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Recompensas millonarias en un país bajo estado de excepción y violencia sin fin

Tegucigalpa – El gobierno dispone de 33 millones 600 mil lempiras para pagarle a quien dé información que lleve a la captura de los 10 más buscados en Honduras, una cifra que contrasta con un pueblo con necesidades elementales como medicina o el presupuesto para que los órganos electorales que garantizan la transparencia del próximo proceso electoral del 30 de noviembre, realicen su trabajo.

Las millonarias recompensas se ofrecen bajo un ambiente de violencia sin fin, que deja seis muertos por día, a pesar de que hace casi cuatro años vive bajo un estado de excepción.

Los datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), indican que pese a la reducción de la violencia en el país, si se comparan estas estadísticas con las del resto de Latinoamérica “Honduras sigue siendo un país violento, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios”, lamentó la coordinadora de esta instancia, Migdonia Ayestas.

(Leer) Estado de excepción en marco electoral: ¿seguridad o represión?

La situación preocupa porque en estos números reflejan que la violencia de género sigue afectando a las hondureñas, con 167 muertes violentas en lo que va del año.

El analista Germán Licona.

Precisamente, para el especialista en materia de seguridad, Germán Licona, esos millones que ofrece la Policía Nacional serían mejor empleados si lo invirtieran en reformar la seguridad de los ciudadanos. “Yo le pediría al ministro ´todo va bien´ (Gustavo Sánchez), invierta más en contratar policías”.  

(Leer) Experto en Seguridad pide a ministro Sánchez que use recompensa por Romeo Vásquez en contratar más policías  

El analista recordó que las autoridades hablaron de 25 mil policías al cierre del 2025, pero en la actualidad solo tienen 21 mil policías. “Solo 7 mil policías están dispuestos para trabajar en operativos y no vemos resultados con relación a la eficiencia y la eficacia con la que se deben manejar esos presupuestos”, observó.

El director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Lester Ramírez dijo a Proceso Digital que el sentir de la mayoría de los hondureños es que hay temas mucho más interesantes y prioritarios.

El director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), Lester Ramírez.

«No hay presión social, ni aquella indignación por lo de Romeo Vásquez, quien es el hondureño que lidera la lista de los más buscados, y por eso vemos que esto no responde realmente a un interés de hacer justicia, sino que un interés político, por un lado de mantenernos entretenidos con Romeo Vásquez y por otro lado cobrarse una espinita que se tiene el partido Libertad y Refundación (Libre) y especialmente el expresidente Manuel Zelaya», afirmó.

Ramírez prevé que lo que puede suceder es que esta situación producirá un ciclo de revanchas políticas que se irán desarrollando con los cambios de gobierno.

La mayor recompensa

Entre las recompensas que ofrece el gobierno, una llama la atención especialmente, la ofrecida por el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez

A mediados de julio, y con 15 millones de lempiras en el tablero, el exjefe del Estado Mayor Conjunto se convirtió en el perseguido por el Estado con la mayor recompensa ofrecida en la historia del país, un puesto que a la fecha mantiene y con una cifra que crece constantemente.

La recompensa por la ubicación de Romeo Vásquez es de 25 millones de lempiras.

La recompensa, inicialmente establecida en 500 mil lempiras en marzo de 2025, ha venido aumentando de manera progresiva: primero a 1 millón, luego a 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones y posteriormente a 15 millones el pasado 31 de julio. El 18 de agosto, el monto subió en 5 millones más, alcanzando los 20 millones, y ahora llega a 25 millones de lempiras, convirtiéndose en la mayor suma ofrecida por la seguridad del país para la localización de un perseguido por las fuerzas del Estado.

Vásquez Velásquez está a la par de asesinos múltiples y estafadores de la talla de Yulan Adonay Archaga Carías (El Porkys), por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares (125 millones de lempiras), y por quien en Honduras se llegó a ofrecer por su captura 3.5 millones de lempiras. En la actualidad, al parecer no es prioridad pues la seguridad nacional no ofrece recompensa alguna.

