Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), al 30 de noviembre de 2023 habían ocurrido 369 muertes violentas a mujeres, y ahora, en este 2024, en tan solo los primeros 10 días de este año, ya van 11 mujeres asesinadas.
Definitivamente estamos en una enorme crisis, que, por lo que se ve, esta tendencia de 2024 refleja que vamos a superar los indicadores del año 2023, es momento que se tomen todas las medidas correspondientes por parte del gobierno de la República, este no es el momento de estar en campaña electoral, es apremiante que los distintos servidores públicos determinen un plan de acción estratégico para garantizar que las hondureñas puedan estar seguras y en paz.
Asimismo, es oportuno incorporar acciones dentro del departamento de Islas de la Bahía, porque como hemos conocido desde el caso de Angie Peña, se ha mostrado un patrón de conductas atípicas y peligrosas en esta zona, las cuales se les debe dar un interés y estudio urgente para tomar medidas drásticas que pueda contrarrestar estos males.
Sin embargo, lo que preocupa más allá de estos hechos violentos en contra de la población hondureña, es la actitud ambiciosa y egoísta de quienes están en la función pública, de priorizar y fomentar sus precandidatos políticos, y no hablo de la pre candidata de Libre, ella ya no es servidora pública y de manera transparente hizo públicas sus aspiraciones y renunció, me refiero a quienes forman parte del poder y lo están utilizando para andar en concentraciones posicionando sus lideres políticos.
No se trata de responsabilizar al actual gobierno de los hechos violentos que están viviéndose en Honduras, es algo que viene sucediendo desde hace muchos años, lo que si pedimos es que se trate como un tema prioritario, que todos los sectores involucrados en esta temática puedan trabajar de manera coordinada, lo operadores de justicia, fuerzas de seguridad, sociedad civil y academia.
Hay que construir una estrategia que permita un trabajo interinstitucional, que se puedan efectuar acciones preventivas, campañas masivas que incentiven la denuncia ciudadana sobre hechos violentos, fortalecer las agencias de investigación criminal, garantizar independencia judicial en estos casos, en fin, es un trabajo transversal que requiere de la colaboración de todas y todos, pero quien tiene que dirigir esta estrategia es el gobierno de la República, el cual debe atender estos temas y no estar pensando en la continuidad del poder.
