En Honduras, cerca de 100,000 personas tienen 80 años o más. Muchas de ellas viven con recursos muy limitados, en condiciones de pobreza extrema y, sobre todo, sin acceso a una pensión contributiva que les garantice ingresos regulares. Para apoyarles, se propone un compromiso del Estado de un pago mensual de L 3 000 (alrededor de 121 dólares) dirigido exclusivamente a quienes han cumplido 80 años y no reciben ninguna otra pensión formal. Se trataría de una ayuda focalizada, diseñada para aliviar las necesidades básicas de las personas más longevas y vulnerables del país.
La propuesta parte de una realidad innegable: con el paso de los años, las personas mayores suelen enfrentarse a mayores gastos médicos, requieren dietas especiales, medicinas y, en muchos casos, cuidados adicionales. Al mismo tiempo, sus oportunidades de generar ingresos se reducen prácticamente a cero. Para miles de hondureños de 80 años en adelante, la única alternativa es depender de hijos, nietos o familiares que, a su vez, suelen tener ingresos bajos e inestables. Una pensión suplementaria, aunque no resuelve todos los problemas, representa un respaldo fijo que les da dignidad y autonomía en la etapa más frágil de la vida.
Aunque en Honduras aún no existe un programa de este tipo, la experiencia internacional demuestra que estos apoyos tienen un impacto positivo. En México, por ejemplo, el gobierno entrega desde hace años una pensión mensual a todos los mayores de 65 años, y diversos estudios han confirmado que esta ayuda reduce significativamente la pobreza extrema en la vejez y mejora el acceso a alimentación y servicios de salud. En Bolivia, un programa similar beneficia a todos los mayores de 60 años. Son montos modestos, pero han demostrado que un ingreso estable ayuda a las personas mayores a mantenerse activas y a cubrir gastos básicos que, de otra forma, recaerían sobre sus familias o el sistema público de salud.
Más allá de reducir la pobreza, una pensión suplementaria también contribuye a prevenir otros gastos sociales y médicos. Al tener recursos para comprar medicinas básicas o pagar una consulta privada de bajo costo, las personas mayores pueden evitar complicaciones que terminarían en internamientos hospitalarios, mucho más costosos para el Estado. Asimismo, una mejor alimentación disminuye el riesgo de enfermedades relacionadas con la desnutrición o la falta de vitaminas. De este modo, la pensión actúa como una inversión preventiva, reduciendo la presión sobre hospitales públicos y programas de salud.
El diseño propuesto para Honduras busca ser realista y financieramente sostenible. Se estima que con una pensión de L 3,000 mensuales para aproximadamente 100,000 personas de 80 años o más que no tengan otra pensión, el costo anual rondaría los 122 millones de dólares, lo que equivale a menos del 0,3% del Producto Interno Bruto del país. Para una economía del tamaño de Honduras, este gasto es manejable y podría financiarse mediante reasignación presupuestaria, en particular reducción de gastos superfluos o discrecionales, incluyendo su sustitución por la partida de asignación de vehículos de lujo arrendados vía tasa de seguridad.
Es posible implementar esta ayuda utilizando estructuras ya existentes, como los registros de beneficiarios de bonos o bases de datos del Registro Nacional de las Personas, para identificar a quienes cumplen con los requisitos y no reciben otra pensión. Los pagos podrían realizarse a través de cuentas bancarias, tarjetas de débito o billeteras electrónicas, reduciendo riesgos de filtración y facilitando el retiro incluso en zonas rurales. Es importante señalar que, al tener un criterio universal, no se puede excluir por razones políticas.
Para que quede más claro, veamos un resumen del programa propuesto para Honduras:
| Característica | Detalle |
| Edad mínima | 80 años |
| Cobertura | Solo quienes no reciban otra pensión contributiva |
| Monto mensual | L 3 000 (~121 USD) |
| Beneficiarios estimados | ~100 000 personas |
| Costo anual estimado | ~122 millones de dólares (≈0,3% del PIB) |
Crear una pensión suplementaria no resolverá todos los problemas de la vejez en Honduras, pero puede cambiar la vida de quienes más lo necesitan. Es un paso modesto y posible que garantizase que los adultos mayores de 80 años, que han contribuido toda su vida a la sociedad, tengan un ingreso que les permita comer mejor, medicarse a tiempo y vivir con dignidad sus últimos años. Un programa exitoso con resultados validados podría ser expandido hacia edades menores.
Más allá de los números, se trata de una cuestión de respeto y justicia hacia quienes construyeron este país. Con un diseño bien enfocado y controlado, Honduras podría dar un ejemplo de cómo proteger a sus mayores sin comprometer la estabilidad fiscal, demostrando que cuidar de los más vulnerables es siempre una inversión que vale la pena.
