Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este jueves su preocupación por las continuas extensiones de los estados de excepción en Honduras.
– El estado de excepción se ha prolongado por 18 veces desde diciembre de 2022.
A través de un pronunciamiento, la ONU indicó que esta medida que se aplica desde diciembre de 2022 implica la suspensión de seis garantías constitucionales.
Reconoció que Honduras enfrenta una grave situación de violencia que afecta a importantes sectores de la población, víctimas de la extorsión y delitos conexos cometidos por organizaciones criminales.
No obstante, señaló que el derecho internacional de los derechos humanos establece condiciones estrictas al respecto: deben ser medidas excepcionales, temporales, proporcionales, no discriminatorias y sujetas a control judicial y legislativo.
“La Oficina ve con preocupación que después de casi 900 días, el estado de excepción se ha convertido en una nueva normalidad, perdiendo su carácter extraordinario”, cita el pronunciamiento.
Subrayó que el Congreso Nacional solo ha ratificado en tiempo y forma 5 de los 17 decretos ejecutivos que han prorrogado la medida.
La OACNUDH puntualizó que tanto ellos como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) han documentado que la implementación del estado de excepción ha generado graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, allanamientos sin control jurisdiccional, entre otras, atribuibles a cuerpos de seguridad y defensa.
Señaló que Honduras afrontará un proceso de elecciones generales, y el Estado debe garantizar un entorno propicio para el ejercicio pleno de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, que están limitadas con el estado de excepción.
Instó al Estado de Honduras a que revise integralmente su estrategia de seguridad pública y abstenerse de continuar prorrogando el estado de excepción.
Finalmente, reiteró su disposición de brindar asistencia técnica a las autoridades competentes para el fortalecimiento de sus políticas de seguridad y de prevención del delito. AG
