Tegucigalpa – La invasión de propiedades que comenzó en las zonas agrícolas al inicio del gobierno tomó fuerza y al final de la administración de la presidenta Xiomara Castro se extendió a las zonas costeras del Mar Caribe hondureño golpeando con fuerza la seguridad ciudadana y jurídica al ser invadida la propiedad de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, ante la pasividad de las autoridades nacionales.
A inicios de esta semana la misma acción había ocurrido en un complejo residencial habitado por ciudadanos canadienses que fue ocupado por hombres armados y sus residentes tuvieron que salir huyendo para proteger sus vidas.
De hecho una familia canadiense abandonará el país este viernes y regresará a su nación, dejando atrás el dinero invertido en la residencia que había adquirido en el complejo habitacional en Trujillo, Colón.
El arrecio de las invasiones de bienes en el Mar Caribe ocurre en medio de un estado de excepción que el gobierno mantiene supuestamente con el fin de combatir a los criminales y que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, avala para justificar lo que llama reducción de homicidios y que luego rótula al final de sus mensajes “Vamos bien”.
El estado de excepción ha sido aplicado por más de tres años y el último vence a principios de noviembre del presente año, pero la legalidad del mismo está en entredicho al no ser ratificados los últimos decretos por el Congreso Nacional.
La ola de invasiones ha golpeado la imagen y la seguridad jurídica del país, lo que ha desatado una alerta en la comunidad empresarial por el mensaje que no existe seguridad, ni instituciones estatales donde hacer valer los derechos de los propietarios de bienes e inversiones.
De hecho desde el lado gubernamental y del partido izquierdista Libre se justifican las acciones al señalar que no son invasiones sino recuperaciones, como lo indicaron el viceministro del INA, Rafael Alegría, y el diputado Juan Barahona.
Ministra de Turismo afectada por invasión
En el mismísimo gabinete de la presidenta Castro hay víctimas de la acción de grupos armados que invaden propiedades, como es el caso de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, cuya casa en el Triunfo de la Cruz, en Tela fue invadida por hombres armados.
Solo que en el mismo gabinete gubernamental hay voces, como las de Alegría, que claman por señalar que las acciones violentas se rotulen como recuperaciones de tierra y no invasiones.
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La ministra Gómez señaló que la propiedad del bien es de hace 30 años y que fue una herencia de sus padres.
Admitió que hay un problema de legalidad en la posesión de las tierras en la zona costera que un fallo de una corte internacional determinó que pertenece a los pueblos ancestrales garífunas. Pero la ministra Gómez indicó que no son miembros de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz quienes tienen invadida su casa, sino personas extrañas, azuzadas por un ciudadano norteamericano.
Debilita la inversión y la seguridad jurídica
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo dijo a Proceso Digital que las invasiones de tierra en el país (actualmente se estiman en 140,000 hectáreas) las que tradicionalmente han sido destinadas a fines agrícolas y turísticos, han generado muchos problemas en la economía.
Detalló que en primer lugar se ahuyenta la inversión nacional y la extranjera ante la debilidad de la seguridad jurídica, trayendo como consecuencia menor producción porque quienes invaden las tierras no las ponen a producir y cada vez son más los productos terminados, como granos básicos, carnes, frutas y verduras, entre otros, que se traen del exterior, generándose los empleos afuera y saliendo las divisas del país; no hay generación de empleos en el país y por consiguiente los hogares no tienen suficientes ingresos y esto genera más pobreza y desigualdad.
Adicionalmente, al abandonar la agricultura, dependemos de comprar los alimentos más necesarios a otros países y se continúa desincentivando la producción nacional y no se generan empleos, especialmente actividades generadoras masivas de empleo como la agricultura y el turismo.
Apuntó que esta situación genera mucha incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que prefieren no invertir en el país ante la inseguridad jurídica prevaleciente y realizan sus inversiones en otros países de la región afectando el nivel de crecimiento de nuestra economía.
Nefastas las invasiones
Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, manifestó que si no se asegura la propiedad privada, que confianza habrá para casos más profundos y complejos, y marca un patrón que desincentiva a los que quieran invertir.
“Hacemos un llamado a las autoridades que busquen nuevas soluciones, atiendan a las personas que lo necesitan y tomen cartas en el asunto para asegurar a todos los hondureños el derecho a la propiedad privada y el respeto a la misma”, declaró. (PD).
