Guatemala.- Un grupo de víctimas sobrevivientes de violencia sexual durante la guerra civil de Guatemala de la causa conocida como Creompaz presentaron este jueves ante la Sala Primera de Femicidio un memorial solicitando que se dicte sentencia sobre una acción interpuesta hace meses que está retrasando el proceso.
En diciembre de 2018, las víctimas del caso acudieron a una audiencia de vista pública en el marco de un amparo que conoce la Sala de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer para solicitar a los magistrados que restituyan los derechos de las víctimas.
Con esto pedían ordenar a la jueza de Mayor Riesgo «A» Claudette Domínguez incluir los hechos de violencia sexual cometidos en contra de mujeres q’eqchi’, pocomchí y achí, cuya responsabilidad se le atribuyen a 8 militares acusados por estos hechos, así como por los delitos de desapariciones forzadas y delitos de deberes contra la humanidad, que hasta la fecha siguen en la impunidad.
«Corresponde en este sentido a los magistrados hacer valer las obligaciones del Estado de Guatemala frente a los derechos de las víctimas y sobrevivientes», señalaron las organizaciones.
Entre esas organizaciones están la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, la Comunidad de Plan Sánchez, el Grupo de Apoyo Mutuo, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi y la Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Cobán, Alta Verapaz.
Sin embargo, apuntaron que seis meses después de haberse realizado esa audiencia de vista pública no han obtenido «una respuesta a esta acción constitucional de amparo a pesar de que el plazo establecido dentro de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es de 3 días para que dicte sentencia».
La acción de amparo la interpusieron porque, a su juicio, en la audiencia de apertura a juicio, celebrada el 7 de junio de 2016, la jueza Domínguez, además de que resolvió clausuras provisionales y sobreseimientos, «omitió o no se pronunció» respecto a los hechos de violencia sexual, «tergiversando los hechos» y «dejando fuera del caso el 80% de las víctimas que exigen justicia por sus familiares que sufrieron violencia sexual».
«La inobservancia de la violencia sexual revictimiza a las mujeres y constituye un desconocimiento a su dignidad humana. Se incurriría en discriminación al considerar que están subsumidos en los delitos contra los deberes de humanidad», expresaron los entes, quienes advirtieron que esto es «una manera de invisibilizar la violencia sexual».
Es por ello que piden que «de urgencia» se integre como corresponde la Sala Primera de Corte de Apelaciones de Femicidio y exigen que dicten la sentencia que «en derecho corresponde por haber transcurrido el plazo razonable».
«En nuestro caso han pasado más de 37 años de que ocurrieron estos hechos y 4 años de que se ha emitido el auto de apertura a juicio a pesar de las ilegalidades e irregularidades», proclamaron, y agregaron que es un derecho para las mujeres que han sufrido violencia sexual que puedan ser reconocidas como «sujetas de derechos y por consiguiente a que se les haga justicia».
Por esta causa hay un exdiputado prófugo y ocho militares retirados fueron enviados a juicio oral y público en julio de 2016 por el Juzgado A de Mayor Riesgo por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
El caso es conocido como «Creompaz», ya que en la antigua zona militar 21 -donde fueron encontradas varias víctimas-, funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en el departamento norteño de Alta Verapaz.
Este lugar, según las denuncias, «fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones» durante el conflicto armado.
El inicio de este juicio no se ha producido por dos amparos que están pendientes de resolución y que están deteniendo continuar con las audiencias para el ofrecimiento de prueba, y uno de ellos es este contra la jueza por no pronunciarse sobre los derechos de violencia sexual que les imputaba la Fiscalía.
