Tegucigalpa – La Fiscalía hondureña, a través de sus unidades operativas y autoridades de seguridad, lograron desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de personas y que era liderada por policías activos.
– Los detenidos serán acusados por los delitos de tráfico ilegal de personas, lavado de activos y asociación para delinquir.
– También se reportó la captura de otro agente policial en posesión de cinco kilos de cocaína.
– Desde 2016 a la fecha más de 6 mil policías fueron depurados por no ser aptos para continuar en la institución.
Mediante la Operación Chakal se detuvo a 15 personas en todo el país, cinco de los cuales son agentes activos de la Secretaría de Seguridad, uno de ellos con el grado de comisario.
La estructura criminal se encargaba de facilitar el tránsito irregular de migrantes por suelo hondureño, informó el MP.
A la par de las capturas, se ejecutó el aseguramiento de 10 bienes inmuebles, una sociedad mercantil y 18 vehículos, todo en el marco de una acción sin precedentes, contra una de las estructuras criminal más grandes dedicada al tráfico ilícito de personas en Honduras.
“Se reporta el desmantelamiento casi total de una red gigantesca dedicada al tráfico ilegal de personas”, dijo el portavoz de la Fiscalía, Carlos Morazán.
Los detenidos son: el comisario policial activo, Edy Euceda Barahona, quien fue detenido en Tocoa, Colón. Igualmente, se detuvo al inspector policial, Hugo Ramón Posas Andino; el clase III, Federico Leonardo Logan López; clase I, Juan Alberto Morazán Suarez; la agente policial, Diandra María de Zelaya. Todos miembros activo de la Secretaría de Seguridad.
Los restantes detenidos son los civiles: Gustavo Adolfo Cárdenas, presunto cabecilla de la red detenido en Olancho; José Antonio Marcia Estrada, detenido en Guasaule; Kendy Rodiney Estrada Pastrana, arrestado en Guasaule y Jimi Josué Hernández, aprehendido en Puerto Cortes.
Completan la nómina de detenidos: Roger Eduardo Palma Pérez en San Pedro Sula, Carlos Alberto Cruz Martínez en Olancho, Luis Fernando Velásquez en Nacaome, José Jonatán Santos en Nacaome, Elmer Yaniel López en Nacaome y Óscar Armando Andrade Espinal en Comayagüela.
Se su lado, el oficial de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, ahondó que en el caso de la Operación Chakal, se atacó una red bien organizada que se dedicaba al tráfico de personas.
Explicó que los cinco policías detenidos se encargaban de facilitar que transitaran por el país, buses, camiones con personas indocumentadas, sobre todo cubanos, nicaragüenses, indios y africanos.
“Al pasar por Honduras aprovechaban para llevar a hondureños hacia Estados Unidos y sobre todo en los últimos meses la prioridad era llevar niños”, señaló.
A cada uno de los migrantes se les pedían fuertes cantidades de dinero que van desde los 8 mil hasta los 12 mil dólares por persona, otro dato importante en las pesquisas fue descubrir cómo se confiaba en este grupo delictivo para llevar muchos menores de edad hondureños sin importar el riesgo que esto representa.
Los agentes de seguridad permanecían en ejes carreteros importantes y lo que hacían era facilitar el paso de vehículos con los migrantes irregulares.
La operación se investigó desde hace un año y se utilizó la cooperación de Estados Unidos.
“Ha suficiente carga probatoria para poder comprobar ante un juez con jurisdicción nacional el hecho de que hay pruebas para culpar a estos miembros de la Policía y a toda esta red que fue capturada hoy (jueves) que son 15 personas en total, incluyendo al cabecilla de este red que fue capturado en el departamento de Olancho”, desglosó el portavoz.
Este mismo jueves, tras recibir una denuncia anónima, detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), asignados a Choluteca, detuvieron al policía activo José Martínez Sarmiento (29), en posesión de dos supuestos kilos de cocaína.
Al elemento de la carrera policial, además, se le decomisó la cantidad de 11 mil 400 lempiras y 300 dólares.
Desde abril de 2016 a la fecha, una comisión de depuración de la Policía logró sacar de la institución a más de seis mil policías que no tenían el perfil profesional para prestar eficientes servicios a la población y remitieron toda la documentación al Ministerio Público relacionada a casos de supuesta comisión de delitos.
Didadpol solicitará despido y cancelación
El titular de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), Allan Argeñal, manifestó que solicitará el despido del comisario policial como la suspensión de los demás agentes detenidos.
Además, añadió que los otros agentes detenidos, Didadpol pedirá la suspensión de sus cargos y de sus salarios.
Argumentó que hay suficientes elementos probatorios para solicitar la cancelación de los miembros de la carrera policial revelando que la mayoría fueron proporcionadas por la Didadpol.
«Hay elementos de pruebas suficientes en los procesos disciplinarios y creemos que el Ministerio Público cuentan con sus medios de pruebas en el ámbito penal», respondió Argeñal a Proceso Digital si existen pruebas para separar a los miembros policiales.
El profesional del derecho indicó que el Ministerio Público se encargará del ámbito penal, presentando a los agentes ante un juez.
Reveló que hay otro agente a quien se le sigue una investigación por comisión de un supuesto acto ilícito, pero que la Didadpol se pronunciará más adelante.
Señaló que este caso es una investigación que vinculaba a altos oficiales que dejaron de servir y proteger a la ciudadanía para dedicarse a cometer actos ilícitos.
“Sin importar el grado policial, se trata de aplicar la ley sea quien sea”, priorizó.
Ineficacia de mecanismos de control
El analista Raúl Pineda Alvarado consideró que dentro de la Policía Nacional existen problemas de carácter educativo-formativo y de ineficacia en los mecanismos de control.
“Yo siento que hay un problema de carácter educativo-formativo y un problema de la efectividad de los mecanismos de control”, comentó Pineda Alvarado.
Instó a Didadpol en trabajar en las medidas para reducir la participación de policías en actos ilícitos para impedir que sea un mal ejemplo en el resto de la institución.
En plática con Proceso Digital, Pineda Alvarado expuso que el proceso de depuración policial tuvo fallas en su sostenibilidad.
“A pesar de los esfuerzos no ha podido ejercer control necesario pueda tener una policía que cumpla con el principio de servir y proteger”, señaló.
Aseveró que en una sociedad que tolere la corrupción no puede aspirar a tener una Policía bajo los estándares de comportamiento honesto.
Calificó que las capturas de oficiales refleja la necesidad de una nueva revisión de os cuadros policiales, especialmente en las academias de formación.
“Han tenido la deficiencia de una falta de educación en la situación que no cualquiera pueda ser policía, requiriéndose valores y espíritus que los haga a veces a sacrificar sus vidas por la protección”, opinó.
Finalizó que un verdadero agente de la Policía jamás se atrevería a cometer actos ilícitos debidos que prestó juramento ante la ley. JS
