Previo a elecciones 64 % de candidatos incumplieron ley de financiamiento

Tegucigalpa – A 70 días de las elecciones generales, la opacidad se cierne sobre el financiamiento de las campañas electorales. Apenas 20 sujetos obligados han presentado su cuenta bancaria ante la Unidad de Política Limpia (UPL), quienes lamentan que apenas el 36 % de los participantes en los comicios primarios rindieron sus respectivos informes de gastos.

– El próximo martes se presentará un informe sobre los 6 mil sujetos obligados que participaron en los comicios primarios de marzo pasado.

– La UPL anunció auditorías ‘in situ’ a partir de octubre para evitar que fondos mal habidos entren a la campaña electoral.

– EEUU ha insistido en frenar los dineros sucios de las campañas políticas hondureñas.

Así puesla campaña electoral que comenzó el pasado 30 de agosto en Honduras no podrá contar con altos estándares de fiscalización por parte de la Unidad de Política Limpia (UPL), debido a que la normativa que la rige no la dota de “garras y dientes”.

Bajo esos términos se expresaron funcionarios de la UPL, así como analistas políticos, todos coinciden que el financiamiento de “dineros oscuros” es latente y una historia que se repetiría tal como sucedió en las últimas campañas electorales.

“hay preocupaciones por la entrada del dinero del crimen organizado al proceso político a través de las donaciones en las campañas”. Ricardo Zúniga.

Incluso la preocupación ya recorre las oficinas del Departamento de Estado en Washington, así como en otras secciones del gobierno estadounidense, en cuanto a que dinero del narcotráfico o la corrupción estén financiando campañas electorales en Honduras.

En juicios que se ventilan en cortes de Estados Unidos, ha salido a relucir cómo la narcoactividad permeó la clase política y especialmente financió campañas políticas en Honduras.

Algunos aspectos importantes de la ley que rige la UPL establecen que en el nivel electivo presidencial el techo de campaña asciende a 396 millones de lempiras, mientras para diputados oscilan entre 4 y 14 millones, y a nivel de alcaldías entre 40 millones (en San Pedro Sula) y 74 millones (Tegucigalpa), que son las de mayor carga electoral.

Es importante mencionar que existe una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el que declaró procedente como clasificada la información de datos personales de toda persona natural o jurídica aportante privado a una campaña de cualquier nivel electivo.

Candidatos reprobados en primarias

Alva Rivera, Comisionada Coordinadora de la Unidad de Política Limpia.

La Comisionada Coordinadora de la Unidad de Política Limpia, Alva Rivera, apuntó que unos 4 mil 500 sujetos obligados, de 6 mil que participaron en las elecciones primarias, incumplieron con el requerimiento de presentar un informe sobre los gastos de campaña.

Recordó que la ley que dio vida a la UPL data de 2016 y un año después se creó esta oficina que en la actualidad tiene 43 empleados, incluyendo a los tres comisionados. Gozan de un presupuesto anual de 30 millones de lempiras, pero para este 2021 se les asignaron 60 millones para cubrir elecciones primarias y generales.

Con este presupuesto complementario se contrataron 33 auditores y 30 abogados, lo que permitirá presentar un informe tras los comicios tanto de marzo como de noviembre.

En las elecciones generales de 2017 se realizó una especie de pilotaje por parte de UPL. “Es una quimera pensar que luego del proceso electoral que se realiza, poder decirle en 15 días a un sujeto obligado que está a punto de tomar posesión tras ser electo que está inhabilitado en base a una realidad concreta”, aclaró.

La funcionaria anunció que la próxima semana presentarán un documento sobre la fiscalización de las elecciones primarias, en las que el 36 % de los participantes (electos y no electos) presentaron su informe.

Del universo de 6 mil candidatos que participaron en los comicios primarios, el 64 % no presentaron su respectivo informe ante la UPL.

Rivera especificó que el martes 21 de septiembre se divulgará el informe que retrata a 4 mil 500 sujetos obligados a presentar sus informes sobre gastos de campaña.

