La ex funcionaria es acusada por el Ministerio Público por el delito de malversaciónde caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
Según el expediente 530, Oliva Rivera se desempeñaba como jefa del laboratorio de serología y genética de Medicina Forense, y mediante un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, se acordó el pago de 300 dólares por la realización de exámenes de ADN quedando de encargada la señora Oliva Rivera como administradora de los fondos.
En ese sentido, se estima que en el periodo comprendido entre 2007 y 2013 se realizaron al menos 70 exámenes que multiplicadospor 300 dólares asciende a un total de 420 mil lempiras que la imputada no depositó a la cuenta del Ministerio Público.
La imputada deberá presentarse a firmar a los juzgados, no salir del país y estar bajo el cuidado de su apoderado legal.
La audiencia inicial quedó fijada para el próximo 4 de mayo de este año.
