Tegucigalpa – Médicos Sin Fronteras (MSF), organización médica humanitaria que trabaja en el acceso a la salud reproductiva de la mujer en 70 países, condenó hoy la aprobación por parte del Parlamento de un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto al blindar el artículo 67 de la Constitución que ya rechazaba la interrupción del embarazo por cualquier causa.
Al respecto, la organización internacional observa y reconoce que la prohibición del derecho al aborto es una de las causas principales de la morbididad y mortalidad materna a escala global. “MSF no apoya la prohibición de este derecho fundamental y solicita al Congreso Nacional reconocer las consecuencias médicas y humanitarias que esta reforma conlleva. El aborto inseguro es una emergencia médica y el acceso al aborto seguro debe ser considerado principalmente desde el punto de vista de salud, especialmente crítico en casos de violencia sexual”, subraya en un comunicado.
El Congreso Nacional aprobó en el día de ayer, una reforma para incorporar la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras. Lo dispuesto en este artículo define en la práctica un blindaje constitucional que prácticamente imposibilita el debate y progreso en los derechos y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Honduras es uno de los pocos países en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas están en peligro y en casos de malformación grave del feto. En un país donde la violencia sexual es prevalente y crónica, la educación sexual es limitada y el acceso al anticonceptivo de emergencia (la PAE) es ilegal (único país del continente americano que la prohíbe), MSF es testigo de una crisis en el acceso a la salud física y mental de la mujer.
La falta de políticas de salud que atiendan las emergencias médicas producto de la violencia sexual pone a la salud de la mujer en segundo plano. Desde 2016 hasta septiembre de 2020, MSF ha tratado a 5,877 pacientes sobrevivientes de violencia sexual y otras situaciones de violencia, de las cuales el 34% (2,002) eran menores de edad y el 82% (4,831) eran mujeres. Además, entre sus pacientes, MSF ha identificado a 112 mujeres embarazadas quienes afirmaron que su embarazo fue producto de una violación. Pero el número de casos es mucho mayor de los vistos en centros de salud. Según el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), solo el 10% de las sobrevivientes de una violación denuncian el incidente debido al estigma.
El mundo ha logrado avances significativos en cuatro de las cinco principales causas de mortalidad materna. Pero el aborto inseguro, la única causa casi completamente prevenible, se ha olvidado en gran medida. Cada año, 25 millones de mujeres y niñas realizan abortos inseguros. Entre ellas, al menos 22 mil mueren como resultado y más de 7 millones son hospitalizadas por complicaciones y lesiones con consecuencias a corto y largo plazo en la salud reproductiva de la mujer. Algunas de estas complicaciones son sangrado severo, infección e infertilidad. En el caso de Honduras, si se toman como válidas las estimaciones de otros países relativas a todas las causales de abortos inseguros, en el país habría entre 50,749 y 82,135 casos por año, según estimaciones de CDM.
La reforma constitucional recién aprobada en Honduras viene a reforzar la negligencia frente al tema, bloquea el desarrollo de los derechos y aumenta el riesgo de muerte y complicaciones de salud relacionadas al aborto inseguro. Dentro de las implicaciones en salud mental, el embarazo no deseado normalmente genera depresión, trastorno de estrés postraumático, pánico y ansiedad
“MSF es testigo de estas consecuencias en muchos países alrededor del mundo. En los países que no disponen de servicios de aborto seguro, las mujeres están dispuestas a arriesgar su vida al abortar, porque a menudo la perspectiva de continuar con el embarazo es insoportable, principalmente en los casos de violación. La evidencia es clara, las restricciones legales no disminuyen el número de abortos. En cambio, donde el aborto es restringido, es casi inevitable que sea inseguro. Donde el aborto es legal y se dispone de servicios seguros, la mortalidad materna y las discapacidades provocadas por el aborto inseguro disminuyen significativamente”, destaca.
MSF se une a las diversas voces de la comunidad internacional y sociedad civil de Honduras que han expresado su rechazo a esta reforma constitucional e insta al Estado hondureño a revisar la decisión tomada. Asimismo, hace un llamado a aprovechar la oportunidad para abrir el diálogo y avanzar con carácter urgente una legislación orientada a asegurar un acceso seguro a servicios integrales de salud reproductiva para las mujeres, a prevenir embarazos no deseados y a asegurar el acceso a servicios de salud integral a las víctimas de violencia sexual. (RO)
