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Publican en La Gaceta convenio de la MACCIH y ordenanza de la CorteIDH de restituir jueces

Tegucigalpa – El convenio que ratificó el Congreso Nacional con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ya se convirtió en ley, después de ser publicado este día en el diario oficial La Gaceta.

El subjefe de producción de La Gaceta, Carlos López, informó que el decreto 23-2016 que da vida a la ley que ratifica el convenio que suscribió el presidente de la República, Juan Orlando Hernández con la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que MACCIH opere en Honduras es una realidad.

“Lo que dice el artículo es que aprueba todas y cada una de sus partes, convenios entre la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras con sus correspondientes anexos, suscrito el 19 de enero de 2016 en la ciudad de Washington DC”, narró López.

Y agregó que “se encuentra literalmente está todo completo en diario La Gaceta en el número 34 mil 015 que suscribió el presidente de la República”.

También se publicó en el mismo ejemplar la ordenanza de restituir a tres jueces y una magistrada que hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El funcionario informó que este miércoles también fue publicado el convenio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a la Corte Suprema de Justicia restituir a tres jueces y una magistrada destituidas tras la crisis política de junio de 2009.

“Hemos publicado la resolución que enviado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció una sentencia de reparación y ordena al Estado de Honduras reincorporar a Adán Guillermo López, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Chevez a los cargos similares que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango que le correspondía a la fecha”, explicó López.

En el caso que no sea posible la reincorporación el Poder Judicial deberá pagar la sentencia pública y la indemnización por gastos.

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