Tegucigalpa – Las universidades de Honduras hicieron un llamado a los diputados para que restablezcan los artículos de la Constitución de Honduras que fueron reformados para dar paso a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y pidieron al Congreso Nacional derogar la misma por ser violatoria de la Carta Magna.
Lo anterior constituye la posición del Consejo de Educación Superior (CES), que aglutina a todas las instituciones educativas de nivel universitario, en relación a las ZEDEs, donde plantearon su preocupación por las reformas que dieron origen a dichas zonas que son “inconstitucionales, pues alteraron artículos pétreos relacionados con el territorio nacional, la soberanía y la forma de gobierno, que solo pueden ser modificados por una Asamblea Nacional Constituyente”, en relación a los artículos 19, 294, 374 y 375 de la Constitución de la República de Honduras.
Igualmente las universidades, tanto públicas como privadas, aglutinadas en el CES pidieron al Poder Ejecutivo “cesar en la autorización de estos regímenes especiales”, mientras el Congreso Nacional “no ajuste la regulación actual” a lo que dicta la Constitución, al incurrir en una vulneración del principio de legalidad en el artículo 321 del texto constitucional.
El deterioro del Poder Judicial
El CES señaló a la Corte Suprema de Justicia “nuestra gran preocupación por el deterioro que está sufriendo el Poder Judicial como consecuencia de las acciones que se han tomado para justificar la violación a la Constitución de la República”. El Poder Judicial aprobó la autorización de una jurisdicción especial para las ZEDEs.
Las universidades animaron a la sociedad hondureña a que se pronuncie a favor de la democracia y el Estado de Derecho, pues son los dos elementos fundamentales y sin ellos no se alcanzará el verdadero desarrollo de la nación.
El CES instó a los tres poderes del Estado, líderes políticos, sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, iglesias, asociaciones ciudadanas y la población en general al “establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para lograr una verdadera unidad nacional”.
Nulidad
Las instituciones de educación superior señalaron que la acción legislativa siguió aspectos de forma para concretar las ZEDEs, pero terminó contraviniendo principios constitucionales “irreformables de ordenamiento territorial y de soberanía popular, alterando el orden jurídico y gestándose bajo vicios de nulidad”.
El documento del CES indica que al crearse entidades territoriales autónomas y sustraerse del ordenamiento jurídico, el Congreso Nacional se atribuyó competencias que la Constitución, de acuerdo al artículo 294, “no le otorga, cambiando la forma de Estado y creando de facto una entidad federal y no unitaria con la redistribución de competencias”.
Asimismo, destaca que al ceder poderes legislativos, judiciales y ejecutivos, el Estado “renuncia a sus atributos indelegables, contraviniendo el principio de soberanía popular”, de acuerdo a artículos 60 y 206 de la Constitución.
“Esto abre las posibilidades de implementación en las ZEDEs, de sistemas o tradiciones jurídicas de otros países o regiones del mundo (common law, consuetudinario o formas mixtas), sobre los cuales el Estado podría perder su capacidad de frenar los excesos al renunciar unilateralmente a su capacidad de control constitucional”, destaca el posicionamiento de las universidades hondureñas.
Competencias
El documento señala que al trasladar la aprobación de las referidas zonas a regímenes especiales al Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el Congreso Nacional abandona su potestad constitucional y traslada a una entidad de menor jerarquía, con lo cual se altera el ordenamiento jurídico, según los artículos 206 y 329 constitucionales.
Destacó que declarar zonas de baja densidad poblacional, para evitar una consulta popular con la población afectada, dada a los municipios de los departamentos de Atlántida, Choluteca, Cortés, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Valle, tampoco elimina el atributo exclusivo que posee la Cámara Legislativa, ya que el procedimiento “contiene vicios de nulidad, pues no es el mismo que se encuentra regulado en la Constitución”.
El CES destaca que se “pretenda crear la falsa ilusión de que se abrirá la participación de las comunidades en la decisión sobre su incorporación a las ZEDEs, las fórmulas pensadas son inconstitucionales”, ya que las circunscripciones geográficas determinadas por la Carta Magna son a nivel nacional, regional, subregional, departamentos o municipal y no existe la figura de plebiscito o referéndum creados para extensiones territoriales menores.
Recordaron las universidades que en los casos que no se pida la aprobación a las comunidades donde están asentados pueblos originarios, se violaría el derecho a ser consultados libre, previa y debidamente informados para decidir aspectos que afecten sus derechos al territorio y uso de los recursos naturales, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Beneficios, cortina de humo
Destaca el documento universitario que la insistencia en beneficios económicos de la propuesta opera como una “cortina de humo para volver invisible una de las mayores violaciones a la Constitución en toda la historia del país” y la misma forma parte de una larga tradición republicana en Honduras en que las élites políticas entregaron la soberanía a diversos grupos extranjeros que ocuparon regiones, justificando una forma de “desarrollar” dichos espacios.
Recordaron que las compañías inglesas que explotaron la caoba hondureña, la creación del Estado ficticio de Poyais, en el siglo XIX, hasta los enclaves minero y bananero en el siglo XX, la historia demostró que dichas iniciativas significaron una injerencia en el país, impidiendo el desarrollo de la democracia.
Inversión y ambiente
Las universidades concuerdan que las dudas generalizadas sobre el funcionamiento y constitucionalidad de las referidas zonas, las batallas legales y políticas que se avecinan, la falta de transparencia en su gestión al final reducirá el estímulo a la inversión, que es lo que se espera desarrollar.
“Esto vendrá acompañado de enormes riesgos económicos de mediano y largo plazo para el país pues las garantías de protección a la inversión otorgadas a 10 y 50 años contenidas en la normativa aprobada, en caso de modificación o derogación de las mismas, expondrán al Estado a demandas millonarias”, señala el documento.
Por ello, en lugar de ser un polo de desarrollo, las zonas se “convertirán en una carga fiscal paralela a la deuda externa, en pago de indemnizaciones, que al final deberán costear los contribuyentes”.
Igualmente, la falta de integralidad es un “enorme riesgo ambiental por la indeterminación de la gestión de los recursos naturales y de los desechos generados en las ZEDEs que podrían terminar en las comunidades vecinas”.
“Finalmente, la reforma violenta los preceptos constitucionales referidos a la educación superior (Artículos 156, 157, 159 y 160 Constitucionales), pues abre la posibilidad de creación de sistemas educativos paralelos y otorgamiento de títulos a nivel universitario, sin la existencia de contrapesos sistémicos que puedan contribuir a la gestión de la calidad, idoneidad y pertinencia”, señala el pronunciamiento de las universidades.
Señala que la “desregulación territorial de la educación superior sin supervisión expone a Honduras al desempeño profesional desordenado de las carreras universitarias, lo cual lleva explícito daños a los hondureños, lo que se convertiría en el mayor retroceso desde 1847 en la construcción de una sociedad del conocimiento”, concluye el documento del CES.
