Tegucigalpa – Los últimos acontecimientos que ligan a policías hondureños con el crimen organizado vuelven a poner en dedo en la llaga sobre el proceso de depuración que apartó unos 6 mil agentes corruptos en un lapso de tres años (2016-2019).
El trabajo de la Comisión Especial de Depuración sacó desde generales hasta miembros de la escala básica, en un cuerpo policial que se había coludido con el crimen y que eran parte de él. Varios enfrentan procesos penales en el país, otros en cambio se declararon culpables en cortes de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Sin embargo, leyes aprobadas por el Congreso Nacional dieron paso a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), quien ahora hace el papel de un ente depurador desde lo interno.
En los últimos días ha llamado mucho la atención el involucramiento de agentes y oficiales de la Policía en acciones reñidas con la ley y que de nuevo disparan las alarmas en el sentido que este cuerpo del orden no se vuelva a contaminar como sucedió por décadas.
La semana anterior, mediante la Operación Chakal, el Ministerio Público desnudó una red de policías involucrados en la trata humana.
Mediante las acciones se detuvo a 15 personas en todo el país, cinco de los cuales son agentes activos de la Secretaría de Seguridad, uno de ellos con el grado de comisario.
Los detenidos fueron: el comisario policial activo, Edy Euceda Barahona, quien fue detenido en Tocoa, Colón. Igualmente, se detuvo al inspector policial, Hugo Ramón Posas Andino; el clase III, Federico Leonardo Logan López; clase I, Juan Alberto Morazán Suarez; la agente policial, Diandra María de Zelaya. Todos miembros activo de la Secretaría de Seguridad.
Depuración es un reto
Con la creación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), como ente encargado de investigar todas las faltas que puedan ser cometidas por los miembros de la Carrera Policial y los empleados de la Secretaría de Seguridad, se convierte en un reto continuar ese proceso, dijo a Proceso Digital su titular Allan Argeñal.
“Sin duda es un reto para la institución impulsar los procesos y mantenerlos vigilantes de las conductas, específicamente cuando la conducta va encaminada a situaciones que no son permitidas por la ley, en donde al policía se le ha olvidado su función que es de la de servir y darle protección a población”, argumentó.
En ese sentido, explicó que la Didadpol ejerce una investigación objetiva e imparcial que culminan con las audiencias de descargo ya sea archivando el expediente por falta de méritos o impulsando una recomendación en la que se pueda castigar esa conducta o el miembro de la carrera policial.
Indicó que dichos procesos se realizan desde que se creó la institución, mediante la cual se han impuesto sanciones a los miembros de la carrera policial por diferentes faltas.
Sostuvo que la institución no va a permitir que el crimen organizado esté dentro de la institución “por lo que se deben de mantener los procesos de depuración pendiente para que todo miembro de la carrera policial sea evaluado constantemente con pruebas de confianza”, apuntó.
Depuración terminó y Didadpol se encarga de sancionar
De su lado, el vocero de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, señaló que el proceso de depuración de la Policía Nacional finalizó cuando se retiró la Comisión Depuradora y se hizo la Ley Orgánica y la Didadpol inició sus funciones.
“Cuando se fue la comisión terminó el proceso de depuración y la Didadpol es la que se encarga de las faltas graves y cuando las mira, lo separan administrativamente (los agentes policiales)”, manifestó.
Precisó que la depuración en la Policía Nacional fue para definir cuáles agentes o no podrían continuar en la institución.
Indicó que el agente que comete una falta grave queda fuera de la carrera policial.
Meza ejemplificó el último caso en la que agentes policiales fueron detenidos por pertenecer a una red transnacional dedicada al tráfico ilícito de personal ilegal en Centroamérica.
Confirmó que la Didadpol sancionó las faltas graves y ratificó que los oficiales estén fuera de la institución policial.
El vocero de la Secretaría de Seguridad aclaró que si la falta cometida por un agente es considerada delito como ocurrió con los cuatro policías detenidos, los casos son turnados al Ministerio Público para que se encarguen ellos del proceso penal.
“Es un caso transnacional, lo investigó la DPI y vieron que habían funcionarios policiales, continuaron con las investigaciones, remitieron expedientes a Didadpol y Ministerio Público, Didadpol para seguir las faltas administrativas, ellos procedieron al proceso administrativo y los cancelaron”, aseveró.
Un proceso doloroso
Que la Policía Nacional esté libre de criminales, es responsabilidad del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad, quien tiene la Unidad de Investigación Policial, ahí debe haber capacidad para investigar y facultades para castigar ilícitos policiales, dijo la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos en conversación con Proceso Digital.
