«Nada cambiará… si la persona está acá de forma ilegal, la entregaremos a las autoridades de Inmigración y Aduanas», enfatizó Arpaio, que ya había ordenado la ampliación de la cárcel Tent City donde se alojan los detenidos a temperaturas que llegan hasta 140 grados Farenheit (60 Celsius) en la zona desértica.
Arpaio reaccionó así a la decisión de la jueza federal Bolton de bloquear las partes más polémicas de la ley SB1070, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer el pasado 23 de abril.
Para el jueves se mantienen en pie las protestas, vigilias y actos de desobediencia civil programadas en Phoenix y, según Arpaio, eso «será una buena prueba» de la eficacia del dictamen.
«Será sorprendente si (los indocumentados) acuden con semejante publicidad, dijo.
Arpaio indicó que mañana sus agentes llevarán a cabo la 17 operación para la «supresión del crimen» desde marzo de 2008, sin importar el dictamen de la juez federal Susan Bolton.
El alguacil insistió en que sus subordinados están capacitados para arrestar a los indocumentados en función a ciertos «criterios», como no portar los debidos documentos migratorios y poblar «las áreas donde prevalece» la población ilegal.
Según su oficina, en las últimas 16 operaciones se ha logrado el arresto de cerca de mil inmigrantes, de los cuales 600 eran indocumentados.
La oficina, que no descarta que el asunto llegue hasta el Tribunal Supremo si falla una posible apelación, dijo que cuenta con un total de 800 agentes capacitados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 3.000 voluntarios, y 2.000 oficiales en los centros de detenciones.
Agregó que desde finales de 2006, las operaciones policiales de Arpaio han logrado la detención de 40.000 indocumentados.
Arpaio también lanzó una advertencia para los miles de activistas que han comenzado a llegar hoy desde California en solidaridad con la comunidad inmigrante en Arizona: «si van a bloquear (la entrada) a mis cárceles, van a terminar en la cárcel».
El dictamen de la jueza en efecto bloquea la puesta en marcha de la parte de la ley que hubiera permitido a la Policía, al detener a alguien por alguna infracción, arrestar a personas que sospeche son inmigrantes indocumentados para su eventual deportación.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a portar sus documentos que comprueben su estatus legal en Arizona.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su constitucionalidad.
La decisión de Bolton representa una victoria para los grupos de inmigrantes que, no obstante, piensan mantener su activismo a favor de una reforma.
