Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Más de 400 aspirantes a cargos de elección popular que lograron pasar el filtro de las elecciones primarias, lo hicieron sin rendir cuentas, es decir, sin demostrar de dónde provino el dinero de sus campañas políticas, cómo las financiaron y en dónde se puede rastrear el dinero invertido. Así lo señaló en su más reciente informe la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia.
A este momento, de cara a las elecciones generales, apenas poco más de un centenar de los más de cuatro mil candidatos a puestos de elección popular, han registrado la apertura de cuentas ante esa agencia de rendición de cuentas, reveló a Proceso Digital el comisionado German Espinal.
En el informe respecto al proceso primario, muchas de las personas señaladas por la Unidad de Política Limpia son reconocidos personajes del activismo político de los tres partidos que fueron a contienda en las primarias: Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre). Algunos son alcaldes, otros diputados, médicos, dirigentes magisteriales, comediantes, deportistas, cronistas deportivos, periodistas, entre otros.
Algunos, incluso, tienen cuentas pendientes con la justicia y en el apartado de observaciones que tiene el informe de la Unidad de Política Limpia, la mayoría de estos aspirantes solo presentaron su acreditación, y otros, ni eso.
El Informe, el primero de esta naturaleza, busca llamar la atención de los políticos y también de los ciudadanos, pues al acercarse los comicios de noviembre próximo, las más de 400 personas señaladas buscan correr por un cargo electivo sin querer rendir cuentas sobre la procedencia de sus dineros.
La Unidad de Política Limpia, con la difusión de ese reporte, que ya días había anunciado, puso en evidencia también que la alocución a la transparencia se queda solo en el nivel discursivo público, porque en la práctica, pocos quieren contar la procedencia de sus fondos para el financiamiento de campañas.
La presión popular al respecto crece a raíz de las denuncias de capos hondureños hechas en los tribunales de Nueva York, en donde han destapado el financiamiento ilícito de campañas políticas en los partidos políticos hondureños. También por los casos judiciales de millonarias defraudaciones de recursos públicos para financiar campañas políticas.
La Ley de Política Limpia, en alguna medida, busca atajar la procedencia de esos recursos ilícitos públicos, privados o de los grupos paralelos de poder, pero tiene limitaciones para poder hacer investigaciones a fondo; no obstante, el informe presentado de los aspirantes políticos que salieron electos y los que no salieron electos, es una radiografía de cómo anda la opacidad en la política.
Ni debates, ni propuestas
De acuerdo con la Ley de Política Limpia, los aspirantes políticos están obligados a la: acreditación de responsable financiero y registro de cuentas bancarias; presentación de informe financiero; declaración jurada de no gasto de campaña electoral.
De los 4,065 precandidatos que corrieron en los comicios primarios de marzo, fueron electos 1,281 y de éstos apenas 842 rindieron cuentas de sus ingresos y egresos. El resto, no presentaron nada y siguen sin presentarlo.
Los aspirantes políticos, en su gran mayoría, no solo no quieren exponerse a la rendición de cuentas en el financiamiento de campañas, tampoco quieren hablar de sus propuestas electorales, dar a conocer sus hojas de vida, menos su declaración patrimonial. La posibilidad de un debate presidencial es nula por la falta de voluntad de los aspirantes o por miedo a exponerse.
En las acciones de veeduría social que hacen diversas instancias sociales y juveniles, una de las dificultades que están encontrando es que los aspirantes políticos, en especial los que optan por una diputación, poco o nada quieren informar de su visión del país, sus problemas, sus propuestas o cosas tan básicas como su hoja de vida o educación básica, media o superior.
La plataforma Dato Público, parte de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H), mostró su preocupación por la apatía de los aspirantes políticos en el nivel electivo de diputados para dar a conocer sus propuestas políticas. Ellos buscan presentar a la ciudadanía el quién es quién de los aspirantes a diputados para que la ciudadanía pueda ejercer un voto consciente.
Otras instancias que ejecutan acciones de veeduría también experimentan acciones similares, a nivel local de municipios o importantes zonas geográficas de los departamentos. Los aspirantes políticos parecen seguir la línea de alguno de los presidenciables: rehuir el debate.
Sus propuestas en torno a la lucha contra la corrupción, la seguridad, el empleo, el endeudamiento en que ha caído el país, o las leyes lesivas con la transparencia, no son parte de su discurso, porque la arenga se ha centrado en campañas vacías donde predomina el insulto o la violencia en la alocución política.
Los montos estimados
Algunos estrategas de campaña han recomendado a sus candidatos que no es necesario el debate, porque ya lo tienen en sus encuentros con los activistas en sus actos de campaña, les dicen que “mejor escuchen” porque al elector no le gusta que le hablen de propuestas ni temas que “complican” su entorno como la lucha anticorrupción o la presencia del crimen organizado.
Bajo este panorama discurre la campaña política, donde las propuestas vacías y la ausencia de debate se imponen. El clientelismo político se reactiva con el asistencialismo y los bonos, florecen los ataques que, son peores aún, en las redes sociales donde la polarización no tiene precedentes. Los gastos son millonarios, a tal grado, que, según datos preliminares de la Unidad de Política Limpia, la campaña primaria osciló por el orden de los 328 millones de lempiras.
Los mayores techos se dieron, precisamente, en el sector que menos cuenta quiere rendir: los aspirantes a diputados y a alcaldes municipales. Los gastos por nivel electivo anduvieron por más de 20 millones de lempiras a nivel presidencial, 93 millones para diputados y 78 millones para alcaldes. (PD)
