Tegucigalpa- El plazo de 25 días dado por la presidenta Xiomara Castro para destruir la narcocarretera entre Olancho y La Mosquitia, no se ha cumplido, y la vía sigue operativa.
Ante las preguntas sobre este incumplimiento, el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Solíz, desvió la responsabilidad hacia la Fiscalía General de la República, señalando que esta designación fue hecha por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el marco de la emergencia ambiental decretada el pasado 21 de mayo.
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que antes de proceder con la destrucción de la carretera, es necesario asegurarse de que no habrá afectaciones al patrimonio arqueológico, a los pueblos indígenas y a la parte ambiental del país.
Mora indicó que, una vez completados estos estudios, se tomará una decisión definitiva.
Por su parte, René Soto, representante de la Coalición Ambiental, denunció la devastación ambiental causada por la carretera, afirmando que se han destruido más de 16,000 hectáreas de bosque.
«Honduras ha perdido el banco de información genética más importante después de la Amazonía», lamentó Soto.
«Es esencial investigar lo ocurrido en esta zona y quién se ha llevado la riqueza natural de nuestro país», concluyó. LB
