Tegucigalpa – El ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, cuestionó este sábado que en la reunión que sostendrá la comisión multipartidaria del Congreso Nacional con el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, solamente se irá a tomar café.
Flores Lanza quien fungió como ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009), salió al paso a la decisión del Ministerio Público de reactivar el caso de corrupción conocido como el “Carretillazo”.
“Nosotros estamos contentos y satisfechos de que por primera vez, se va a investigar qué pasó con los recursos que se destinaron para financiar la encuesta de la Cuarta Urna; este es un caso que el golpismo estigmatizó y penalizó”, expresó el ex funcionario.
Agregó que 10 días después del derrocamiento del ex presidente Zelaya, ya habían órdenes de captura en contra del ex mandatario, varios de sus ministros incluido Flores Lanza y nunca se les investigó, nunca se les tomó declaración y ni siquiera se les permitió presentar algún documento.
Seis años después se anuncia que se va a investigar ese caso, pero esa comisión especial del Congreso Nacional, no tiene ninguna potestad investigativa, no puede llamar a nadie, no puede pedir información a alguna institución pública ni privada como un banco, aseveró.
“Lo único que van a hacer es ir a tomar café con el Fiscal General, él les va a decir lo que han hecho como un informe y punto”, cuestionó.
En ese sentido, considera que la propuesta del Partido Liberal a través de su presidente Mauricio Villeda, era la correcta, había que interpelar al Fiscal General para que explicara porqué después de un año de tener los cheques a favor del Partido Nacional, no se ha investigado, pero para no interpelar a ese alto funcionario, prefirieron nombrar esa comisión.
El nombramiento de la comisión “es una cortina de humo para que la gente quite sus ojos de lo del Seguro Social y lo ponga sobre el tema de la Cuarta Urna y el Carretillazo”, argumentó Flores Lanza.
Agregó que luego de permanecer en el exilio después de la salida de Zelaya, “nosotros regresamos al país con la frente en alto y no pedimos ningún privilegio, no queremos amnistía, no queremos que nos quiten los juicios, simple y sencillamente que nos dejen probar que somos inocentes, que la Cuarta Urna fue un proyecto legal, oficial del gobierno de la República, autorizado en Consejo de Ministros, publicado en el diario oficial La Gaceta”.
Aseguró que el proyecto no fue prohibido por tribunal alguno porque se hizo en base a la Ley de Participación Ciudadana y los recursos que se utilizaron fueron administrados por los coordinadores departamentales, ministros, directores, gerentes y presidentes de instituciones autónomas en los 298 municipios de los 18 departamentos del país para el manejo de las 18 mil urnas que se habían instalado para realizar la encuesta el 28 de junio de 2009.
