Tegucigalpa – Este jueves 03-07-2025 vence la vigésima ampliación de la medida del estado de excepción sobre el territorio hondureño, medida que fue parcial, pero que con el paso de la administración Castro se ha convertido en algo permanente.
– Apenas una de las 20 prórrogas del estado de excepción ha sido ratificada en tiempo y forma por el Congreso Nacional.
Esta enésima prórroga –la número 20 desde 2022– concluye sin ser ratificada en el Congreso Nacional, que cumple dos semanas sin sesionar y sacudido en los últimos días por el “cheque video” que involucra a la vicepresidenta alterna de ese poder del Estado, Isis Cuéllar.
Esta medida nació con el decreto PCM 29-2022, siendo implementada desde el 6 de diciembre de 2022 por un período de 45 días, y limita las garantías y derechos constitucionales de libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, rendición de caución y, la inviolabilidad del domicilio.
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La justificación fue combatir el crimen organizado y la delincuencia común, especialmente la extorsión, época donde este ilícito causaba un grave perjuicio a la ciudadanía hondureña. Pero el mal nunca logró controlarse a tenor de un informe de la ASJ que establece que más de 384 mil familias son víctimas de la extorsión en Honduras.
Ahora han transcurrido alrededor de 950 días desde que se empezó a implementar la medida, con 20 ampliaciones, muchas no han sido ratificadas en el Congreso Nacional como establece la ley, y con altas probabilidades de que siga extendiéndose durante el resto de 2025 en pleno año electoral.
Muchos analistas, sectores sociales y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que ya es momento que se deje de implementar esta medida señalando que los estados de excepción son parciales y no permanentes.
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Advirtieron que la vigencia de esta medida pone en riesgo derechos fundamentales cometiendo violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control judicial atribuidas a cuerpos de seguridad.
Incluso ya hay registro quejas y denuncias de la ciudadanía de abusos de los cuerpos de seguridad bajo el nombre del estado de excepción parcial.
Solo el Comisionando Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad bajo el estado de excepción.
Las denuncias registradas son que suponen responsables a los cuerpos de seguridad de delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, asociación para delinquir, falso testimonio, abuso de autoridad, allanamiento de morada, robo y otros.
Históricamente, Honduras enfrenta una grave situación de violencia que afecta a importantes sectores de la población, son víctimas de la extorsión y delitos conexos cometidos por organizaciones criminales.
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90 masacres
El director del Observatorio Nacional del Conadeh, Danilo Cáceres, detalló que ha habido más de 90 casos de muertes múltiples o masacres durante la implementación del estado de excepción.
Manifestó que estos casos evidencian los problemas de seguridad ciudadana en el país.
Cáceres añadió que solo en el 2025 ha habido más de 20 muertes múltiples violentas y refuerza la idea de contar con una política pública en materia de seguridad ciudadana.
“La medida del estado de excepción no es eficaz para combatir la criminalidad organizada porque no controla o no ataca los problemas de raíz”, analizó.
Un estado vitalicio
Para el abogado Fernando González, la implementación del estado de excepción parcial se volvió “vitalicio” al extenderse en 20 ocasiones y que abarca el 70 % del territorio hondureño.
“Hablar del estado excepción es hablar algo que no es excepcional, sino que se volvió regla”, expresó a Proceso Digital.
Señaló que han sido más los costos que los beneficios que ha dejado esta medida a la población por los vejámenes de las denuncias ante el Conadeh.
Recordó que esta medida fue implementada en las elecciones primarias del 9 de marzo, hecho que no sucedió en los comicios generales del 2009, época en la que el país estaba en una situación convulso por la salida de Manuel Zelaya Rosales de la Presidencia de la República.
El profesional del derecho consideró que la continuación de la implementación de esta medida es una violación de los derechos humanos y constitucionales. Reiteró que toda detención que se realice bajo esta medida no tendrá la validez legal.
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Mecanismo permite un control social del Estado
De su parte, el abogado Germán Licona indicó que el gobierno no dejará de prescindir de esta medida explicando que con este mecanismo mantiene un control social y operativo militar-policial para reflejar resultados en la reducción de las muertes violentas.
Asimismo, añadió que el gobierno con esta medida logra un control de la institucionalidad de seguridad y sean afines.
“No hemos visto el fin primordial por el cual se echó andar la medida que es combatir la extorsión”, dijo en conversación con Proceso Digital.
Señaló que la actividad delictiva ha crecido en los últimos dos años al tenor del estado de excepción.
Licona advirtió que de seguir vigente esta medida para el día de las elecciones generales representaría un riesgo argumentando que podría provocar una distorsión en la población de no ejercer el sufragio por cualquier alboroto.
Cuestionó que se suspenda cada 45 días las garantías y derechos constitucionales por implementar un mecanismo abrupto para tapar la incapacidad de los actores de seguridad.
Licona analizó que la implementación y las primeras dos extensiones sirvieron para ampliar los esfuerzos para controlar la seguridad.
Sin embargo, señaló que ampliar la cobertura de municipios provocó que en los lugares donde tuvieron control, perdieron el mando y regresaron las estructuras criminales.
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No se puede gobernar mediante estados de excepción
Mientras, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, opinó que esta medida debió ser la excepción y no una regla, que es en lo que se ha convertido.
Sugirió que si quieren que esta medida será una regla deben implementar una política integral en materia de seguridad que abarque todos los componentes, pero deja bien definido la legalidad para desarrollar los procesos de investigación y judicialización.
“Cuando se usa la norma para abusos policiales y militares, y violaciones de derechos humanos se vuelve un problema”, analizó.
Remarcó que no se puede gobernar a través de los estados de excepción avizorando que en el futuro esta medida pasará factura al actual gobierno.
Ayestas mencionó que esta medida no ha sido eficaz ante los problemas de extorsión, muertes violentas de mujeres y violación de derechos humanos. (PD)
