Tegucigalpa – En los últimos días, semanas e incluso años, ha cobrado fuerza una práctica que amenaza la democracia hondureña: los pinchazos telefónicos, grabaciones clandestinas y filtraciones de audio que se multiplican en la arena política, revelando conversaciones privadas de funcionarios, empresarios y figuras públicas.
– Expertos señalan que fue una irresponsabilidad que el fiscal Johel Zelaya presentará los audios sin la prueba forense previa.
Lo que comenzó como una serie de episodios aislados hoy se perfiló como una peligrosa tendencia que erosiona la confianza institucional y pone en riesgo los derechos ciudadanos, sobre todo en pleno periodo electoral.
Lo verdaderamente alarmante no son solo las grabaciones en sí, sino el uso político y selectivo de la información interceptada, y el riesgo democrático que implica si es el Estado —o funcionarios públicos— quienes espían a la ciudadanía sin respaldo legal. En una sociedad donde la vigilancia se normaliza, la frontera entre seguridad y persecución política se vuelve difusa.
¿Quién espía a quién? Ya no hay intimidad ni seguridad
Ejemplos recientes abundan. En años anteriores, grabaciones de narcotraficantes revelaron reuniones con figuras políticas y empresarios.
En tiempo más reciente también trascendió el caso del cheque de Sedesol, donde la propia protagonista grabó conversaciones que luego la incriminan.
Otro episodio fue el supuesto complot para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales, develado tras la filtración de llamadas telefónicas que hoy mantienen a cuatro acusados tres de ellos privados de libertad y el cuarto con medidas cautelares.
En tiempos más recientes, las filtraciones han llegado al corazón de los órganos electorales. Una conversación entre magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) salió a la luz, exponiendo tensiones internas.
El caso de Ochoa y la USB
Pero el caso más mediático y actual lo protagonizó el propio fiscal general Johel Zelaya tras dar pie y credibilidad a la denuncia del consejero del CNE Marlon Ochoa, quien afirmó tener en su poder una USB con audios de conversaciones entre una consejera y un jefe de bancada de un partido político, material que incluso entregó al Ministerio Público.
LEER: Fiscal anuncia investigación por audios que le llevó Marlon Ochoa y los presenta en público
En ese sentido, el fiscal general reveló en las últimas horas, que el MP realiza una investigación en el caso y presentó públicamente los audios y aseguró que las autoridades coordinarán acciones técnicas bajo la estricta observancia del debido proceso, incluyendo: Aseguramiento de la cadena de custodia de los audios.
Casi de inmediato los afectados refutaron lo presentado por el fiscal general, aduciendo que simplemente se trata de algo fabricado con tecnología como IA.
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE, Ana Paola Hall, escribió en su cuenta de X que el artículo 234 de la Constitución protege a “los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral”.
Honduras carece de respaldo técnico y legal para validar filtración de audios
La proliferación de grabaciones, transmisiones en directo y filtraciones muestra cómo la tecnología se ha convertido en arma política, utilizada tanto para exhibir irregularidades como para destruir reputaciones.
Especialistas en ciberseguridad y marketing digital consultados por Proceso Digital señalan que el Ministerio Público actuó sin fundamentos técnicos y que el país no cuenta con legislación para abordar este tipo de casos.
Tras la reciente divulgación de audios y videos por parte del Ministerio Público (MP), los expertos Juan Carlos Degrandez, ingeniero en ciberseguridad, y Raúl Ramírez, especialista en marketing digital y análisis de datos, coincidieron en que Honduras carece tanto de respaldo técnico como de un marco legal para manejar con rigor y transparencia este tipo de evidencias digitales.
Degrandez calificó como “delicado e irresponsable” que el fiscal general Johel Zelaya presentara públicamente los audios sin un informe forense ni autorización judicial, asegurando que “todo lo expuesto hasta ahora es un supuesto”.
“Este procedimiento debió realizarse con herramientas certificadas, personal calificado y bajo supervisión judicial. La validez debe ser técnica y no testifical. Lo que se presentó carece de peritaje, y eso deja más dudas que certezas”, advirtió el experto en ciberseguridad.
Por su parte, Ramírez enfatizó que el país no cuenta con legislación ni especialistas para tratar casos de manipulación o falsificación de audios, lo que coloca a los ciudadanos en una situación de indefensión.