A su juicio la depuración policial no es una funciones que le corresponda hacer a la ciudadanía ni a entes de sociedad civil, pues estos organismos involucrados en esa tarea, prácticamente le estaban haciendo el trabajo al Estado de Honduras, porque esa es una función de las instituciones gubernamentales.
Según Castellanos, quien además es directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), la depuración no es más que un proceso doloroso para Honduras, porque se da justamente cuando la Policía queda en evidencia y se descubre que altos funcionarios de la institución eran prácticamente operadores del crimen en el país.
Debe continuar
“Muchas familias fuimos víctimas de una institución que estaba llamada a protegernos, la Policía Nacional se deformó a grados considerables. Es por eso que quienes nos involucramos en la depuración nos expusimos ante unos criminales, terminamos haciendo la tarea del gobierno” acotó.
No obstante, aseguró que el proceso dio resultados importantes, porque se logró sacar de la institución a muchos criminales de alta jerarquía, “eso es algo que nunca se había hecho porque el Estado trataba con guante blanco a la criminalidad, no era un trabajo de la sociedad, sin embargo se asumió como un compromiso de país”.
Asimismo, dijo que la depuración es un recurso que valió la pena, pero que ya está agotado, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público deben tomar su rol en este tema; porque seguirán saliendo policías corruptos y por eso que el Estado debe actuar y no permitir que esas bandas se fortalezcan dentro de la institución.
“La depuración debe ser de manera permanente, no hay que bajar la guardia, la Policía Nacional debe mantenerse limpia y fuerte por el bien de Honduras, puntualizó Castellanos.
“El que la hace la paga”
De su parte el exdepurador de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo a Proceso Digital que la depuración en el cuerpo armado fue un proceso que lo inició la Comisión Especial, integrada por personas naturales que forman parte de la sociedad civil; se tuvo éxito y sobre la base de esa experiencia se hizo una transición para que ahora sea la institucionalidad estatal que esté a cargo de la evaluación permanente y profilaxis continua de las estructuras de la Policía Nacional de Honduras.
“La Comisión para Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, dejó como legado la creación y funcionamiento de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), del Ministerio Público (MP); estas dos entidades dar persecución y sancionan faltas graves, muy graves y delitos que cometen los miembros de la carrera policial”, exteriorizó.
Además, apuntó que ahora se han fortalecido dependencias internas de la Policía Nacional de Honduras, para garantizar el buen desempeño y la idoneidad del personal que labora en las diferentes estructuras policiales, por ejemplo, la Inspectoría General, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y el Centro de Control de Credibilidad y Confianza Preventivo de la Policía Nacional.
Sobre los últimos hechos en los que se ha vinculado a funcionarios policiales con el crimen organizado y que han sido capturados y puesto a las órdenes de los Tribunales de Justicia, enfatizó que se debe interpretar como el hecho que ahora “el que la hace la paga” en la Policía Nacional de Honduras.
Ahora se investiga
“Nosotros como ciudadanos, ni las autoridades gubernamentales, ni la institución en sí, pueden evitar que un irresponsable oficial o agente de escala básica cometa un exceso o una falta o un delito. Lo que sí podemos ahora es investigar con rigurosidad y sancionar con severidad, para evitar que la impunidad reine en la institución como sucedía antes; hoy a nadie se le perdona nada, y a diario se implementan líneas de investigación para determinar cuáles son los policías que no han comprendido que ahí ‘la fiesta terminó’”, arguyó Rivera.
Son los mismos compañeros de institución, quienes los descubren y capturan, y los hacen equipo junto a fiscales del Ministerio Público, para sacar a las “manzanas podridas” que aún quedan en la entidad, comentó.
Seguidamente externó que continuarán haciendo un esfuerzo articulado, coordinado y complementario entre las instituciones contraloras del Estado, operadoras de justicia y de la Policía Nacional, para sancionar a quien ande por el camino equivocado violentando la ley.
“A los oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar de la Policía Nacional de Honduras y de la Secretaría de Seguridad es importante que recuerden que aquí nadie tiene un cheque en blanco, aquí nadie está seguro para siempre en la institución, aquí deben saber todos que ahora el que la haga la va a pagar; aunque se esconda o quiera ocultar sus fechorías, tarde o temprano las instituciones creadas para perseguir y castigar faltas y delitos los van a acusar y serán azotados sin contemplaciones”, advirtió.
