Tegucigalpa – Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los Refugiados (ACNUR) celebró la adopción por parte del Congreso Nacional de Honduras de una ley que marca un hito al establecer un marco legal esencial para responder a la compleja situación de miles de personas desplazadas por la fuerza en el país centroamericano.
– En Honduras, la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 247 mil personas, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños, niñas y adolescentes.
– La asistencia humanitaria es otro de los pilares de la ley, considerando que tres cuartas partes de la población desplazada necesitan ayuda material.
La nueva ley, además de crear un marco institucional por medio del Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, establece mecanismos de prevención para abordar retos como el reclutamiento forzado y la explotación de niños, niñas y jóvenes por parte de organizaciones criminales.
También prevé la creación de protocolos de reintegración educativa, ya que el 46% de los estudiantes desplazados tuvieron que suspender temporalmente sus estudios o no pudieron volver a la escuela como consecuencia de la violencia ejercida por pandillas.
Informes recientes muestran que el 85% de las personas desplazadas que se han visto afectadas en su salud expresaron la necesidad de tener acceso a servicios de salud mental. Por ello, la nueva ley refuerza la inclusión en programas de salud mental.
“En mi reciente visita a Honduras, escuché testimonios devastadores de personas cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia y la criminalidad”, comentó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
Asimismo y en ese sentido añadió que «la ley sobre desplazamiento interno es un paso muy necesario para devolverles su dignidad, esperanzas y derechos. Ahora que se ha adoptado, animo a las autoridades a implementarla con prontitud”.
Según la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras (CIPPDV), el 68% de los propietarios de viviendas desplazados sufrieron la apropiación, destrucción, abandono o venta de sus propiedades, y sólo el 32% logró conservarlas tras el desplazamiento.
Esta legislación establece un mecanismo de protección para las viviendas, tierras y propiedades abandonadas, siendo la primera herramienta legal en el país de esta naturaleza.
La Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras, que aún no ha sido refrendada por la Presidenta de la República, constituye un claro ejemplo de los avances logrados en Centroamérica y México para proteger y brindar soluciones a las personas desplazadas por la fuerza, dentro del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), cuyos Estados miembros se reunieron en Tegucigalpa la semana pasada.JP
