Tegucigalpa – La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal en contra del actual diputado Alberto Chedrani, cuatro excongresistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Los exdiputados imputados en este requerimiento fiscal son: José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.
Según el comunicado del Ministerio Público, estas personas son implicadas en presuntas operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONGs Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO) durante el período 2013-2017.
Alberto Chedrani y José Vicente León son acusados por la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado activos; mientras que Oswaldo Ramos Soto, Rodimiro Mejía y Ricardo Díaz Aceituno, por fraude.
También fueron acusados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Casulá Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (éstos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).
Desglose de acusaciones
En caso los presidentes de OLICODE y OIMSO fueron acusados por los delitos de fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
Mientras que las personas que recibieron que recibieron y cambiaron los cheques a sus nombres son imputados por encubrimiento por receptación agravado.
Finalmente, Ramón Eduardo Núñez Rodas de OLICODE y Marvin Alexis Sabillón de OIMSON, son acusados por falsificación de documentos.
Expediente
Según las investigaciones, los imputados se coludieron para crear las ONGs OLICODE y OIMSO, para desarrollar 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán.
Sin embargo, de los proyectos solo se ejecutaron un aproximado de cinco y, de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
UFERCO señaló que, desde su origen durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONGs se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades.
Los diputados se valieron de su cargo para drenar recursos estatales, mientras que los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), detalla el MP.
Además, el ente acusador del Estado determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONGs el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
En el caso de Alberto Chedrani, percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones de lempiras, Ramos Soto fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras. AG