El militar retirado en cambio es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas que siguieron a la crisis política de 2009 por la salida del poder del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Además se le acusa por lavado de dinero.

El general en condición de retiro se encuentra en la clandestinidad, luego de que una resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal decidiera cambiar la medida de arresto domiciliario a prisión preventiva. 

Motivados por la venganza

Para el candidato a diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, ésta es solamente una demostración más de la desfachatez del gobierno de la presidenta Xiomara Castro “que no prioriza, que le interesa más su venganza y vendettas personales, incluso contra personas inocentes de lo que se le acusa, como el caso de Romeo Vásquez”.

El dirigente nacionalista dijo a Proceso Digital que es lamentable que para el odio personal si haya millones de lempiras, pero para la democracia no.

El aspirante a diputado, Kivettt Bertrand.

En contraste, para pagarle a las enfermeras auxiliares, para la compra de medicinas de los hospitales públicos y mucho menos para los órganos electorales que garantizan la transparencia del próximo proceso electoral del 30 de noviembre.

“Es una de las razonas por las que tenemos que terminar con esta pesadilla que significa ser gobernados por inútiles incapaces, llenos de odio, como los de Libertad y Refundación”, expresó.

Los 33 millones 600 mil lempiras que ofrece el Estado de Honduras por información que lleve a la captura de Romeo Vásquez Velásquez (L 25 millones), Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porkys (cinco millones de dólares que ofrece EEUU), Rolando Josué Sánchez Salinas (L 5,000 mil), Christian José Castillo Mercado (L 500 mil), Rony Geovany Maradiaga Cruz (L 500 mil), Alexander Manuel Díaz Rodríguez (L 500 mil), Carlos Arturo Ochoa Medina (L 500 mil), Fabricio Jared Matute Cabrera (L 500 mil), Luis Gustavo Rivera Alvarado (L 300 mil) y Marlon Josué Lagos Suárez (L 300 mil), representan el 42 % del presupuesto solicitado para la fiscalización de las elecciones del 30 de noviembre.

Ley de recompensas

Ante esta escalada en las recompensas, el exdiputado del Partido Nacional, Rodolfo Zelaya, quien durante su gestión propuso la Ley de Recompensas, reprochó a la Policía Nacional que la normativa se está desviando de su propósito original de herramienta neutral y planificada para combatir el crimen organizado.

El exdiputado Rodolfo Zelaya.

(Leer) Policía Nacional está desviando propósito original de Ley de Recompensas, reprocha exdiputado que propuso la normativa 

Para Zelaya, elevar la recompensa por Romeo Vásquez Velázquez “forma parte de una serie de incrementos sin criterios transparentes ni justificaciones públicas, contraviniendo el artículo 6 del reglamento que exige neutralidad y racionalidad”, indicó Zelaya, en su cuenta de la red social X.

El exdiputado proponente que la Ley de Recompensas, aprobada bajo Decreto 21-2014, esa práctica “genera interrogantes sobre su alineación con el espíritu de la ley, que durante mi gestión se aplicaba con montos estables basados en evidencia, no en respuestas reactivas”.

“El contexto actual agrava esta inquietud: a menos de 100 días de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras enfrenta un entorno electoral polarizado”, mencionó.

Zelaya refirió que el caso de Vásquez Velázquez, implicado en la crisis política del 2009 y acusado de homicidio y lavado de activos, parece utilizarse para fines que trascienden la justicia estricta, posiblemente como distractor de prioridades nacionales como la seguridad y la economía.

Para el exparlamentario, la recompensa desmedida, “erosiona la confianza en las instituciones y contradice el marco legal que impulsé”.

En tal sentido, Zelaya aboga por reformas inmediatas al reglamento, incluyendo criterios obligatorios para incrementos y mayor transparencia en la Secretaría de Seguridad, pues este contraste entre cifras millonarias en concepto de recompensas en un país bajo estado de excepción y violencia sin fin, no tienen sentido. PD

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