Tegucigalpa– La violencia política se ha venido registrando en los últimos meses en el territorio hondureño, donde aspirantes de los tres principales partidos políticos han sido víctimas de crímenes que en algunos casos han llevado hasta la muerte, generando preocupación en la clase política por los niveles de impunidad.
Asimismo, se reportan otros casos como secuestros, atentados criminales y amenazas a muerte, como las que han recibido las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ver: El oficialismo lidera violencia política de cara a las generales, refleja informe de IUDPAS
Los hechos violentos se han registrado tanto en aspirantes del Partido Nacional, en el Liberal y Libertad y Refundación desde que se convocó a elecciones primarias.
Esta violencia política que hoy tocó nuevamente al oficialismo, generó que a través de sus redes sociales el expresidente hondureño, asesor presidencial y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, realizó una serie de reflexiones y pidió seguridad total a 81 días de las elecciones generales.
Igual reacción han tenido dirigentes de los partidos opositores cuando las víctimas han sido sus correligionarios.
Lo que también preocupa es que la mayoría de los ataques criminales contra aspirantes políticos se mantienen en impunidad, ya que sus autores no han sido capturados. Únicamente se detuvieron a los supuestos autores materiales del crimen contra Juan López en Tocoa, pero los responsables intelectuales y financieros del mismo no han sido capturados.
Estela de muertes, atentados y secuestros
El 10 de septiembre,se confirmó el asesinato a balazos el candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), ingeniero Óscar Bustillo, en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Montecristo, de Yoro.
El 26 de agosto,el candidato a la alcaldía por el municipio de Azacualpa, por el Partido Liberal, Nelson Bueso, recibió un atentado criminal en el departamento de Santa Bárbara.
El presidenciable liberal Salvador Nasralla y el diputado Jorge Cálix acusaron a una hija de la vicealcaldesa de Azacualpa, Sonia Esperanza Ortega, de ser la responsable de atentar contra el candidato a edil Nelson Bueso.
A través de su cuenta de red social “X”, Nasralla acusó que el atentado fue contra la democracia y la esperanza de los hondureños que quieren vivir en paz.
Mientras que el 8 de agosto, el diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Reyes, fue privado de su libertad por varias horas, junto a dos acompañantes, mientras se dirigía a un acto político de su agrupación en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.
Reyes, actual diputado suplente pero que este año va como primer aspirante propietario por el nacionalismo en Santa Bárbara, fue privado de la libertad a la altura del desvió de Pito Solo por hombres armados que lo introdujeron a otro vehículo.
Reyes y sus acompañantes fueron rescatados en el municipio de San Francisco de Ojuera de Santa Bárbara, sin que se conocieran las reales intenciones de sus captores.
El 5 de agosto, el también candidato a alcalde del municipio de Lucerna, Ocotepeque, por el nacionalismo Hugo Portillo fue privado de su libertad por horas junto a tres familiares por sujetos vestidos con uniforme de la Policía.
En un falso retén de supuestos policías Portillo fue privado de su libertad y subido, junto a sus familiares, a dos vehículos.
Tras varias horas en manos de sus captores, fueron dejados en libertad en el municipio de La Unión, Copán.
En el mismo marco de la violencia, el 2 de agosto, el alcalde de Quimistán, Rubén Darío Pacheco, sufrió un atentado mientras se conducía en su vehículo, junto a su hijo, por la carretera de Pinalejo que conduce a su municipio. El vehículo presentó varios disparos que hicieron los atacantes.
Igualmente, en los bajos del Congreso Nacional una acción combinada de la seguridad privada y efectivos de la Policía Nacional reprimió violentamente una concentración de liberales en la plazoleta del Palacio Legislativo.
La acción provocó que la dirigente liberal Julia Talbott saliera con heridas y sangre, tras los ataques de los actores de seguridad. Igualmente recibió ataques el diputado liberal Jorge Cálix.
Previo a las elecciones primarias
El 16 de febrero, fue asesinado Iván Zambrano, el precandidato a alcalde de Morazán, Yoro, por la corriente AVANZA, que postuló a Ana García de Hernández a la candidatura presidencial.
Mientras que el 11 de febrero, se reportó el asesinato de Óscar Gerardo Montoya Mendoza, aspirante a la alcaldía de Esparta, Atlántida por el Partido Nacional.
No se puede dejar de lado, al ambientalista Juan López asesinado el 14 de septiembre de 2024 también era un precandidato a la alcaldía en Tocoa, Colón.
La precandidata a diputada Sara Zavala por el Partido Nacional también denunció una agresión por parte de una turba del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Amenazas a muerte
La funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció amenazas en contra de su vida por su labor en el ente político.
A través de una comparecencia pública, la consejera refirió que estas últimas amenazas rebasan los límites y por eso decidió –incluso– interponer la denuncia ante el Ministerio Público.
“Hace unas horas dirigieron actos de amenaza e intimidación en mi contra, por lo cual hoy interpuse una denuncia ante el Ministerio Público”, expresó en su momento.
Hall detalló que “esas amenazas tienen relación directa con mi labor como consejera, actualmente integrante del pleno a cargo de las elecciones primarias y que presidiré las elecciones generales el próximo 30 de noviembre”.
De hecho Hall asume mañana jueves la presidencia del CNE.
Tras la denuncia, la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se solidarizó con su compañera, y señaló que la política pierde su esencia cuando se recurre a la violencia para amedrentar a quienes sirven en instituciones fundamentales para la democracia y la libertad, tal como ella también ha sido amenazada.
El próximo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en los tres niveles electivos en el cual participaran cinco partidos políticos, en tal razón los diferentes sectores advierten que la violencia política puede aumentar en el país. IR
