Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro ordenó eliminar el tratado de extradición con el gobierno de Estados Unidos, que era permitido desde enero de 2012 luego de una reforma constitucional y que a la fecha ha permitido la entrega de 52 nacionales a ese país anglosajón por delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo.
La decisión de la mandataria hondureña ocurre luego de las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien dijo estar sorprendida y decepcionada por ver a oficiales hondureños reunidos con narcotraficantes de Venezuela.
Lo anterior en alusión a la cita del ministro de la Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con el secretario de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, señalado por EEUU de delitos de narcotráfico.
“Estamos muy preocupados por lo ocurrido en el gobierno de Venezuela, fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”, dijo sin ambages la representante de Washington.
Pero apenas habían transcurrido minutos cuando las declaraciones de Dogu habían generado un cisma en el país, al grado que prácticamente el gabinete de gobierno en pleno comenzó una ola de ataques contra la diplomática.
El canciller hondureño Enrique Reina reaccionó a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos y afirmó que “es insoportable el irrespeto e injerencia de Embajadora Laura Dogu”.
A criterio de Reina “insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía”.
De su lado, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya calificó las declaraciones de la embajadora norteamericana como “un ataque hipócrita y cínico”. Además, cuestionó que “asistimos a reuniones con las autoridades de EEUU, conscientes que ellos son tolerantes, protegen y nunca capturan sus narcotraficantes que operan dentro de EEUU”.
Otro de los primeros en reaccionar fue el ministro asesor en materia de Estrategia y Comunicaciones, Milton Benítez, quien volvió a llamar “Dogui” a la embajadora Dogu. Luego siguieron otros como la del ministro de Planificación, Ricardo Salgado, que fue más allá al denunciar que fue la CIA (Agencia Central de Inteligencia) la que construyó la pista El Aguacate, en Olancho, para traficar drogas a EEUU.
“La CIA fue la que inició el tráfico de drogas en Honduras, quien armó la pista de El Aguacate para vender droga y llevarle armas a los Contra fueron los gringos”, aseveró el ministro.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se jactó que Honduras es un país soberano y digno. Asimismo, agregó que la Policía Nacional se ha reunido con los embajadores de EEUU, China y Rusia e Israel, entre otros con el afán de trabajar de manera articulada.
“Recordamos que en el 2017 la Encargada de Negocios (Heide Fulton) avaló el fraude del narcotraficante Juan Orlando Hernández, acción que costó sangre y dolor a nuestro pueblo”, expresó Sánchez.
Así fueron surgiendo las reacciones de los funcionarios de gobierno, desde las más altas esferas hasta cargos secundarios, pero todos con el denominador común de respaldar la decisión de la presidenta Castro y criticar “la injerencia” de Estados Unidos.
Una década con 52 extradiciones a EEUU
En mayo de 2024, Honduras cumplió una década de extraditar a sus ciudadanos a EEUU, luego de la reforma constitucional en enero de 2012, pero que se concretó dos años después con la entrega de Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, quien fue condenado a 20 años de cárcel, pero tras colaborar con la justicia norteamericana ya salió de prisión y ahora disfruta del sol de Miami bajo la figura de libertad vigilada.
Entre las 52 entregas a EEUU figuran capos, operadores y transportistas del narco, políticos, exdiputados, exoficiales, incluyendo a un exjefe policial, e incluso un expresidente de la República.
Sin una ley vigente de extradición, pero con un tratado en funciones, Honduras se valió de un auto acordado para materializar las entregas a la justicia norteamericana.
Al no existir una ley, el entonces titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, aprobó un auto acordado que es el que se ha utilizado a pesar de los reclamos de varios sectores que siempre exigieron una normativa que esbozara el procedimiento a seguir.
Pero hoy, la presidenta Castro denunció el tratado y le comunicó a EEUU “la decisión del gobierno de la República de Honduras” de dar por finalizado el tratado de extradición.