“No hay un marco regulatorio ni un principio constitucional que contemple estos hechos. Se requieren reformas políticas y jurídicas profundas. Muchos afectados terminan acudiendo a instancias internacionales porque en Honduras no existen las bases técnicas ni legales para comprobar la autenticidad de las grabaciones”, señaló.
Ambos especialistas coincidieron en que el análisis de audios debe realizarse con herramientas certificadas y bajo un procedimiento técnico forense, que garantice la cadena de custodia y determine si hubo manipulación o uso de inteligencia artificial.
“Hasta ahora, no hay una base científica ni técnica que confirme si los audios son reales. En estas condiciones, todos estamos en indefensión”, concluyeron.
Nueva realidad
El analista político Lester Ramírez Señaló que la exposición de audios y videos es parte de la nueva realidad en la que estamos viviendo y no va a terminar.
“Hay un alto nivel de polarización intencionada y parte de este propósito de filtrar los audios y videos es alimentar esa polarización”, apuntó.
Ramírez, dijo que Honduras no tiene una ley de protección de datos privados y es un tema pendiente que lleva más de una década.
El Congreso Nacional tiene un proyecto de ley engavetado, “aquí se ha convertido como el viejo oeste, todo mundo hace lo que quieren con los datos de uno a pesar de que hay un artículo en la Constitución que habla del derecho a la intimidad”, detalló.
Agregó que hace falta ordenar esto porque si no se vuelve tierra de nadie.
A criterio del analista la desconfianza es tierra fértil para el abuso de poder. En cuanto al asunto de la confianza institucional, indicó que la desconfianza es tierra fértil para el abuso de poder, para el autoritarismo y el deterioro de las instituciones.
“Cuando se ponen en duda los resultados de las elecciones, los amigos del autoritarismo lo utilizan como narrativa para politizar y generar incertidumbre”, explicó.
Agregó que con ello los resultados electorales estén en duda y que los vencedores no tienen el reconocimiento suficiente.
El analista Kenneth Madrid dijo a Proceso Digital que el problema es que no tenemos los mecanismos suficientes para hacerlos efectivos, tenemos una fiscalía que dista mucho todavía en obviamente tener esa efectividad de personal especializado en temas de identificación de dirección de IP, de protección digital de documentos que estén protegidos en base a la nube.
“Entonces hay mucha deficiencia de la investigación científica en materia de privacidad digital, no hay mecanismos preventivos que vengan a garantizar y generar esa privacidad porque queda impune, pero tenemos un déficit en materia de investigación cuando alguien se atreve a romper ese esquema de datos digitales porque prácticamente se queda impune esa conducta y eso obviamente acarrea o trae como que más personas se atrevan a querer en alguna medida romper ese límite de la protección de los datos y la privacidad digital”, explicó
Sin institucionalidad
Sin embargo, el fondo del problema no es tecnológico, sino ético e institucional: ¿bajo qué marco legal se está dando este tipo de espionaje?
Para el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, este tipo de videos y filtraciones no es más que un deterioro de la institucionalidad.
Lamentablemente algunos funcionarios no han mostrado un óptimo comportamiento y han priorizado sus intereses antes que la intimidad y la institucionalidad, incluso se maneja a nivel político que los políticos así se entienden con un tipo de “chantaje”, adicionó en conversación con este medio.
Kenneth Madrid, en este punto sostuvo que Honduras está ante una crisis de confianza institucional o una nueva forma de control político.
“Tenemos crisis de confianza institucional, porque han sido cooptadas políticamente y en razón de ello pues han tenido ese nivel de legitimidad de la población”, indicó
Apuntó que la percepción ciudadana en este momento es todo el esquema a nivel estatal pues obviamente no hay respeto a ese principio fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones, a ese fundamental y esencial derecho a la privacidad, la intimidad personal, entonces se cree que desde el Estado obviamente se está violentando ese derecho de intimidad personal.
En un país con instituciones débiles y organismos electorales divididos, la vigilancia política se convierte en un mecanismo de presión, manipulación y miedo. Lo que antes eran rumores hoy son grabaciones. Y lo que antes era secreto, hoy se difunde en redes sociales con fines políticos, coinciden los analistas.
El riesgo es claro y particularmente delicado en vísperas de un nuevo proceso electoral: si los pinchazos y las grabaciones se convierten en herramientas de poder, la privacidad desaparece y la democracia se transforma en un espectáculo de espionaje y delación sin fundamento técnico ni jurídico. (PD).