Dijo que existe la necesidad de exponer ante la ciudadanía, sin mala intención, a los que incumplen la ley y de esa forma exista el compromiso de rendir cuentas sobre los gastos de campaña electoral.

Lamentó que apenas 20 candidatos se han apersonado a la UPL para presentar su cuenta bancaria de cara a los comicios de noviembre.

“Mucho se ha hablado de una nueva ley que permita autonomía de lo que pudiera ser una entidad con otro nombre ya que actualmente estamos adscritos al Consejo Nacional Electoral”, señaló.

Ahondó que hay dos proyectos de ley que fueron presentados ante el Legislativo para garantizar el financiamiento de las campañas electorales.

“Son buenos proyectos, pero el tiempo ya nos comió, no hay posibilidad, habría que esperar el próximo ciclo electoral y creo que estamos apuntándole a eso. El dinero no ajusta si pretendemos fiscalizar y profundizar en las tareas asignadas a la unidad”, explicó.

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Ley requiere mayor fuerza

Comisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal.

En entrevista con Proceso Digital, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, dijo que desde que se promulgó la ley “era evidente que la misma requería actualizarla, darle mayor fuerza sancionadora”.

Manifestó que se ha alargado la oportunidad de mejorar la normativa que rige la UPL.

“Estas unidades son de las denominadas de cuarta generación, pero valoramos que el debate es saludable para mejorar las capacidades”, externó.

Espinal englobó que los esfuerzos de la UPL “son modestos” para garantizar elecciones sin violencia y que se respeta la voluntad del pueblo.

Insistió que con la ley de UPL “se puede hacer modestamente algo, pero necesitamos una mejor articulación con los demás operadores de justicia, mayor voluntad política para activar la persecución del delito electoral”.

Según la normativa vigente, la UPL tiene como facultad fiscalizar los gastos de la campaña electoral, así como el origen y destino de los fondos que invierten los sujetos obligados en el proceso eleccionario.

Mencionó que todos los sujetos obligados -llámese candidatos- están obligados a tener una cuenta bancaria, ya sea que gasten o no recursos en sus campañas. “El Consejo Electoral ya emitió el listado de los candidatos, el mismo está en la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y nosotros lo hemos turnado a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias”, apuntó.

Citó que desde que alguien aspira a un cargo público se convierte en “persona políticamente expuesta”, por tener responsabilidad, toma de decisiones y manejar recursos.

Dejó claro que para la UPL no es problema que se inviertan recursos en la campaña, “lo que nos importa es el origen y destino de los fondos, fundamentalmente contrastar que no tengan una procedencia de origen ilícito y de amenazas a la democracia como el crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos”.

Explicó que la Unidad de Política Limpia tiene dos líneas de trabajo: auditoría in situ y la revisión del informe financiero documental que es la que presenta cada uno de los candidatos a cargos de elección.

El funcionario remarcó que “falsear la información no es bueno porque puede tener una sanción pecuniaria para el candidato. Nosotros les rogamos y les sugerimos que solo por presentar el informe no cometan el error de faltar a la verdad”.

Desglosó que los dos monitoreos que harán, uno lo está desarrollando el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en tanto el otro lo llevarán a cabo las Naciones Unidas en conjunto con la UPL.

Justificó que la debilidad institucional de Honduras es histórica, esto en respuesta a que con el funcionamiento de la UPL prácticamente desaparecerán los financiamientos ilícitos.

Muerte sobrevenida

Apenas 20 candidatos se han apersonado a la UPL para presentar su cuenta bancaria de cara a los comicios de noviembre.

Dijo que en el caso que uno de los candidatos a cargos de elección popular sobrepase los montos estipulados para la campaña, perfectamente puede ser despojado del triunfo y a esto se le conoce en legislación como “muerte sobrevenida”.

“La muerte sobrevenida no es fácil probarla, sobre todo por el alto poder de los poderes fácticos que hay en Honduras”, indicó Espinal.

Ejemplificó que cuando el acusado es un prominente actor político, entonces tiende a enfatizarse al respeto del principio de inocencia y eso se pudo observar en la última semana en un hecho trascendental que involucró a un jefe edilicio del Caribe del país.

