Tegucigalpa – Son sedes desde donde operan bandas criminales. Desde su interior se ordenan crímenes, extorsiones y todo tipo de ilícitos. Las cárceles en Honduras siguen siendo uno de los puntos negros que marcan la inseguridad que envuelve a este país centroamericano.
Las cárceles encierran mundos inimaginables: por un lado el de los “reyes” que disfrutan de recintos “cinco estrellas” hasta los que duermen en los pasillos o sentados ante tal hacinamiento.
Violan los códigos reiteradamente y sus vidas siguen la ruta del crimen. Algunos se adentran hasta las más profundas formas del delito, más allá de la realidad que les llevó a convertirse en “privados de libertad”.
Sus carcelarios son parte del sub mundo en las prisiones hondureñas. Violentan los derechos de los presos una y otra vez, pero no son pocos los que actúan en complicidad manifiesta.
Así quedó evidenciado cuando los propios guardias cuidaban a reclusos que hacían uso de sus teléfonos móviles una vez que las llamadas telefónicas fueron prohibidas en las cárceles y la señal bloqueada.
A la par, las violaciones a los derechos más elementales de los presos van más allá del hacinamiento y las condiciones deplorables de las instalaciones físicas de las cárceles. Pasan por la precaria alimentación, la falta de atención sanitaria; la desatención a los problemas mentales de decenas de presos; a los enfermos con VIH-Sida, a los terminales; a los ancianos que perdieron la memoria y han olvidado hasta el motivo que les llevó a la cárcel y, peor aún, los que entraron por infracciones menores y se quedaron por el resto de sus vidas sin que les llegara defensor alguno.
Más de 13 mil internos componen la población carcelaria de Honduras, distribuida en 24 cárceles que tienen capacidad total para albergar a ocho mil internos.
Para muestro los botones
Esta semana varios sucesos pusieron, de nuevo en la palestra, el sistema penitenciario del país. Una granada explotó en la cárcel de Támara, la principal del país, ubicada en el central Francisco Morazán, y dejó el saldo de un herido. El hecho fue acompañado de múltiples impactos de bala.
Las versiones oficiales no dejaron claridad sobre los hechos que ocurrieron una semana después de un operativo para “limpiar” esa granja penal y otras tantas en diferentes sectores del país.
En un hecho impensable, este jueves, autoridades del Centro Penal de la norteña San Pedro Sula, permitieron a la familia de un hombre que fue acribillado junto a otras dos personas, en el segundo anillo de circunvalación de esa ciudad, trasladar a su muerto (Fulgencio Valmaña Cruz (19)), a la cárcel para que los miembros de una pandilla pudieran rendirle tributo póstumo.
Este viernes se conoció de la fuga de un reo de la cárcel de Comayagua. Cuerpos de inteligencia se han sumado a la búsqueda.
Pero los operativos realizados en las cárceles, después de entrar en vigencia una ley que les ha inhabilitado el uso de teléfonos móviles, dieron como resultado el hallazgo de plantas generadoras de energía, herramientas para derrumbar paredes, drogas, celulares, armas y hasta equipo médico para hacer cirugías estéticas.
Autoridades penitenciarias también han aceptado que los presos operan teléfonos satelitales y se declaran incapaces de incautarlos.
Datos oficiales dan cuenta que en el caso específico de la Penitenciaría Nacional de Támara, llegan 30 personas diarias y apenas salen tres.
El gobierno de las Pandillas
El director del Instituto Penitenciario Nacional, Santos Simeón Flores, culpó de las reyertas a las pandillas.
Mencionó que la cárcel de Támara tiene un hacinamiento de dos mil internos. La capacidad real es de dos mil reos y actualmente la cifra está llegando a los cuatro mil. “Ya no caben ahí, hay gente que está durmiendo en los pasillos y no se ha atendido este problema por parte del Estado, aunque debemos decir que este gobierno ha tomado algunas medidas”, aseveró.
Consultado sobre los constantes pleitos que se suscitan al interior de los centros carcelarios, Flores manifestó que “aunque esté el Ejército de los Estados Unidos, los pleitos siempre van a existir, porque la mayoría de estos hechos son producidos por rivalidades de las maras. Esa gente pelea terreno adentro y afuera… los reos comunes sufren el impacto de inseguridad que provocan ellos”.
Reconoció que los miembros de maras a veces solicitan el permiso a las autoridades para velar dentro de las cárceles a compinches que murieron fuera de esos perímetros. “La gente de las pandillas es solidaria y cuando se muere alguna persona que ellos aprecian, piden permiso al director del penal para hacer el velatorio… eso es válido, es una identidad que tienen, más bien deberíamos de hacer lo mismo con los familiares muertos de todos los privados de libertad”, arguyó.
El 12 de enero de este 2014, el argentino Juan Ernesto Méndez, relator especial de la ONU sobre tortura, dijo que el caos y el descontrol reinan en cárceles hondureñas.
El funcionario de la ONU agregó que «en las cárceles hay mucha libertad y eso genera caos, descontrol» y conduce a la violencia recurrente en los sistemas penitenciarios de varios países latinoamericanos, entre los que citó Honduras, México, Brasil y Venezuela.
Alarmante
La subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía, dijo que la crisis del sistema penitenciario hay que verla mucho más allá de las reyertas, disputas y conatos de bronca.
“Lo que pasa en las cárceles es un reflejo de lo que sucede en la sociedad”, enfatizó.
Mejía es del criterio que en las cárceles se mezclan todo tipo de personas infractoras de ley. “En el caso de Támara, alberga diferentes categorías de privados de libertad, por ejemplo los que están asociados a pandillas y tienen enemistades profundas con los presos comunes son víctimas de atentados”.
La subdirectora del CPTRT llamó a no voltear la mirada a la problemática en general de los centros penales. “Es importante señalar las condiciones en que duermen los propios guardias penitenciarios es terrible y la situación de estas 200 personas que tienen que cuidar a cerca de cuatro mil internos”, lamentó.
Condenó que “muchas veces los internos no pueden ser trasladados a los hospitales, ni a los juzgados, simplemente porque no hay vehículos para hacerlo. Si nos distraemos observando las reyertas, dejamos de prestar atención a toda la problemática estructural que enfrenta el sistema penitenciario”.
La defensora de derechos humanos apuntó que “las cárceles están llenas de personas ignorantes, que no han tenido oportunidades en la sociedad. Tampoco el sistema permite reinsertar y corregir a estos ciudadanos para que cuando salgan enmienden sus errores” puntualizó.
