo
Estas denuncias y acciones pintan un panorama alarmante donde el espionaje emerge como una amenaza latente al proceso electoral hondureño.
Ver: El país enfrenta una “profunda crisis democrática”, advierte presidente del TJE
La transparencia, la equidad y la confianza ciudadana están en juego, urgiendo a instituciones como el Ministerio Público y el CNE a actuar con imparcialidad para salvaguardar la voluntad popular.
De no abordarse, Honduras podría enfrentar una crisis que evoque los fantasmas del pasado, poniendo en jaque su frágil democracia. PD