(LEER) Frenar dineros sucios en campañas, corrupción e inequidad, demanda EEUU

En torno a las declaraciones del enviado especial de EEUU para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúniga, sobre la preocupación de Washington por el financiamiento ilícito de las campañas electorales, dijo que lejos de ser una presión más bien es un aliciente saber que cuentan con el apoyo del país del norte.

“El análisis de este alto funcionario de EEUU es bienvenido y lo sentimos más bien como un respaldo a la necesidad de que los Estados y las instituciones nos empoderemos y hagamos lo que tenemos que hacer”, discursó Germán Espinal.

Analistas coinciden en pocas facultades de la UPL

Luis León, Representante del Instituto Holandés para la Democracia.

El representante del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, lamentó que muchos de los que aspiran a cargos de elección popular no acudieron a la Unidad de Política Limpia durante las pasadas elecciones primarias, por lo que externó: “la unidad requiere transitar por el camino de la independencia política, legal y financiera, para que realmente investiguen, pero hoy por hoy son una unidad auditora en la que se revisan facturas presentadas por los candidatos y se presentan informes diciendo esas facturas eran reales”.

Para el analista político, Efraín Díaz Arrivillaga, la falta de claridad en el financiamiento de las campañas políticas es un reto a enfrentar en las próximas elecciones.

Reflexionó qué auditar los fondos de la campaña política requiere de un trabajo de mucha capacidad investigativa. Sin embargo, la Unidad de Política Limpia debe preguntarse si está a tiempo de fortalecer su capacidad, cuestionó.

“No hay duda que el dinero del narcotráfico y de otras fuentes ilegales han estado presentes en las campañas políticas de Honduras, por lo menos en la última década”, reconoció.

Asimismo recordó que durante el proceso electoral primario no se percibió el papel relevante de la Unidad de Política Limpia y eso no ha cambiado en el panorama electoral.

Con base en lo anterior, exhortó a fortalecer las capacidades de dicha unidad ya que al no existir claridad sobre el financiamiento de las campañas se ensombrece el panorama electoral en Honduras.

De su lado, el exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, consideró que le será difícil a la Unidad de Política Limpia cumplir con su misión por falta de estructura.

Prevé que la Unidad de Política Limpia hará un gran esfuerzo, no obstante, no posee los mecanismos para fiscalizar los financiamientos de las campañas electorales.

“Allí solo está una comisión que se encarga de pedir informes, estados de cuenta de los partidos y candidatos, pero que resulta difícil de controlar”, dijo a Proceso Digital.

Mencionó que solo los grandes partidos políticos realizarán campaña política por la enorme cantidad de recursos económicos y de personal que disponen.

Julieta Castellanos, exdirectora del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas).

La exdirectora del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas), Julieta Castellanos, esbozó que la fiscalización de recursos a utilizar en las campañas electorales, es un problema extenso, tomando en cuenta que hay 14 partidos y la Unidad de Política Limpia carece de una estructura sólida que pueda dar seguimiento al tema.

“Es difícil que los comisionados contravengan al respecto cuando se sabe fueron puestos ahí por los partidos políticos”, aseveró.

De su lado, el padre Germán Cálix, consideró que casi todos los partidos incurren en deudas políticas, porque no son solventes, y el riesgo es que contraigan compromisos con dineros ilícitos o que se infiltre el narcotráfico.

“Siempre hay el peligro de que la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos puede ser  grande, porque si hay 15 candidatos el narco bien podría tener 15 diputados por lo menos en el Congreso Nacional ese peligro es difícil evitarlo sobre todo porque los partidos no están acostumbrados a dar cuentas”, analizó.

En ese sentido el llamado es a los entes encargados como la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral, que deben estar muy atentos y llamar a rendir cuentas a los partidos y sus candidatos de forma eficiente, estos órganos deben ser muy beligerantes y hacer siempre las investigaciones correspondientes, “ellos tendrían que tener mucha disposición para estar atentos a este tipo de cosas”, enfatizó.

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