El canciller Enrique Reina arguyó que es una atribución particular de la Presidencia de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales del país, por lo que defendió que la denuncia al tratado de extradición “es una posición digna, de soberanía” que no tiene que ver con otros temas bilaterales.
Adicionó que no hay que olvidar que la Constitución prohibía la extradición de hondureños y que el mecanismo que ha permitido realizar estas entregas se realizó tras “la reforma que se dio durante la narcodictadura” y que esta administración dio fiel cumplimiento.
“Narcotraficantes están saltando
de la alegría”: Juan Carlos Barrientos
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos dijo tras conocer la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar la extradición, que los “narcotraficantes están saltando de la alegría”.
Señaló que “esta gente del gobierno tiene un doble discurso porque lo que antes era malo resulta que ahora es bueno”.
Agregó que no hay tolerancia de parte del gobierno porque por unas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos ellos lo quieran usar de excusa para denunciar el tratado de extradición.
Indicó que gracias al tratado de extradición se había venido depurando el país del crimen organizado.
Medida debe ser ratificada por Congreso
“El tratado de extradición fue aprobado por el Poder Ejecutivo y por el Congreso Nacional, por lo tanto tiene que ir al Poder Legislativo para poder derogarlo y se aprueba con 65 votos, por lo que no sólo basta con mandar una nota”, arguyó.
La medida sólo favorece a los narcotraficantes, remató Barrientos.
Hondura se alinea con Venezuela
y Cuba: congresista de EEUU
El congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez aseveró que Honduras decidió alinearse en el camino de los gobiernos de Venezuela y Cuba.
A través de su cuenta de red social “X”, el congresista republicano tildó a los gobiernos de Cuba y Venezuela como “narcodictaduras asesinas”.
“Esta política patética perjudica al pueblo hondureño, su comercio y las relaciones con el mundo libre”, finiquitó Giménez.
Honduras no puede permitir que
el narcotráfico siga operando: ASJ
La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) exhortó a la presidenta Xiomara Castro, los diputados al Congreso Nacional y al Poder Judicial que antepongan los intereses de la nación para combatir la criminalidad.
Esta organización de sociedad civil considera que el tratado de extradición y la figura del auto acordado han permitido revelar la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del país.
Recordó que los recientes juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra hondureños extraditados confirmaron que el narcotráfico ha cooptado las instituciones de justicia y ha financiado campañas políticas.
ASJ reafirmó la urgencia de blindar el financiamiento político, los procesos electorales, así como el sistema de seguridad y justicia.
Se alienta el crimen y la impunidad: Jiménez Mayor
El exvocero de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, consideró la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos como un “gran retroceso”.
¿Cuál puede ser una razón objetiva para impedir la extradición de nacionales?, se preguntó el exvocero de la MACCIH la decisión de la presidenta Xiomara Castro.
Señaló que los narcotraficantes son personas que han cometido delitos y que requieren ser juzgadas por jurisdicciones de otros países por sus crímenes.
El exfiscal peruano indicó que estas determinaciones alientan el crimen y la impunidad.
¿Acaso tenemos “los extraditables”
como en la Colombia de Escobar?
¿Acaso tenemos “los extraditables” como en la Colombia de Pablo Escobar que lucharon contra la extradición?, se preguntó el defensor de los derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, tras conocer la decisión de Honduras denunciar del tratado de extradición con Estados Unidos.
Posteó en su cuenta de red social “X” que la figura de extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que brindan los Estado para evitar que los actos ilícitos queden en la impunidad.
No tiene nada que ver con injerencia política ni cuestiones ideológicas, señaló.
“Al denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, a la ciudadanía hondureña se nos está quitando una herramienta fundamental que ha demostrado ser eficaz para perseguir y sancionar a criminales que el sistema de justicia hondureño jamás investigó”, aseveró.
¿Por qué denunciar este tratado bilateral y no otros? ¿En qué afecta la cooperación judicial internacional a la soberanía nacional? ¿A quién se quiere proteger realmente?, concluyó su publicación. PD
